Líbano, se suicidó una empleada doméstica filipina. El drama de los trabajadores migrantes

La crisis económica y la pandemia han agravado las dificultades de los trabajadores migrantes que viven en el país de los Cedros. Son más de 250.000 personas, provenientes en su mayor parte de las Filipinas, Bangladés y Etiopía. En el centro de acogida que funciona dentro de la embajada filipina se ignoran las condiciones de seguridad y no velan por el respeto de sus derechos, Activista etíope: “Somos invisibles”.

Beirut (AsiaNews/Agencias) - El suicidio de una migrante filipina en un centro de acogida de la embajada del país asiático en Beirut proyecta nuevas sombras sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en el Líbano, azotados por una crisis económica que se ha visto agravada por la emergencia de Covid-19. La víctima falleció el 24 de mayo, al día siguiente de arrojarse de una ventana de la habitación que compartía con otras trabajadoras. Un comunicado difundido por la sede diplomática anuncia el inicio de una investigación interna para verificar “la seguridad” de los huéspedes y “brindar asistencia en los casos en que sea necesario”.

Las primeras informaciones indican que la mujer habría ingresado al centro de acogida el 22 de mayo. Según la embajada filipina, en este momento habría 26 personas recibiendo gratuitamente alojamiento y manutención así como la asistencia necesaria para completar los trámites de repatriación. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano habría detectado irregularidades, pidiendo a la representación diplomática tomar medidas adecuadas para “el respeto de los requisitos mínimos para el ejercicio físico cotidiano al aire libre” así como para garantizar “apoyo psicológico adecuado para el personal femenino”.

Luego de visitar la estructura, los hombres del ministerio denuncian que el dato de las personas alojadas es muy superior a la capacidad efectiva del lugar, y solicita que se respeten las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. En el Líbano hay alrededor de 250.000 trabajadores inmigrantes, cuya mayor parte proviene de Etiopía, Filipinas y Sri Lanka, y que han sido incorporados según el llamado sistema “Kafala”, que los privaría de muchos derechos que deben ser garantizados a los trabajadores.

A esto se añade la profunda crisis económica, política e institucional que atraviesa el país de los Cedros, agravada por la guerra en Siria y agudizada por el nuevo coronavirus.

Ya desde antes de la pandemia, la situación de los trabajadores migrantes era dramática, tal como denunciaban las asociaciones y grupos que abogan por los derechos humanos: una escalada de explotación, bajos salarios, largas horas de trabajo, sin ningún tipo de licencias ni protección. El Covid-19 ha aumentado los problemas, al dejar sin salario a estas personas, derrumbando su poder adquisitivo; los pocos que reciben un salario, obtienen su paga en moneda local, con una hiper-devaluación frente al dólar que regía en el pasado; otros han perdido el empleo y se han volcado a las embajadas y consulados en busca de ayuda.

“Somos invisibles”, cuenta Banchi Yimer, una trabajadora doméstica etíope que ha fundado un grupo de apoyo para defender los derechos de los trabajadores inmigrantes en el Líbano. “Ni siquiera existimos para nuestros gobiernos, no solo para el libanés”. En solo tres días, al menos 20 migrantes etíopes fueron abandonados por sus empleadores, dejándolos en la calle o en las inmediaciones de las sedes diplomáticas. En este contexto, han aumentado los intentos de suicidio o las muertes sospechosas, como sucedió con la empleada doméstica filipina en el pasado fin de semana.

Algunos empleadores terminan abusando física y piscológicamente de sus empleados y no hay ninguna ley para protegerlos. Como consecuencia, las protestas son cada vez más frecuentes: la semana pasada, algunos etíopes organizaron una manifestación simbólica en el exterior de su embajada, exigiendo su repatriación gratuita. Asimismo, en los últimos días, las fuerzas de seguridad libanesas intervinieron con violencia para dispersar una propuesta de enfermeros y personal sanitario de Bangladés, que reclaman una actualización de los salarios netos, debido a la creciente inflación.