Obispo de Manila: es “venganza política” el arresto de la senadora De Lima
La senadora había investigado al presidente. Mons. Pabillo: “Queremos hacérsela pagar”. La Iglesia filipina unida contra una cultura de muerte: “Educar a las personas y redoblar los esfuerzos para enfrentar los problemas”
Manila (AsiaNews)- “De Lima atrajo a sí las iras de Duterte a causa de sus investigaciones. Queremos hacérsela pagar. Es una venganza política”. “La Iglesia debe hacerse escuchar, no tanto como voz crítica a las políticas del presidente pero más para educar a las personas al rechazo de la violencia”. Son algunas de las declaraciones que Mons. Broderick S. Pabillo, obispo auxiliar de Manila, concedió a AsiaNews. El inicio del mandato del presidente Duterte, hace ocho meses, trastornó la escena política filipina contribuyendo al nacimiento de tensiones culminadas con el arresto por tráfico de drogas de la senadora Leila De Lima, sucedido el 24 de febrero pasado. De Lima, ya comisario por los derechos humanos y secretario en la justicia, es una importante opositora de las violentas políticas antidroga del presidente Duterte, que en solo ocho meses han llevado a la muerte de 7 mil personas. La Iglesia católica, si bien permaneciendo extraña a la polémica política, refuerza su compromiso en defensa de una “cultura de la vida” que vence las violencias. Se multiplican las iniciativas sobre cómo enfrentar el problema de la droga, la criminalidad y la disgregación de las familias.
¿Cuáles son sus impresiones sobre el arresto de la senadora De Lima? ¿Qué piensa sobre ella? ¿Es solamente una rival política del presidente Duterte o es una movida desde un verdadero espíritu humanitario?
No creo que la senadora sea sólo una rival política. De Lima atrajo sobre sí las iras de Duterte a causa de las investigaciones sobre las muertes extra-judiciales y sus compartibles posiciones en materia de derechos humanos. No conozco los motivos relacionados con su arresto, pero hay una fuerte percepción que Duterte y sus seguidores quieran sólo hacérsela pagar. Es una venganza política. Esto es común en nuestra escena política. Los informadores y los investigadores se convierten en víctimas. En el caso De Lima haya cometido un delito, esto podría ser el haber permitido que el tráfico de droga continuase al interior de la penitenciaría Nacional cuando era jefa del departamento de Justicia. Pero en el fondo todos los ex -secretarios en el departamento de Justicia los permitieron. Ninguno de ellos jamás hizo nada para impedir que en la penitenciaría existiese el tráfico de estupefacientes, que así se transformó en costumbre.
Los filipinos están atravesando un momento de fuertes tensiones sociales. Según Usted, ¿esto se refleja también en la unidad de la Iglesia católica?
No veo tensiones dentro de la Iglesia en Filipinas. Hay sacerdotes y religiosos que podrían apoyar al presidente Duterte, pero jamás escuché a nadie afirmar en modo claro que los asesinatos extra-judiciales sean justas. Hay personas dentro de la Iglesia que prefieren no expresarse en manera pública porque consideran que esto no se productivo. Sería más que nada una cuestión de estrategia.
¿En qué modo la Iglesia filipina puede oponerse a la violencia y a la “cultura de muerte” expresado por las políticas sociales del presidente Duterte?
Yo estoy convencido que la Iglesia deba hacerse sentir-no tanto como voz crítica a las políticas de muerte del presidente sino más bien para educar a las personas al rechazo de la idea que matar sea la solución a nuestros problemas. La Iglesia debería usar los medios de comunicación tradicionales y también las redes sociales para hacer conocer su postura sobre que la muerte genera sólo otra muerte, que la violencia de hecho no lleva seguramente a la paz. Pero la Iglesia debería también redoblar sus esfuerzos para enfrentar los problemas de la sociedad, como el problema de la droga, la criminalidad y la disgregación de las familias. Hay iniciativas iniciadas por diversas diócesis y religiosos para enfrentar algunos de estos problemas, como los esfuerzos para la rehabilitación sobre una base comunitaria de los tóxico-dependientes. Además, la Iglesia intenta presionar contra la reintroducción de la pena de muerte y rebajar a apenas 9 años, el límite de edad de la responsabilidad penal. La Iglesia sostiene la confirmación de Gina López como secretaria de las políticas ambientales por su fuerte toma de posición sobre la clausura de las compañías mineras que contaminan el ambiente.
