La policía filipina invita a los sacerdotes en las violentas operaciones antidrogas

La Conferencia Episcopal filipina rechaza la propuesta relacionada con la campaña contra las drogas del gobierno Duterte. "La Iglesia sostiene cualquier estrategia si no se trata de asesinatos, corrupción e injusticia”. El vicepresidente Leni Robredo critica la guerra contra las drogas: "Los filipinos están ahora desesperados e impotentes." Las represalias del Presidente Duterte contra sus oponentes.

Manila (AsiaNews) - El general Ronald "Bato" Dela Rosa, director en jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), reitera su llamamiento a la Iglesia Católica para unirse a las autoridades en la campaña violenta contra las drogas impulsada por el presidente Duterte. Durante meses, los obispos filipinos se han empeñado en una dura oposición a la “cultura de la muerte” de esta política, que en tan sólo ocho meses provocó la muerte de más de 7.000 personas por manos de la policía. El general deja claro que la invitación se extiende a los representantes de todas las confesiones religiosas. Los obispos, que en el pasado rechazaron la invitación del general, reiteraron su desacuerdo. Suspendida temporalmente, la guerra contra el tráfico de drogas está siendo reintroducida en todo el país.

El 10 de marzo, Dela Rosa dijo: "De este modo podrán ver lo que realmente sucede en el campo. Podría calmarlos. Es difícil si sólo critican".

La Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP) ya había rechazado la propuesta de Dela Rosa de un compromiso conjunto PNP-Iglesia, diciendo que los sacerdotes no están obligados a mostrar su apoyo en la lucha contra las drogas participando en las nuevas operaciones policiales.

El P. Jerome P. Secillano, director del Comité de Asuntos Públicos de la CBCP, dijo: "La Iglesia apoya cualquier estrategia [en el combate del tráfico de drogas, ndr], siempre que ello no dé lugar a ejecuciones, corrupción e injusticia."

Dela Rosa afirma que la presencia de los hombres de la Iglesia durante las operaciones podría suavizar a los sospechosos e instarlos a entregarse a las autoridades de una manera pacífica, en lugar de oponerse a la resistencia violenta. "Si ven a los hombres de la Iglesia acompañando a los oficiales de policía, estoy convencido de que se van a entregar de manera tranquila" - dijo el general.

En la defensa de la campaña reavivado contra el tráfico de drogas, Dionardo Carlos, portavoz de la Pn, afirma que la guerra contra las drogas está destinado a salvar las vidas de alrededor de 1,18 millones de adictos a las drogas en el país.

Desde que el presidente Duterte asumió el cargo a finales de junio, la policía informó que cerca de 2.500 personas murieron durante las operaciones de lucha contra las drogas, en la mayoría de los casos en autodefensa por parte de los agentes. Otras 4.500 personas han muerto en circunstancias no aclaradas. Las autoridades atribuyen las muertes a la rivalidad entre bandas criminales por el espacio.

El enfoque violento del Gobierno Duterte al problema del tráfico de drogas no deja de plantear críticas y denuncias de toda la sociedad. El vicepresidente Leni Robredo declara hoy que la guerra emprendida por el presidente ha dejado al pueblo filipino "desesperado e impotente", con la confianza en la policía erosionada por miles de ejecuciones sumarias.

En un mensaje de video publicado en línea en previsión de una reunión de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Leni Robredo dice que hay muchos casos en los que la policía mantiene a personas inocentes en un patrón conocido como "cabezas de cambio". De acuerdo con el vicepresidente, cuando los policías no encuentran a un sospechoso, generalmente arrestan a sus familiares, esperando que el investigado se entregue. La Robredo lanza finalmente una llamada, para un mayor control internacional sobre la polémica represión del presidente Rodrigo Duterte contra sus oponentes.

El apoyo a las políticas presidenciales, como la lucha contra las drogas y la reintroducción de la pena de muerte, se ha convertido en un criterio de evaluación de la obediencia a Duterte.

En la sesión de hoy, la mayoría de la Cámara de Representantes ha aprobado la remoción de sus puestos en los comités y en los organismos públicos, de todos los miembros que se oponen al proyecto de ley del gobierno para reintroducir la pena de muerte. La decisión de hoy sigue a las amenazas del presidente de la Cámara Pantaleón Álvarez, que había prometido anteriormente represalias contra oponentes a las políticas del gobierno Duterte.

El pasado 6 de marzo Álvarez había propuesto la imposición de tasas a los institutos escolares gestionados por la Iglesia católica. Muchos analistas creen que esta medida es una represalia por las fuertes críticas que los obispos han hecho a la administración por la reintroducción de la pena capital.