Manama condena a 167 personas a prisión, por las revueltas chiitas del 2017

El veredicto es de fines de febrero, pero la noticia se dio a conocer en las últimas horas. Los imputados deberán descontar penas que van de un año a 10 años de prisión, como máximo. Se los culpa de “secuestro y tortura de ciudadanos inocentes”. Los arrestos se produjeron durante una manifestación de protesta contra la extradición del ayatolá Isa Qassim.

Manama (AsiaNews/Agencias) - Un tribunal de Bahréin condenó a prisión a 167 personas arrestadas en 2017 durante una protesta organizada frente al domicilio de un líder chiita de primera plana. El juez emitió el veredicto a fines de febrero, pero la noticia recién se dio a conocer en las últimas horas; los imputados deberán descontar penas que van de seis meses a 10 años de prisión, como máximo.

En la época de los hechos, un grupo de manifestantes se reunió fuera del domicilio del ayatolá Isa Qassim, para protestar contra la posibilidad de su extradición, luego de que el gobierno de Manama le revocara la ciudadanía. En el marco de un operativo contra los sostenedores del líder chiita, las fuerzas de seguridad mataron a cinco personas y efectuaron cientos de arrestos.

Según documentos judiciales publicados por Reuters, el 27 de febrero pasado, la Alta Corte penal emitió 56 sentencias a 10 años de prisión. La mayoría de los imputados deberá descontar un año en la cárcel. Los jueces exoneraron a cuatro personas, que quedaron libres de toda acusación.

En los papeles no se especifican las acusaciones, pero un vocero de gobierno afirma en una nota que los condenados fueron hallados culpables de “secuestro y tortura de ciudadanos inocentes y de ataque a funcionarios de policía”.

Dos abogados de la defensa ya han anticipado la intención de presentar un recurso de apelación. Los imputados, que ya han descontado seis meses de prisión preventiva antes del inicio del proceso y fueron liberados bajo caución a fines de 2017, estuvieron presentes en el recinto durante la lectura de la sentencia.

Muchos ciudadanos chiitas denuncian una campaña de persecución llevada adelante por las autoridades, caracterizada por despidos de oficinas de gobierno o del sector público, y por el trato como ciudadanos de segunda clase, como fenómeno generalizado. En respuesta, las autoridades de Manama niegan que su intención sea castigar a los activistas chiitas, resaltando que los derechos individuales están garantizados y que “los orígenes étnicos jamás se toman en consideración, bajo ninguna circunstancia, en Bahréin”.

Bahréin es una monarquía del Golfo regida por una dinastía sunita, en un país donde la mayoría de la población (al menos el 60-70%) es chiita, y que desde hace tiempo reclama cambios en la Constitución y derechos sociales y económicos. En el 2011, siguiendo la estela de las primaveras árabes, se produjeron revueltas, que el rey –aliado de Washington y sostenido por Riad- derrotó con tropas enviadas por Arabia Saudita.

En los últimos años, las autoridades han arrestado y condenado a activistas y líderes religiosos chiitas y han suprimido las actividades de Al-Wefaq, el principal grupo chiita de oposición. La acusación que pesa sobre la agrupación es “terrorismo, extremismo y violencia”, además de los lazos con una potencia extranjera (léase Irán). En dicho contexto, a fines de enero, la Corte Suprema –el máximo órgano judicial- confirmó con sentencia definitiva la condena a perpetua para el líder de la oposición chiita, el jeque Ali Salman.