Manila, la Policía tranquiliza al Card. Tagle: la guerra a la droga respeta los derechos humanos

Después de haber ganado la presidencia en julio de 2016, el presidente Duterte lanzó una guerra a los narcóticos ilegales. Más de 8 mil sospechosos consumidores o despachadores han perdido la vida durante las operaciones de las fuerzas de seguridad. La Iglesia católica está entre las pocas voces que denuncian las muertes.

Manila (AsiaNews)- “Las violaciones de los derechos humanos existen y no podemos comprobarlas”. Es cuánto afirma el p. Edwin A. Gariguez, jefe del Secretariado nacional para la acción social (NASSA) y Caritas Filipinas, brazo humanitario de la Conferencia episcopal (CBCP). Entrevistado por AsiaNews, el sacerdote critica el obrar de la sección antidroga iniciada por las autoridades después de un breve encuentro entre la dirigencia de la policía y el Card. Luis Tagle, arzobispo de Manila.

El jefe de la policía filipina (PNP), el general Oscar D. Albayalde ayer tranquilizó al purpurado que la guerra del gobierno contra las drogas respetará los derechos humanos y el Estado de derecho. En ocasión del 25° aniversario de sacerdocio del Card. Tagle, Albayalde fue en visita de cortesía al Palacio arzobispal de la capital (foto). Junto a él estaba presente el nuevo director general de la policía, Guillermo Eleazar, además de 5 directores del área metropolitana de Manila. Durante el breve coloquio, Albayalde refirió al arzobispo que “todos creen en Dios y respetan los derechos humanos”.

“La guerra a las drogas es ante todo una operación del gobierno, cuyo objetivo es contrastar la proliferación de las drogas en el país-afirma el p. Gariguez- Estamos todos de acuerdo que una acción es necesaria, sin embargo la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil se oponen a las modalidades con las cuales las autoridades enfrentan el problema. Las violaciones de los derechos humanos existen. Las personas acusadas de estar involucradas en crímenes relacionados con la droga son de hecho ajusticiadas, sin un debido proceso legal. No podemos aceptarlo, porque esto está contra las enseñanzas del Señor. La mayor parte de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales está entre las personas más pobres de la comunidad, mientras que los jefes de la droga no van al encuentro de ningún tipo de castigo de ningún género. Esta es una ulterior injusticia contra la gente más pobre”.

Después de haber ganado las elecciones para la presidencia en julio de 2016, Duterte inició una guerra contra el narcotráfico sin precedentes, con la promesa de matar a decenas de miles de criminales. La Iglesia católica está entre las pocas voces que denuncian las muertes, a despecho de los sondeos que revelan la difundida popularidad del presidente filipino. Como respuesta a las críticas de las ejecuciones extrajudiciales, Duterte en varias ocasión es lanzó duros ataques contra obispos y sacerdotes. Más de 8 mil sospechosos consumidores o despachadores de droga han perdido la vida durante las operaciones de las fuerzas de seguridad.

En los meses pasados la policía confirmó el asesinato de más de 3.500 personas, reafirmando haber obrado en defensa propia. Según los datos de la policía, más de otras 2 mil personas fueron asesinadas en crímenes de droga y miles más en circunstancias inexplicables. La campaña antidroga del gobierno es todavía objeto de una serie de acciones legales, entre ellas una investigación preliminar con acusaciones de crímenes contra la humanidad por parte de la Corte penal internacional (CPI) y una petición a la Corte suprema de Manila.

Además de denunciar los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos, la Iglesia continúa hoy sus esfuerzos para la rehabilitación y la reinserción en la sociedad de las víctimas de la droga. “A través del apoyo espiritual y psicológico, tratamos de ayudar a estas personas e derrotar la dependencia y a retomarse su propia vida”, afirma el p. Gariguez. En octubre de 2016, la arquidiócesis de Manila lanzó Sanlakbay, programa luego adoptado por numerosas diócesis del país, en colaboración con los gobiernos locales y la policía. Esto nace de la involucración de las comunidades parroquiales en el proveer a los tóxico-dependientes: asesoramiento, formación espiritual y hasta oportunidades de auto-sustentación. El compromiso de la Iglesia filipina contra la tóxico-dependencia encontró también la apreciación y el apoyo del Papa Francisco.