La protección de los consumidores, el "agujero negro" de Phnom Penh

Camboya es uno de los pocos países del Sudeste Asiático que carece de una asociación de protección de los consumidores. David Hutt, investigador del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos: "El sistema político autoritario niega a la gente el espacio para expresarse como ciudadanos. Ayudémosles a participar de este poder como compradores de servicios y productos".

Phnom Penh (AsiaNews/Agencias) - "Sin asociaciones de protección de los consumidores en Camboya, aumenta el desequilibrio en el poder de negociación entre consumidores, productores y vendedores de productos y servicios. En consecuencia, sus derechos no están plenamente protegidos". Así lo denuncia en su último informe Consumers International, la organización mundial de consumidores. A pesar de la represión de todas las fuerzas políticas de oposición impuesta por el Partido Popular Camboyano (PPC), en el poder desde 1979, Camboya cuenta con una animada presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) activas en muchos ámbitos. Sin embargo, nunca ha habido ninguna que represente específicamente los intereses de los ciudadanos-consumidores camboyanos, como ocurre en el resto de países del Sudeste Asiático. Y ello a pesar del importante crecimiento del consumo en los últimos años.

Según datos del Banco Mundial, el gasto de los hogares del país ascendió a 18.100 millones de dólares en 2021, frente a los cerca de 10.000 millones de 2011 y los apenas 3.300 millones de 2001. El organismo internacional prevé que el sector del comercio electrónico en Camboya aumente su valor hasta los 1.780 millones de dólares en 2025, más del doble de lo que valía en 2020. Sin embargo, para David Hutt, investigador del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos (Ceias), "existe una gran preocupación por la calidad de los productos que se venden, especialmente por parte de los comerciantes en las redes sociales". No es casualidad que Camboya se haya ganado la reputación internacional de "Estado estafador" por los casos que allí se iniciaron".

Hun Manet, que sucedió a su padre como primer ministro el pasado agosto, se presenta como amigo de la nueva clase empresarial del país y de las empresas extranjeras que han instalado aquí sus fábricas. Su gobierno lleva meses preparando el primer Foro Gobierno-Sector Privado de noviembre, durante el cual Hun Manet subrayó su intención de fomentar el desarrollo del sector privado en Camboya.

Camboya no aprobó una ley de protección del consumidor hasta noviembre de 2019, a la que siguió el año pasado un programa nacional de protección del consumidor del Ministerio de Comercio. Cualquier acción, sin embargo, se queda de momento sobre el papel: un informe publicado a finales de año por la agencia Konrad-Adenauer-Stiftung señala que 'la aplicación real de la Ley de Protección del Consumidor es cuestionable'.

La sociedad civil y las ONG", añade Hutt, "deberían instar y apoyar la creación de asociaciones de consumidores en distintos sectores para garantizar los derechos de los consumidores a la seguridad, la información, la elección y la reparación. Hay ejemplos de ello en todo el sudeste asiático. Uno es el de la Asociación de Consumidores de Singapur, una organización no gubernamental sin fines de lucro que gestiona comparadores en línea que proporcionan a los consumidores información sobre los precios que cobran las empresas por los productos de primera necesidad y la energía. También están los casos de la Federación de Asociaciones de Consumidores de Malasia, la Unión de Consumidores de Myanmar y una Coalición para la Protección y el Bienestar de los Consumidores en Filipinas.

Una "Asociación de Consumidores de Camboya" reconocida en todo el mundo "sería una adición bienvenida a la esfera pública y, con la financiación adecuada, incluso de donantes extranjeros, podría desempeñar las mismas funciones que su homóloga singapurense", explica Hutt. Y añade: "Un área por la que empezar podría ser la fiscalidad. En 2013, la recaudación fiscal nacional era de solo 900 millones de dólares, es decir, unos 60 dólares per cápita. En 2022, había aumentado a 3.450 millones de dólares, o 206 dólares per cápita. Por tanto, en los últimos años, la mayoría de los camboyanos se han convertido en contribuyentes y también en "consumidores de servicios públicos". Un ejemplo es el Fondo Nacional de Seguridad Social, que se ha expandido rápidamente y Hu Manet promete hacerlo crecer aún más. El gasto del Estado ha pasado de 409 millones de dólares (13% del PIB) en 2013 a 7.900 millones (27% del PIB) en 2022. Sin embargo, no existe una "Alianza de Contribuyentes de Camboya".

La intención es presionar al gobierno para que aumente la transparencia sobre los ingresos y gastos públicos, y entablar un debate público sobre el mejor uso del dinero. Otra ONG importante para los derechos de los camboyanos sería una "Asociación de Prestatarios de Microfinanciación", que representaría los intereses de decenas de miles de familias: "La deuda de la microfinanciación asciende actualmente a unos 16.000 millones de dólares, y las acusaciones de prácticas indebidas por parte de los prestamistas están muy extendidas, ya que Camboya es uno de los países más endeudados de Asia. Según el informe East Asia and Pacific Economic Update del Banco Mundial, el crédito interno al sector privado ascendía al 182% del PIB, el más alto entre los países del sudeste asiático, y sin embargo no hay grupos que luchen en nombre de los deudores".

Partiendo de ámbitos como éste, al gobierno del CPP "le resultaría difícil poner trabas a las ONG, alegando que los grupos de consumidores promoverían una revolución porque el objetivo de estas asociaciones sería mejorar la economía y responsabilizar a las empresas". El sistema político autoritario -concluye Hutt-, que no tiene ninguna intención de abrirse, ha negado a la gente corriente el espacio para expresarse como ciudadanos. Lo mejor sería darles poder como consumidores".