La batalla sobre los puestos de avanzada, en la agenda del nuevo gobierno de Netanyahu
Los sionistas religiosos también quieren la legalización de los pequeños asentamientos que la propia legislación israelí considera ilegítimos. Esto, además de transferir a los colonos la autoridad administrativa en las llamadas Zonas C, totalmente controladas por Israel en Cisjordania y donde viven miles de palestinos. El primer objetivo es reconstruir Homesh, una de las colonias que Sharon desmanteló en 2005.
Milán (AsiaNews) - En Israel, pronto se iniciará el nuevo gobierno de Netanyahu. El plazo de 28 días fijado por la ley expira a la medianoche del domingo 11 de diciembre. Sin embargo, el Primer Ministro de turno aún podría solicitar una única prórroga de 14 días. Después de que las elecciones del primero de noviembre garantizaran una sólida mayoría de 64 escaños a la coalición formada por el Likud, los partidos religiosos judíos y el cártel de la extrema derecha nacionalista -unidos bajo la bandera del Sionismo Religioso, pero que poco después volvió a dividirse en tres fuerzas autónomas-, casi no quedan dudas de que Netanyahu logrará poner en marcha el gobierno. Pero aún así, prosigue la contienda entre las fuerzas de la coalición más derechista de la historia de Israel. Y cada líder se empeña en sacar el máximo provecho de los acuerdos de gobierno.
El enfrentamiento en torno al COGAT
Según se desprende de los acuerdos firmados por el Likud con los demás partidos, queda más que claro que existe un nudo de tensión con Washington y la comunidad internacional en torno a la gestión de las llamadas "zonas C" y los outposts (puestos de avanzada). Nos referimos a ese grupo concreto de asentamientos de Cisjordania que son ilegales según la propia legislación israelí. El marco jurídico de los Acuerdos de Oslo -impulsados por israelíes y palestinos en la década de 1990 y que jamás cambió en estos treinta años- preveía la subdivisión de Cisjordania en tres tipos de zonas diferentes: las Zonas A (las grandes ciudades de Palestina que ocupan el 18% de la superficie) bajo control administrativo y militar de la Autoridad Palestina; las zonas B (las zonas limítrofes y las vías de comunicación que cubren otro 22% de la superficie) bajo jurisdicción administrativa palestina (pero que en materia de seguridad siguen bajo control israelí); las zonas C (el 60% restante) en las que tanto el control militar como el administrativo siguen en manos israelíes. Las zonas C son aquellas en las que viven actualmente los 490.000 colonos israelíes de los asentamientos, y que no han dejado de crecer en los últimos treinta años. Pero las zonas C también incluyen más de 500 pequeños centros palestinos. Por tanto, no es difícil comprender que es aquí donde se concentran las mayores fricciones, especialmente en torno a la delicadísima cuestión de la propiedad de los terrenos.
En las llamadas Zonas C, hay un rol de la administración que es clave y que actualmente desempeña el Coordinador de las Actividades de Gobierno en los Territorios (COGAT). Hasta ahora, este cargo reportaba al Ministerio de Defensa. Es por ello que Bezalel Smotrich -el líder de una de las facciones del sionismo religioso- aspiraba al cargo de ministro de Defensa en el nuevo gobierno. Aunque Washington vetó esta posibilidad, él logró que la designación del COGAT pasara a ser competencia del Ministerio de Hacienda, que sí quedó a su cargo. La medida desató la furia de los comandantes del ejército israelí, pues les tocará lidiar con más tensiones en el territorio, ya que los palestinos estallarán con cada nueva decisión administrativa que se adopte a favor de la ampliación de los asentamientos. Todo ello en un contexto marcado, desde hace meses, por graves episodios de violencia en Cisjordania.
La legalización de los puestos de avanzada
La situación se vuelve más explosiva ante el pedido de legalización de los puestos de avanzada -otro punto que exige el Sionismo religioso en los acuerdos de gobierno. Actualmente estos asentamientos "no autorizados" suman alrededor de setenta: se trata de pequeñas comunidades donde viven cerca de 25.000 colonos. Su legalización supondría un salto cualitativo en la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. De hecho, los actuales 130 asentamientos reconocidos oficialmente por el gobierno israelí no son todos iguales: algunos, como Modi'in Illit, Ma'ale Adumim o Beitar Illit, son grandes ciudades con decenas de miles de habitantes, a menudo muy cerca de la Línea Verde y, por tanto, fácilmente ajustables con compensaciones territoriales en el escenario de dos Estados. La situación es diferente en el caso de los puestos de avanzada, surgidos después de los años '90: la mayoría son pequeños grupos de casas o viviendas prefabricadas donde viven decenas o cientos de personas, pero en zonas muy próximas a las comunidades palestinas. Legalizarlas significaría abrir el camino al nacimiento de nuevas ciudades israelíes en Cisjordania. Y esto marcaría el fin de cualquier posibilidad de un Estado palestino.
Pero hay más: según el Informe Sasson de 2005 -la única investigación oficial llevada a cabo por Israel sobre estas construcciones- muchos outposts violan abiertamente la histórica sentencia de 1979 del Tribunal Supremo israelí sobre el caso Elon Moreh. Dicha sentencia resolvió que no se puede construir un asentamiento en tierras cuya propiedad legítima pueda demostrar un palestino. Por lo tanto, son ilegales no sólo porque no están autorizadas, sino también porque son el resultado de confiscaciones arbitrarias con la complicidad del ejército.
Por último, hay un último motivo ideológico vinculado a la batalla por los puestos de avanzada. Ben Gvir, el otro líder de los Sionistas Religiosos, reclama fundamentalmente la legalización de Homesh, uno de los cuatro pequeños asentamientos del norte de Cisjordania que fue desalojado en 2005 -junto con las colonias de Gaza- por el gobierno de Ariel Sharon. El significado simbólico sería obvio: borrar esa página de la historia reconstruyendo las casas judías desmanteladas por las excavadoras israelíes. La derecha nacionalista judía lo ha intentado muchas veces a lo largo de los años. Ahora, con el nuevo gobierno de Netanyahu, pretende conseguirlo de verdad.
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