Las familias tamiles piden que no se cierre la Oficina de Personas Desaparecidas
Con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, numerosos familiares de las víctimas participaron en dos protestas silenciosas frente al Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores. En casi 30 años los familiares no han recibido noticias ni indemnizaciones del gobierno. A pesar de todos los obstáculos, la Oficina sigue siendo la única esperanza para averiguar la verdad sobre los secuestros.
Colombo (AsiaNews) - Con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, un colectivo formado por numerosas familias pidió a las autoridades de Sri Lanka que mantengan abierta la Oficina de Personas Desaparecidas, a pesar de que hasta ahora no ha indemnizado a los familiares de las víctimas ni ha realizado esfuerzos especiales para encontrar a las personas desaparecidas.
El 31 de agosto cientos de personas participaron en dos protestas silenciosas frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, mientras la conmemoración oficial, durante la cual se recordó que Sri Lanka es el segundo país del mundo por número de desapariciones forzadas, se celebró por la tarde en el Bandaranaike Memorial International Conference Hall de la capital, Colombo.
“El ejército vino a mi casa y se llevó a mi hijo diciendo que querían tomarle declaración. Ocurrió en 1989. Pero todavía no sabemos por qué se lo llevaron", dijo bajo anonimato a AsiaNews un padre originario de Seethawaka. "Aunque nos informaron que la Oficina de Personas Desaparecidas nos daría una indemnización, todavía no la hemos recibido", añadió.
Desde 2017 las familias de etnia tamil que viven en las regiones del norte y el este de la isla organizan manifestaciones para pedir la verdad sobre sus seres queridos, desaparecidos por el gobierno de Sri Lanka durante el conflicto civil con el grupo separatista Tigres Tamiles que comenzó en 1983. Cuando terminaron los enfrentamientos en mayo de 2009, varios jóvenes que habían sido secuestrados fueron entregados a las fuerzas de seguridad y se ha perdido todo rastro de ellos. Debido a los fracasos de la Oficina de Personas Desaparecidas, las familias del Norte piden la creación de una institución internacional que haga justicia, porque al menos 180 padres ya han fallecido hasta la fecha sin saber el paradero de sus hijos.
“El 16 de enero de 1990, a las 23.16 horas, cuatro oficiales del ejército entraron armados en mi casa y se llevaron por la fuerza a mi hermano mayor, Upul Nada, que tenía 22 años”, dijo una joven mujer de la aldea de Heenkenda, Ragama, en el distrito de Gampaha. “En ese momento mi hermano cursaba ingeniería en el German Technical Training College y le faltaban dos meses para graduarse y después ir a Alemania”. A la hermana le informaron que lo enviarían al campamento militar de Panagoda. “Pero han pasado 34 años y mi hermano nunca volvió. Mi padre era funcionario de la aldea y escribió a todas las instituciones que conocía, incluidas la Policía y la Cruz Roja. Fue a buscarlo a todos los campos de detención de Sri Lanka, pero no tuvo éxito", sigue diciendo la mujer, quien perdió a su madre en 1997 y a su padre en 2000 y afirma que ha quedado sola: "Pero aunque han pasado 34 años, todos esperamos que la Oficina de Personas Desaparecidas haga justicia por estos secuestros”.
Las madres de las víctimas presentaron una petición al Ministerio de Justicia con seis puntos principales, subrayando las limitaciones de la Oficina de Personas Desaparecidas en el cumplimiento de sus responsabilidades. En la carta piden, entre otras cosas, que se aceleren las investigaciones, se introduzca un paquete completo de indemnizaciones y se tomen medidas inmediatas contra los autores identificados en diversos informes de las comisiones de investigación y las comisiones presidenciales sobre los secuestros y las desapariciones forzadas de civiles.
“La ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas se introdujo en 2016 y fue modificada en 2017”, comentó el ex presidente de la institución, el abogado Saliya Peiris. “Fuimos nombrados miembros de la comisión en marzo de 2018, pero no teníamos oficina. Con la ayuda del ex secretario presidencial Austin Fernando, armamos una oficina provisoria, pero cuando comenzamos a seleccionar a los miembros del consejo, nos dimos cuenta de que estábamos sujetos a las normas y reglamentos del gobierno, y no podíamos contratar funcionarios según nuestro criterio, sino que debíamos contar con la aprobación del Ministerio de Finanzas. Sólo el ex ministro de Finanzas Mangala Samaraweera y el ministro Mano Ganesan nos brindaron todo su apoyo”, explicó Peiris tratando de aclarar los hechos en relación con los obstáculos que debió superar la Oficina a lo largo de los años.
"A veces las familias no consiguen obtener respuestas en toda su vida”, continuó diciendo el abogado en la jornada de conmemoración. “Pero nuestro país y nuestra sociedad deben admitir que ha habido secuestros. Y debemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. También debería haber gobernantes que sean capaces de comprender adecuadamente las exigencias de estas familias", al mismo tiempo que los embajadores y los gobiernos extranjeros deberían señalar "el error de los políticos de Sri Lanka, que no han dado importancia a la Oficina de Personas Desaparecidas". Sean quienes sean los dirigentes, lo que está mal, está mal”, concluyó Peiris.
