Proceso a puertas cerradas para Wang Quanzhang: el abogado por los derechos humanos podría recibir 15 años de prisión

de Wang Zhicheng

Según la Corte, el proceso involucra “secretos de Estado”. Se acusa a Wang de haber colaborado con una ONG sueca en publicaciones sobre los derechos humanos en China y de haber defendido a miembros de Falun Gong. Su mujer, Li Wenzu, se encuentra bajo arresto domiciliario, imposibilitada de participar en el proceso. Se prohibió la entrada de periodistas y diplomáticos extranjeros al recinto de la corte. Las “palabras vacías” de Xi Jinping.

Tianjin (AsiaNews) – Arriesga 15 años de prisión Wang Quanzhang, el abogado de 42 años abocado a la defensa de los derechos humanos, cuyo proceso se inició el 26 de diciembre pasado en la Corte Intermedia Nro. 2 de Tianjin. El tribunal quiso que el juicio se desarrolle a puertas cerradas porque hay “secretos de Estado” involucrados en el proceso. El veredicto se dará a conocer “a su debido tiempo”.

Wang (v. foto 2, con la familia) está acusado de “incitación a la subversión contra el poder del Estado”. Como “pruebas” de ello se cita su colaboración con una ONG sueca que le habría proporcionado fondos en concepto de asistencia letrada, maniobras jurídicas y publicaciones vinculadas a la violación de los derechos humanos en China. Otra “prueba” es el hecho de que Wang haya defendido a los miembros del movimiento espiritual Falun Gong, que el Estado ha rotulado como “culto del mal”.

Wang es el último exponente de un grupo de aproximadamente 300 abogados por los derechos humanos que han sido sometidos a un proceso judicial. El grupo –conocido como el “709”- fue arrestado el 9 de julio de 2015. Entre ellos hay cristianos –al menos el 50%, católicos y protestantes- que se valen de los vericuetos de la ley china para defender a comunidades, sacerdotes y pastores de los abusos perpetrados por las autoridades locales. Varios de ellos han defendido a las comunidades de Zheijiang durante la campaña de destrucción de las cruces. Luego de ser detenidos, del proceso y tras ser sometidos a “confesiones” (por la fuerza) de sus “crímenes” muchos de ellos muestran signos de desequilibrio mental a causa de las torturas y de los fármacos que fueron obligados a consumir durante su cautiverio.

Wang estuvo casi 3 años y medio preso sin que hubiera ningún cargo de acusación –una práctica que viola la ley china- y fue mantenido en régimen de aislamiento. A la esposa de Wang, Li Wenzu, se le ha prohibido terminantemente visitar a su marido. El día del juicio, Li no pudo viajar a Tianjin pues la obligaron a permanecer en Beijing, bajo arresto domiciliario.

Antes del proceso judicial, la policía puso a numerosos activistas y abogados bajo arresto domiciliario. A pesar de ello, docenas de activistas y periodistas chinos se presentaron frente a la sede de la Corte llevando pancartas y pronunciando eslóganes, exigiendo la liberación de Wang, pero fueron llevados por la policía (v. Foto). A los periodistas extranjeros y diplomáticos que asistieron para presenciar el proceso, también se les prohibió la entrada.

En agosto de 2018, el grupo de la ONU dedicado a monitorear detenciones arbitrarias presentó una solicitud pidiendo a liberación de Wang Quanzhang y su libertad incondicional, además de una compensación por los daños sufridos.

Muchos activistas han recordado que al subir el poder, el presidente Xi Jinping había prometido que China sería “una nación gobernada por la ley”. Ellos aseveran que con el proceso de Wang, estas promesas han pasado a ser meras “palabras vacías”.