Se ha limitado a un mes el período de consulta popular en el nuevo debate sobre la medida que frenaron las manifestaciones de 2003. El jefe del ejecutivo la considera "urgente" ante las injerencias extranjeras, pero la adopción de una ley "local" (después de la que impuso Beijing en 2020) corre el riesgo de convertirse en la oportunidad para una mayor represión de todas las formas de disidencia.

 

Hong Kong (AsiaNews/Agencias) - El gobierno de Hong Kong tiene la intención de adoptar su propia Ley de Seguridad Nacional, prevista en el artículo 23 de la Basic Law, la ley fundamental que marcó el traspaso a China en 1997. Y para promulgarla lo más rápidamente posible, la fase de consulta popular prevista para la adopción de este tipo de medidas se limitará a un solo mes.

Así lo comunicó hoy el jefe del Ejecutivo John Lee al presentar el documento elaborado por el Gobierno, sobre el que los ciudadanos de Hong Kong podrán ofrecer sus observaciones hasta el 28 de febrero. El artículo 23 es un tema candente desde hace más de veinte años en la antigua colonia británica: en 2003 el primer intento de introducir de forma independiente una ley de seguridad nacional fue frustrado por manifestaciones masivas que sacaron a las calles a 500.000 personas.

A pesar de la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing en 2020, John Lee considera ahora que Hong Kong "ya no puede esperar". Muchos temen que la adopción de una ley "local" de conformidad con el artículo 23 de la Ley Fundamental se convierta en la oportunidad para ejercer una mayor represión de cualquier forma de disidencia después de las protestas de 2019, que fueron sofocadas con la cárcel, y la modificación de la ley electoral, que convirtió a la Asamblea Legislativa en un instrumento totalmente controlado por las fuerzas partidarias de Beijing.

El documento de 110 páginas que presentó John Lee destaca la necesidad de leyes nuevas y actualizadas que cubran el robo de secretos de Estado, espionaje, traición, sedición y sabotaje, incluido el uso de computadoras y sistemas electrónicos para llevar a cabo acciones que pongan en peligro la seguridad nacional. También se aboga por un control más estricto de las organizaciones políticas extranjeras y taiwanesas vinculadas a la ciudad, definiendo un nuevo delito de "injerencia extranjera".

Las "fuerzas externas" - acusa el Ejecutivo - han utilizado a la ciudad "como cabeza de puente para actividades anti-China... y para propagar la ideología anti-China a través de un enfoque blando, para demonizar" a los gobiernos chino y de Hong Kong. El documento menciona expresamente el “monitoreo de los derechos humanos” como una de estas herramientas. Y sostiene que Hong Kong está cada vez más amenazado por operaciones de espionaje e inteligencia extranjera, y cita las protestas de 2019.

Lee ha anunciado varias veces en las últimas semanas su intención de aprobar la medida en 2024. Cuando se le preguntó por qué el período de consulta se redujo a sólo cuatro semanas frente a los tres meses de 2023, respondió que era un período de tiempo “apropiado”. "Esta es una ley que le dice a la gente que no nos ataque; en cierto sentido, es una ley defensiva".

El nuevo ajuste se presenta precisamente cuando se está llevando a cabo en Hong Kong el juicio contra Jimmy Lai, empresario católico y fundador del periódico prodemocracia Apple Daily, obligado a cerrar en 2021 después que fue encarcelado. Precisamente hace pocos días los cuatro relatores especiales de la ONU que se ocupan de las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y la administración de justicia pidieron que se retiraran los cargos en su contra y que fuera liberado, reiterando que "la legislación sobre seguridad nacional, que establece sanciones penales, nunca debería utilizarse indebidamente contra aquellos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacífica".

 

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