La junta birmana recurre al reclutamiento obligatorio para enfrentar las milicias rebeldes
Ante las dificultades para contener la ofensiva, los generales han vuelto a introducir el reclutamiento obligatorio. La disposición afecta a varones y mujeres de entre 18 y 45 años durante dos años, prorrogables a cinco en caso de emergencia. La ley siempre ha estado formalmente en vigor, pero había sido archivada por el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.
Bangkok (AsiaNews) - Ante las dificultades para contener la ofensiva de las milicias étnicas en los múltiples frentes del conflicto interno, la Junta que controla Myanmar desde el 1 de febrero de 2021 decidió restablecer el reclutamiento obligatorio para varones y mujeres de entre 18 y 45 años, durante dos años en condiciones normales y hasta cinco en caso de emergencia. La ley fue promulgada al final de la dictadura militar en 2010 y sigue formalmente en vigor, pero no se aplicó durante el paréntesis democrático que terminó hace dos años con el golpe de Estado encabezado por el general Min Aung Hlain.
El Consejo de Administración del Estado (State Administration Council), nombre que se le ha dado a la junta militar que está haciendo un amplio uso de la aviación y la artillería contra objetivos militares y civiles, debe hacer frente a la ofensiva que comenzaron los grupos armados en octubre. Estos son expresión de las distintas etnias en conflicto con los militares ya desde los tiempos de la dictadura, pero también incluyen las Fuerzas de Defensa del Pueblo (People's Defence Forces) y unidades directamente bajo el mando del Gobierno de Unidad Nacional en la clandestinidad.
La pérdida de muchos puestos de avanzada y de áreas estratégicas cerca de las fronteras con China e India, que costó la muerte de cientos de soldados, ha demostrado que ya son pocos en el país los que están dispuestos a someterse a un nuevo régimen militar, tal vez disfrazado de democracia con elecciones controladas. Además, las numerosas bajas, y sobre todo las deserciones, han debilitado enormemente a las fuerzas armadas, a pesar del continuo flujo de armas y municiones provenientes de Rusia y Corea del Norte. La implicación de naciones vecinas en acciones militares, así como la reanudación de la huida de la población del Estado occidental de Rakhine hacia Bangladés, han puesto en dificultades al régimen, que contaba con el fundamental desinterés de sus vecinos y del mundo respecto de la represión.
De hecho, el restablecimiento del reclutamiento supone un elemento impositivo adicional para la población, ya que la reticencia se castiga con una multa y penas de cárcel de entre tres y cinco años. Sin embargo, en el mensaje que difundió la televisión estatal MRTV, el portavoz del régimen militar, general Zaw Min Tun, habló de una "tarea de defensa nacional que no es sólo responsabilidad de los soldados" y señaló que la medida contribuirá a prevenir el conflicto con una demostración de fuerza frente a los enemigos. Según diversas fuentes de la resistencia, el gobierno también intenta compensar la deserción de unos 14.000 soldados, porque el reclutamiento forzoso de jóvenes se lleva a cabo desde hace tiempo en los centros urbanos, como la capital comercial, Rangún, con penas de cárcel en caso de resistencia.
