La lucha de los adivasis de Sri Lanka por sus propios derechos

de Arundathie Abeysinghe

Los pueblos más marginados del país siguen luchando por su reconocimiento. A pesar del llamamiento de la ONU en 1996 y de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, los gobiernos no han proporcionado un marco jurídico y político para proteger a esta comunidad. La creación del Parque Nacional Maduru Oya ha devastado su hábitat, obligándoles a renunciar a tradiciones milenarias y a una vida autosuficiente mantenida durante generaciones.

Colombo (AsiaNews) - A pesar del requerimiento de la ONU a Sri Lanka en 1996, los pueblos indígenas de Sri Lanka, denominados con el término hindi adivasi, han vivido marginados, sin derechos ni reconocimiento constitucional o legislativo. Sometidos al engaño de todos los gobiernos. Según el líder comunitario Uruwarige Wannila Aththo, el Mahaweli Development Scheme (el mayor programa de desarrollo agrícola basado en el regadío de Sri Lanka) ha provocado una inmensa destrucción de su hábitat. En 1996, las Naciones Unidas exigieron a Sri Lanka que respetara los derechos de los habitantes indígenas tras un discurso del líder ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas en Ginebra; en él pedía que se permitiera a la comunidad «regresar a nuestra tierra tradicional, en particular al Parque Nacional Maduru Oya». También argumentó sobre el estatus legal de la Constitución de Sri Lanka, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas.

La reubicación de esta comunidad lejos de sus tierras natales y la prohibición de acceder a sus bosques, donde vivían en armonía con la naturaleza, manteniendo costumbres, tradiciones, rituales y prácticas ancestrales, les ha llevado a enfrentarse a graves problemas. No pueden volver a su estilo de vida autosuficiente mantenido durante generaciones. Debido al desplazamiento, han tenido que abandonar sus conocimientos y tratamientos médicos aplicados mediante una combinación de sustancias vegetales y animales, tratamientos rituales y brujería transmitidos oralmente durante generaciones. Sin embargo, la cuestión de si los adivasis tienen derecho a un marco socioeconómico y político favorable para disfrutar de estos derechos básicos sigue siendo válida, ya que se enfrentan a más retos y son más vulnerables que otras comunidades a la hora de establecerse como ciudadanos con los mismos derechos.

Las Naciones Unidas han reconocido internacionalmente los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, con un firme llamamiento a los Estados miembros para que proporcionen mecanismos eficaces para la prevención y reparación de acciones que tengan el propósito o el efecto de privarlos de su identidad étnica, desposeerlos de sus tierras y recursos y discriminarlos por motivos raciales o étnicos. Según los derechos fundamentales consagrados en el capítulo III de la Constitución del país, se debe tener «derecho a la igualdad, a la libertad de ocupación y de circulación».

Los ecologistas Rajitha Wijesinghe y Dushni Malalasekara, que llevan décadas trabajando con la comunidad adivasi para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas, informaron a AsiaNews de que «en noviembre de 1983, el gobierno convirtió sus tierras forestales en el Parque Nacional de Maduru Oya, impidiéndoles cazar e incluso recolectar miel de abeja, y les empujó al “Sistema C” de Mahaweli». La ONU instó entonces al gobierno a «cesar todos los actos de represión». La resolución se envió a la entonces Presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Durante los 17 años transcurridos desde la adopción de la DNUDPI en 2007, Sri Lanka ha sido incapaz de adoptar un marco jurídico o político nacional para aplicar las leyes. Ni siquiera las disposiciones del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (nº 169) se han adoptado en el marco jurídico o político de Sri Lanka», señalaron.

El líder adivasi afirma: «Asistí a la conferencia de derechos humanos de Ginebra en 1996 y expuse nuestros problemas. En la conferencia, 136 países firmaron a favor de encontrar soluciones a nuestros problemas. Como se firmó un acuerdo, pensé que las cosas irían bien. El acuerdo se firmó entre la Autoridad para la Conservación de la Vida Silvestre y yo, y nos permitía pescar y cazar con métodos tradicionales en cuencas especificadas, pero no mencionaba «cuencas especificadas». Maahitiya, Ulhitiya, Kadupahara y Kandeganwila son las cuencas disponibles, pero no se nos informó de cuáles eran accesibles porque el acuerdo no lo especificaba. Nos engañaron y nos impidieron acceder a estos lugares».