Lucha contra la droga: Marcos Jr. promete enfocarse más en la rehabilitación

de Stefano Vecchia

En su segundo discurso sobre el estado de la nación, el presidente filipino dijo que procurará centrarse en la rehabilitación de los drogadictos. Desde principios de año se han producido 350 muertes oficiales en la campaña represiva contra la droga, que ahora también tiene en el punto de mira a los policías corruptos. La coalición de defensa de los derechos humanos Karapatan reacciona con escepticismo: "Es mera propaganda, las ejecuciones extrajudiciales continúan".

Manila (AsiaNews) - Al cumplir casi 13 meses en la presidencia del país, Ferdinand Marcos Jr. ha confirmado su voluntad de dar un "nuevo rostro" a la "guerra contra la droga" -campaña iniciada por su predecesor Rodrigo Duterte y que ha dejado un enorme número de víctimas, especialmente drogadictos y traficantes de poca monta. El presidente abordó el tema durante su segundo discurso sobre el estado de la Nación, afirmando que en Filipinas se multiplicará la represión pero también los esfuerzos orientados a la "rehabilitación" de los drogadictos.

Además de reiterar la línea dura contra narcotraficantes y traficantes, Marcos arremetió contra aquellos sectores del sistema público que han fomentado y extendido aún más el flagelo de la drogadicción, especialmente entre los sectores más desfavorecidos de la población. Una señal de ello ya había surgido en enero, cuando cerca de mil policías debieron presentar su renuncia por su implicación en un negocio que mueve millardos de dólares al año. La realidad es que no se sabe cuántos de ellos abandonaron realmente las fuerzas -a pesar de que Marcos Jr. anunció que ya aceptó las dimisiones de tres generales y otros 15 oficiales.

El primero de julio de 2016, en plena campaña electoral, Duterte lanzó su promesa de declarar la guerra contra la droga frente a un electorado filipino exasperado por la expansión de la drogadicción y la total impunidad de los responsables. Desde entonces, se realizaron más de 350.000 detenciones y hubo más de 7.000 muertes oficiales, incluidas las 350 ocurridas desde principios de 2023. Sin embargo, fuentes independientes aseveran que el número real representa el doble cuando no el triple de las cifras oficiales. En tanto, la droga sigue abriéndose paso en la sociedad filipina, a pesar de la represión, los acuerdos internacionales y los duros golpes contra las feroces redes de producción y tráfico.

La política de Marcos sigue la huella de Duterte respecto a la "legalidad" pero también la de su padre, el ex dictador Ferdinand Marcos cuya rehabilitación política se ha acelerado. El presidente continúa utilizando la lucha contra el crimen y las rebeliones comunistas e islamistas -o lo que queda de ellas- para reprimir a cualquier elemento o grupo en desacuerdo con la política oficial. Hace pocos días confirmó que no piensa cooperar con la investigación que la Corte Penal Internacional abrió contra Duterte.

En el caso concreto de la lucha contra la drogadicción -un flagelo que se estima afecta a 1.8 millones de filipinos- Marcos no dijo que renunciará a usar la fuerza pero sí indicó que se enfocará en la educación y la rehabilitación de los adictos. Esta declaración ha suscitado gran escepticismo entre las organizaciones de derechos humanos. El temor es que el "nuevo rumbo" del gobierno resulte ineficaz para prevenir y perseguir a los culpables. Por otro lado, con el control y la represión, la preocupación es que se continúen encubriendo las ejecuciones sumarias y la brutalidad de las fuerzas de seguridad en un clima de total impunidad.

Un temor del que se hace eco Cristina Palabay, figura de la coalición de derechos humanos Karapatan. "La supuesta nueva cara de la campaña antidroga no es más que una repetición de los viejos edictos propagandísticos de la última administración. No significan absolutamente nada, en el contexto de las continuas ejecuciones extrajudiciales de la guerra contra la droga y el desinterés o incluso el desprecio por la justicia para las víctimas".