Obispo de Ketapang: la castración de los pedófilos es algo “inaceptable e ineficaz”
El 12 de octubre el parlamento aprobó la ley contra los pedófilos. Los culpables arriesgan el tratamiento hormonal, la cadena perpetua y la muerte. Mons. Pius Riana Prabdi, presidente de la Comisión episcopal para la pastoral juvenil: “El Estado ha renunciado a la formación de la persona y busca valerse de atajos para resolver el problema”. La sexualidad “es un don de Dios y bloqueándola se debilita al individuo”.
Yakarta (AsiaNews) – El problema de la violencia sexual “no se localiza en los órganos del cuerpo del culpable, sino en la calidad de su persona, en su madurez. Por este motivo, la castración química no traerá los efectos esperados”. Es cuanto afirma a AsiaNews Mons. Pius Riana Prabdi, obispo de Ketapang (Borneo occidental) y presidente de la Comisión episcopal para la pastoral juvenil, al comentar la aprobación, por parte de Yakarta, de nuevas penas para los pedófilos.
El 12 de octubre pasado, el parlamento votó la ley “Perppu”, que prevé el tratamiento hormonal para los abusadores de menores y sanciones que abarcan incluso la cadena perpetua y la muerte.
Según Mons. Prabdi, esta medida transgrede el deber moral de la sociedad de “educar a las personas de un modo holístico, haciendo que ellas crezcan según los valores y la educación familiar. Según me parece, la nación ha fallado en esta materia”. Reducir las funciones sexuales de la persona, continúa el prelado, “significa deshumanizar y lesionar la personalidad de estos individuos, que han sido creados a imagen y semejanza de Dios”.
El obispo de Ketapang cita a San Pablo: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que recibisteis de Dios, y que este no os pertenece?” (1 Cor 6:19). Nuestra sexualidad, afirma Mons. Prabdi, “es valiosa, y a través de ella, la persona humana es capaz de acrecentar su dignidad participando en la creación de Dios”.
La ley, que fue propuesta en el 2015, es una revisión de una ley ya existente, la “n. 23 del 2002” que se ocupa de la protección de los niños. Fue planteada con convicción por parte del presidente Joko Widodo – que la definió como un “cambio de rumbo” – luego de una serie de episodios de violencia a escala nacional. Ahora, la identidad de los agresores es dada a conoce públicamente, y, en el caso de que éstos descuenten una pena en la cárcel, al ser liberados deberán llevar un dispositivo electrónico capaz de rastrear sus desplazamientos.
La ley es criticada por la Asociación de médicos indonesios (IDI), que duda de la eficacia de la castración química y juzga que la misma va en contra del juramento hipocrático. Muchos médicos se niegan a implementar esta práctica.
Varios activistas que luchan por los derechos humanos definen esta medida como una “venganza legalizada” contra los pedófilos, una ley parcial que no logrará resolver la raíz psicológica del problema de la violencia sexual.
