Mujer esrilanquesa muerta en un centro de inmigrantes: los magistrados japoneses no investigarán

de Guido Alberto Casanova

Rechazaron el recurso presentado por la familia de Wishma Sandamali, quien murió el año pasado mientras estaba detenida por un visado caducado -a pesar de que las pruebas médicas mostraban que la mujer tenía graves problemas de salud. El distrito de Nagoya afirma que no puede determinar si los funcionarios actuaron con negligencia. La familia anunció que apelará la decisión de los jueces, en un caso que deviene un símbolo de los problemas de las leyes de inmigración en Japón.

Tokio (AsiaNews) - La desaparición de Wishma Sandamali el año pasado ocurrió de forma trágica, lejos de los reflectores. Desde mediados de enero de 2021, la joven, de nacionalidad esrilanquesa, se encontraba en un centro de detención de la agencia de inmigración en Japón. Se quejaba de fuertes dolores, que finalmente le provocaron la muerte el 6 de marzo. Desde entonces, los parientes de Sandamali, una inmigrante de Sri Lanka, no han hecho más que buscar justicia. Hace pocos días sus esperanzas se frustraron cuando los magistrados desestimaron los cargos presentados por la familia.

Wishma Sandamali había llegado a Japón en 2017 con un visado de estudiante. En agosto de 2020 fue llevada al centro de detención de Nagoya por no haber abandonado el país al expirar su visado. A principios de 2021, Sandamali comenzó a mostrar síntomas de deterioro de su salud. Los médicos solicitaron pruebas médicas a mediados de febrero y se constató que el estado de la mujer era grave.

La familia Sandamali siempre ha considerado esta muerte como un homicidio, provocado por la inacción de las autoridades del centro frente a los pedidos de ayuda de la detenida. El pasado mes de noviembre, su hermana menor había presentado una denuncia penal contra 13 funcionarios relacionados con la detención de Wishma, acusándolos de negligencia intencionada y de no haberle proporcionado cuidados adecuados. "No les importaba que muriera", declaró.

Sin embargo, el 16 de junio, los magistrados del distrito de Nagoya informaron a la familia de que no seguirían adelante con los cargos porque no podían determinar si los funcionarios del centro brindaron o no cuidados adecuados. Tras una investigación sobre la documentación del centro y luego de escuchar algunos testimonios, los magistrados resolvieron que no podían declarar culpables a los funcionarios. Para este caso, el tribunal, según fuentes citadas por el Asahi Shimbun, también consultó con un tribunal superior. La familia no se da por vencida y ya dijo que solicitará una revisión de la decisión ante la comisión que supervisa el desempeño del poder judicial..

El caso de la mujer esrilanquesa de 33 años causó estruendo en Japón. Reavivó el debate sobre los abusos a los que son sometidos los extranjeros en los centros de detención y sobre cómo reformar las leyes de inmigración japonesas. La propuesta de reformar la legislación se subió a la ola emocional que produjo la noticia, pero no logró sostenerse en el tiempo.

En la última década, la grave crisis demográfica que sufre Japón ha obligado a Tokio a abrir sus puertas a la inmigración. En la actualidad, alrededor de 1,7 millones de ciudadanos extranjeros viven y trabajan en el país, una cifra dos veces y media superior a la de hace sólo una década. Sin embargo, con el declive demográfico, Japón necesitará cuadruplicar esa cifra: algunas estimaciones indican que para 2040 el país necesitará unos 6,7 millones de trabajadores inmigrantes.