Obispos coreanos: suspender el cierre de las instituciones para discapacitados

Cáritas y la comisión social de la Conferencia Episcopal denuncian en un documento difundido hoy que se ha dejado abandonadas a las familias. También se citan casos de personas discapacitadas que murieron después que se cerró el centro donde vivían. Acusación al presidente Yoon: a pesar de sus promesas electorales, sólo ha cambiado el nombre de este "experimento social".

Seúl (AsiaNews)- El cierre de las instituciones no promueve en absoluto el bienestar de las personas con discapacidad. Por el contrario, los resultados han sido un fracaso, hasta el punto de que algunas personas han muerto en estado de abandono. La Iglesia católica coreana hizo esta denuncia en un documento titulado "Dios es amor" que difundieron hoy Cáritas y la Comisión para Asuntos Sociales de la Conferencia Episcopal, en el que se pide al presidente Yoon Suk Yeol que cumpla su compromiso de suspender este "experimento social" que comenzó en noviembre de 2021.

La política de "desinstitucionalización" nació del rechazo a la idea de las grandes estructuras residenciales para discapacitados que se construyeron en el país en los años '70 y '80 y que todavía alojan a más de 20 mil personas. Si bien el principio puede ser compartido, entre las familias de las personas con discapacidad existe un gran temor de que este camino - en vez de ser realmente una forma de respeto por la dignidad de las personas más frágiles - resulte ser una receta ideológica que, sin opciones alternativas, acabarán abandonando en vez de asistir de la mejor manera a los más frágiles.

Y esto es precisamente, según la Iglesia católica coreana, lo que está sucediendo en los proyectos piloto que se pusieron en marcha en los últimos tres años. El documento cita en particular un estudio realizado por el gobierno metropolitano de Seúl según el cual sólo 700 personas de aproximadamente 1.200 pudieron confirmar su residencia. De las 487 personas efectivamente entrevistadas, sólo 281 se encontraban en su casa. E incluso 24 personas discapacitadas habían muerto.

“Escuchando los gritos silenciosos de sufrimiento e incluso frente a la pérdida de vidas humanas debido a esta política - afirma el documento - la Iglesia católica coreana en estos tres años ha ofrecido a la nación una fuerte voluntad de colaboración y una serie de propuestas elaboradas junto con las personas con discapacidad, sus padres y referentes nacionales y extranjeros en materia de asistencia social". El presidente Yoon - se recuerda - prometió durante la campaña electoral eliminar esta política. “Sin embargo, el Ministerio de Salud y Bienestar se negó a hacer una evaluación del proyecto piloto y realizar una investigación a nivel nacional. A pesar de los resultados fallidos, extendió el proyecto a nivel nacional, cambiando sólo el nombre".

El documento expresa especial preocupación por las personas con discapacidades graves que han sido desalojadas por la fuerza de las instituciones. “Deberíamos preguntarnos: ¿quiénes son exactamente, y dónde y cómo viven hoy? En cambio, en Corea del Sur se han convertido en personas discapacitadas anónimas, abandonadas por la sociedad y la comunidad".

Contrariamente a lo que pretende afirmar - continúa el texto - esta política no promueve en absoluto los derechos de las personas con discapacidad. “El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - recuerda el documento de la Iglesia coreana - establece que: 'toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona'. El artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad establece que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

“De acuerdo con Jesucristo y su cultura del amor, la Iglesia católica en Corea caminará siempre con los marginados, reafirmando la opción preferencial por los pobres”. Por este motivo - continúa el documento - los obispos coreanos "juntan las manos en oración y hacen un llamamiento al país y a su pueblo".

En concreto, se formulan cinco peticiones: en primer lugar, "suspender inmediatamente la política de cierre de las instituciones y disponer una investigación exhaustiva a escala nacional, realizada por una agencia estatal creíble junto con el sector privado, cuyos resultados se harán públicos". En segundo lugar, implementar “medidas de protección y resarcimiento” para las personas discapacitadas que hayan sufrido daños. Tercero: garantizar que las personas y organizaciones “involucradas en estas políticas fallidas queden permanentemente excluidas de la elaboración de proyectos de derechos humanos y de la asistencia a personas con discapacidades”.

Cuarto: promover con compromisos creíbles la participación de todos los ciudadanos en los sistemas de protección de las personas con discapacidad. Por último, la Iglesia católica pide que se trabaje para mejorar "la profesionalidad y la estabilidad de las instituciones especializadas, de los médicos y de los operadores que atienden diariamente a las personas discapacitadas".