La guerra judicial en la Corte Internacional de Justicia por el 'genocidio' en Gaza
Las audiencias para tratar la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel por la guerra contra Hamás en la Franja se han dispuesto para los días 11 y 12 de enero en La Haya. El pedido de "medidas provisionales" podría conducir a un veredicto rápido en las próximas semanas. Netanyahu confía la defensa a una de las voces más críticas de la controvertida reforma de la Justicia.
Jerusalén (AsiaNews) - Mañana comienza ante el Tribunal Internacional de la ONU en La Haya la causa judicial contra Israel, a partir de la acusación de "genocidio" del pueblo palestino, que presentó Sudáfrica contra el Estado judío en la guerra en curso contra Hamás en la Franja de Gaza. El enfrentamiento corre el riesgo de desencadenar nuevas tensiones en la región de Oriente Medio, que ya vive una peligrosa escalada en el frente norte, y la posible implicación del Líbano con el ingreso de Hezbolá. Ahora se ha abierto un nuevo frente, mientras Estados Unidos insiste en sus esfuerzos diplomáticos con la sexta gira por la región del secretario de Estado Anthony Blinken, quien ayer se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu para un encuentro cara a cara de contenido secreto pero según formas que eran cualquier cosa menos cordiales. El jefe de la diplomacia estadounidense propone un plan para desescalar el conflicto y reforzar la ayuda, con la perspectiva aún abierta de una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, puerta que Riad mantiene abierta a cambio del reconocimiento de un Estado palestino.
El juicio ante La Haya también fue un tema importante en las conversaciones entre Blinken y Netanyahu, donde este último, al menos en este caso, recibió el apoyo de su aliado estadounidense. La disputa judicial comenzó el pasado 29 de diciembre con la presentación, por iniciativa de Sudáfrica, de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -el tribunal de las Naciones Unidas encargado de resolver las controversias entre Estados- por "genocidio". Las audiencias están previstas para mañana y el 12 de enero en la sede del organismo de la ONU, en Holanda, donde se examinarán las "medidas provisionales" solicitadas por Pretoria, que siempre ha estado cerca de la causa y el pueblo palestino. La denuncia va acompañada de una solicitud de iniciativas de emergencia para poner fin a la guerra lanzada por el Estado judío contra Hamás en respuesta al ataque (terrorista) del movimiento que controla la Franja, que dejó un saldo de 1.200 muertos en Israel y más de cinco mil heridos. El conflicto ya se ha cobrado la vida de más de 23.000 personas, en su mayoría civiles, y entre ellos mujeres y niños.
En la denuncia Sudáfrica pide que termine la operación militar en la Franja, con toda su carga de muertos y gravísimos daños físicos y materiales. Los jueces también deberán evaluar posibles crímenes de guerra relacionados con el asesinato de periodistas en Gaza, según informó en las últimas horas la ONG internacional Reporteros sin Fronteras, que ha hecho dos presentaciones ante el tribunal. Hasta el momento, en apenas tres meses, se han confirmado al menos 79 víctimas entre los trabajadores de los medios de comunicación, y las investigaciones de la oficina del fiscal Karim Khan, explica RSF en una nota publicada por el diario británico The Guardian, incluyen también "crímenes contra periodistas".
La denuncia que presentó Pretoria se basa en las disposiciones contenidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la que Sudáfrica -al igual que Israel- es signataria. Esta dispone que los Estados pueden emprender acciones legales para invocar medidas preventivas o punitivas por el delito de genocidio, y las decisiones tienen fuerza vinculante (aunque no tiene los medios para garantizar su aplicación) para todas las naciones, hayan ratificado o no la Convención. Cabe señalar que este procedimiento es independiente del otro ya abierto y relativo a los Territorios Ocupados, que lleva adelante la CIG a pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con votación del 30 de diciembre de 2022 y audiencia prevista para el 19 de febrero.
Sudáfrica, que experimentó de primera mano el régimen del apartheid entre 1948 y 1991, desde hace mucho tiempo se solidariza con Palestina, defendiendo su derecho a la autodeterminación y provocando la intolerancia de Israel, lo que recientemente se ha convertido en un conflicto abierto. Un frente a frente caracterizado por la retirada del embajador israelí el pasado mes de noviembre, pocas horas después de la votación del Parlamento de Pretoria, que recomendó (248 a favor y 91 en contra) el cierre de la representación diplomática hasta el alto el fuego en Gaza. El 21 de noviembre se suspendieron las relaciones y se registró la acusación de "actos de genocidio" en la Franja.
En el documento de más de 80 páginas que presentó Sudáfrica, se acusa a Israel de acciones y omisiones "genocidas" para eliminar a la población palestina de Gaza, en violación del artículo II de la Convención. La denuncia también contiene declaraciones de altos funcionarios del gobierno israelí -entre ellos los ministros ultraortodoxos y de la derecha radical Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir- que pedían la expulsión y reubicación de toda la población de la Franja. A estas se suman las declaraciones del propio Primer Ministro Benjamín Netanyahu, que definió a los palestinos como "animales humanos", y del Ministro de Patrimonio de Jerusalén, Amichai Eliyahu, que pidió la "bomba atómica contra Gaza".
Cabe destacar que, en un movimiento sorpresa, Netanyahu nombró a Aharon Barak -ex presidente de la Corte Suprema, cercano al área liberal y uno de los más duros opositores a la controvertida reforma judicial impulsada por el primer ministro- para encabezar la delegación de juristas que defenderán los argumentos de Israel. Superviviente del Holocausto y actualmente jubilado, Barak, de 87 años, sigue siendo uno de los juristas más respetados del país, a pesar de que en el último año ha sido objeto de una dura campaña de ataques de la derecha por la citada oposición a la reforma. No obstante, el propio primer ministro quiso que presidiera la delegación del Estado judío en La Haya, aceptando la recomendación del actual fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara y rechazando las críticas del ala radical del gobierno.
La presentación de Sudáfrica es el quinto caso de genocidio en la historia de la Corte. El primero fue el de Bosnia-Herzegovina contra Yugoslavia (entonces Serbia) en 1993 y uno más reciente es el de Gambia contra Myanmar en 2019 por el trato a los rohingya. Del lado de Israel, que atacó duramente a Sudáfrica por la denuncia, está Estados Unidos, que niega "actos de genocidio" cometidos en Gaza. Junto a Pretoria, en cambio, se han alineado Turquía, Malasia, la Organización de Cooperación Islámica (OCI), Jordania, Bolivia y Pakistán, mientras que no ha habido declaraciones oficiales de Rusia, China o los países de la Unión Europea. En realidad los casos suelen tardar años en llegar a una conclusión, pero el pedido de "medidas provisionales" para evitar más violencia contra los civiles que contiene la solicitud podría acelerar considerablemente el proceso judicial, con una primera sentencia ya en las próximas semanas.
