La vacuna contra el Covid es ‘lícita’ incluso si usa líneas celulares provenientes de fetos abortados

Así lo afirma una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa. La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación en el mal, de quienes utilizan las vacunas resultantes, es remoto. Es un "imperativo moral" garantizar que "las vacunas, eficaces y seguras desde el punto de vista de la salud, así como éticamente aceptables, también sean accesibles para los países más pobres".

Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - Es "moralmente aceptable utilizar vacunas contra el Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción". Así lo expresó una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe - y aprobada por el Papa - difundida hoy en respuesta a "varias solicitudes de opinión sobre el uso de algunas vacunas contra el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, desarrolladas recurriendo, en el proceso de investigación y producción, a líneas celulares que provienen de tejidos obtenidos de dos abortos ocurridos en el siglo pasado”.

La Congregación Vaticana especifica en primer lugar que "no se pretende juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aún siendo éticamente relevante y necesario, porque su evaluación es competencia de los investigadores biomédicos y las agencias para los medicamentos, sino únicamente reflexionar sobre el aspecto moral del uso de aquellas vacunas”.

Dicho esto, el documento recuerda que "como se afirma en la Instrucción Dignitas Personae, en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, ‘existen diferentes grados de responsabilidad’ en la cooperación al mal. Por ejemplo, 'en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión'”.

“La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal (cooperación material pasiva) del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares, por parte quienes utilizan las vacunas resultantes, es remota. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave, como la propagación, por lo demás incontenible, de un agente patógeno grave, en este caso, la propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 que causa la Covid-19. Por consiguiente, debe considerarse que, en este caso, pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. Sin embargo, se debe subrayar que el uso moralmente lícito de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto, y presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas”. “De hecho, el uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. Por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales, que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia, ni al personal sanitario ni a los propios vacunados”.

Por último, la nota afirma que constituye "un imperativo moral, para la industria farmacéutica, los gobiernos y las organizaciones internacionales, garantizar que las vacunas, eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario, y éticamente aceptables, sean también accesibles a los países más pobres y sin un coste excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertiría, de algún modo, en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social”.