Nghệ An: Misas "ilegales". La nueva ley busca ‘obstaculizar las actividades religiosas’

de Joseph Huy

Las organizaciones religiosas son obligadas a comunicar con antelación el programa de actividades previsto para el año. Las autoridades locales acusan a la parroquia de Song Ngọc de no haber comunicado la celebración de una misa. Las opiniones de las instituciones religiosas sobre la nueva normativa fueron desatendidas por el gobierno.

Hanói (AsiaNews) – La misa celebrada el 23 de enero pasado en la parroquia de Song Ngọc, en la diócesis de Vinh, es “ilegal”. Es lo que establece el Comité del pueblo de la comuna de Quỳnh Ngọc, en la provincia centro-septentrional de Nghệ An, que en un comunicado oficial amonesta al vicario y al Comité pastoral de la iglesia. En el documento, el gobierno local intima al Pbro. Nguyễn Đình Thục y a los fieles a “registrar todas sus actividades religiosas”.

La semana pasada, el vicario había invitado a cerca de 20 sacerdotes de la diócesis a celebrar misa en la parroquia. Durante la misa, los sacerdotes y fieles rezaron por las víctimas del desastre ambiental causado por un establecimiento de la empresa Formosa Plastics Group. En sus oraciones, los participantes también recordaron a los prisioneros de conciencia, entre ellos, a Hoàng Đức Bình y Nguyễn Nam Phong, invocando la paz sobre todas las familias vietnamitas. Los fieles de la parroquia rezaron para que las autoridades locales distingan lo justo de lo errado, y para que el gobierno se comporte de modo equitativo con aquellos que se comprometen por la paz de la nación.

En el documento Nro. 08 / UBND.VP emitido por las autoridades locales, se lee: “El Comité del pueblo de la comuna de Quỳnh Ngọc toma nota de que en la tarde del 23 de enero de 2018, el P. Thục y el Comité pastoral de la parroquia de Song Ngọc han celebrado misa para rezar en la iglesia, ante la presencia de muchos participantes y parroquianos”. El Comité hace tiempo que trata de sofocar la vida religiosa de una comunidad que suele luchar por los derechos y la justicia social en el país, sumando su voz y brindado apoyo a los disidentes del régimen. En el último comunicado, el órgano de gobierno cita y usa como pretexto la nueva Ley sobre credo y religión, implementada por el gobierno vietnamita, que ha comenzado a regir el primero de enero de 2018. El art. 43 de la norma afirma que “las organizaciones religiosas tienen el deber de brindar, por escrito, un listado de las actividades anuales. Esto debe realizarse dentro de los 30 días del reconocimiento, aprobación y concesión del certificado de registro, tal como está prescripto [por el gobierno]”.

Algunos funcionarios afirman que la parroquia de Song Ngọc aún no ha comunicado su programa al Comité del pueblo. Por ende, consideran que la misa celebrada por la comunidad contraviene las nuevas disposiciones en materia de libertad religiosa. Los católicos locales se oponen a lo que afirman las autoridades, denunciando que “el art. 42 es una estrategia para obstruir las actividades religiosas de la parroquia y de los fieles”. La comunidad suele ser víctima de las injerencias y presiones de las autoridades, que se ejercen a través de la violencia de grupos militantes a favor del gobierno y mediante campañas difamatorias, como la emprendida contra el P. Thuc.

El art. 2.10 sostiene las tesis de los parroquianos de Song Ngọc y revela la ambigüedad de la Ley sobre religión y credo. El mismo establece que las “llamadas actividades religiosas consisten en la expresión de creencias, practicar el catecismo, practicar la ley canónica y rituales. Por ende, tanto la participación de los creyentes en la misa como la comunión y la oración son ‘actividades religiosas’ que se desarrollan todos los días y a toda hora en el país”. Éstas son prácticas que en sí mismas, ya respetan la Ley del Estado.

Cuando el Congreso aún no había ratificado la controvertida normativa, las instituciones religiosas del país contribuyeron dando pareceres significativos en relación a la medida, a fin de proteger la libertad religiosa de los ciudadanos, libertad que está reconocida en la Constitución de 2013. A partir de junio de 2017, instituciones, expertos legales y fieles de las religiones, compartieron sus opiniones con el presidente y los delegados de la Asamblea nacional. Incluso la Conferencia Episcopal brindó un importante aporte. Sin embargo, los críticos acusan a las autoridades de “haber simulado escuchar los consejos en pos de un mejoramiento del proyecto de ley”. Fieles y activistas en favor de los derechos humanos se quejan de que luego de ello, la administración ha ignorado las observaciones de las organizaciones religiosas, dejando en manos de los gobiernos y autoridades locales “la aplicación de la Ley sobre credo y religión, según su agrado”.