Obispos vietnamitas: La nueva ley sobre las religiones, entre novedades positivas y antiguas intromisiones

En un documento oficial escrito por el Comité Permanente, la Conferencia Episcopal da una opinión sobre el proyecto de ley propuesto por Hanoi. El Estado tiene la intención de reconocer a las organizaciones religiosas como personas jurídicas, y su derecho a establecer escuelas. Todavía hay demasiadas restricciones sobre las actividades religiosas y los requisitos de las autoridades. El gobierno no dice nada sobre la posibilidad de construir nuevas iglesias.

Hanói (AsiaNews / EDA) - Con la nueva ley sobre las religiones, la Iglesia Católica será reconocida como persona jurídica y podrá abrir instituciones educativas; al mismo tiempo, sin embargo, el Estado no prevé la posibilidad de construir nuevas iglesias y mantiene la obligación de requisitos sofocantes para permitir llevar a cabo actividades religiosas. Estas son, en síntesis, las cuestiones a las que se refiere el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal vietnamita, que respondió con una larga carta a la Asamblea Nacional del Partido Comunista refiriéndose al nuevo proyecto de la ley sobre fe y religiones presentado por el gobierno el 17 agosto pasado. Hanói había pedido a los líderes de las religiones que enviara un documento con sus comentarios. Los primeros católicos en responder fueron los fieles de la diócesis de Bach Ninh, que la semana pasada habían subrayado los límites del nuevo proyecto.

Desde su presentación en abril de 2015, el proyecto ha suscitado protestas de los líderes de las principales instituciones religiosas. La ley está, de hecho, llena de limitaciones en lo que hace al registro de lugares de culto, el personal, las actividades, programas, con el fin de tornar imposible cualquier acción.

En el nuevo texto, firmado por Mons. Nguyen Van Kham, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, los obispos aprecian "el hecho de que la Asamblea Nacional busque la opinión de las organizaciones religiosas, esto es un punto importante que muestra una actitud respetuosa de los legisladores hacia las organizaciones y personas abarcadas por la ley".

A pesar de esto, los peticionarios se quejan del corto tiempo (18 a 31 de agosto) otorgado por las autoridades para que las organizaciones religiosas puedan preparar la documentación en respuesta.

La carta comienza con una lista de los cambios positivos que diferencian el nuevo proyecto de las versiones anteriores. En primer lugar, "el reconocimiento de las organizaciones religiosas e instituciones que dependen de ellas como entidades legales (en lugar de comerciales)". En segundo lugar, la sustitución de la palabra "registro" con la de "comunicación" o "propuesta" de las actividades de los asuntos religiosos, a fin de disminuir el papel despótico del Estado. Sin embargo, los obispos señalaron que "no sólo basta con cambiar una palabra, sino que es necesario reemplazar una forma de ver y de hacer [...]. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y no un favor concedido por el Estado".

Además, el nuevo proyecto de ley "subraya el derecho a la denuncia y acusación de los hechos reservados a la fe y la religión". El cuarto aspecto positivo, continúan los obispos, es el derecho reconocido a las organizaciones religiosas "de fundar instituciones educativas que se encuentren de acuerdo con el sistema nacional de educación". De esta manera "se da a las comunidades religiosas la oportunidad para dar su contribución en el campo de la educación y de la salud, de interés para toda la sociedad".

Una vez enumerados los puntos positivos, el documento de los obispos establece una serie de propuestas para la modificación de varios artículos, destinados a garantizar una mayor libertad y derechos para las organizaciones religiosas. Un punto crucial es la exigencia que el Estado hace a las comunidades para registrar y comunicar sus actividades con mucha antelación: "El Estado tiene este derecho - los obispos explican - pero también debe proporcionar una breve respuesta por escrito en tiempo breve, y en caso de rechazo, es necesario que las autoridades expliquen en detalle los motivos de la denegación y que las organizaciones pueden hacer uso de recursos".

Como conclusión del mensaje, los obispos exponen un problema que no es tomado en cuenta por la nueva ley: "En la sección 57 - escriben – se habla de la restauración de edificios religiosos [...], pero el proyecto no menciona nada acerca de la construcción de nuevas estructuras religiosas". Para satisfacer las necesidades de la población, "proponemos que donde haya 50 o 100 personas de la misma fe, se permita la construcción de un nuevo lugar de culto".