La ONU acusa a Colombo de crímenes de guerra

de Arundathie Abeysinghe

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicita que se impongan sanciones a Sri Lanka por no haber identificado a los responsables de la matanza de 40.000 civiles durante el conflicto interno de 1983 a 2009. El gobierno esrilanqués teme que el arresto de un sospechoso en Londres pueda llevar a la detención de militares y funcionarios actualmente en funciones.

Colombo (AsiaNews) - La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, defiende la necesidad de imponer sanciones y procesos internacionales contra Sri Lanka. Esto, en vista de que el gobierno central de Colombo ha demostrado ser incapaz de identificar a los responsables de las atrocidades cometidas por el ejército contra los civiles tamiles en las últimas etapas del conflicto civil que duró 25 años y terminó en 2009.

Según Bachelet, la nación insular entró en el camino de la "militarización" después de que Gotabaya Rajapaksa, un ex teniente coronel, asumiera la presidencia del país en 2019. La ex presidente de Chile expresó su disconformidad, en particular, por la asignación de altos cargos de gobierno a militares que deberían enfrentar cargos.

El Alto Comisionado también remarcó la existencia de incontables puestos de control militares en la provincia norteña de Sri Lanka, habitada predominantemente por tamiles, y la cantidad de "denuncias de trato discriminatorio y acoso, especialmente hacia las mujeres".

A continuación, Bachelet instó a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a invocar la jurisdicción universal para perseguir a los funcionarios de Sri Lanka acusados de crímenes de guerra, y les pidió que "exploren la posibilidad de imponer sanciones selectivas contra los presuntos responsables de graves violaciones y abusos de los derechos humanos".

"En los últimos dos años se ha erosionado la independencia del poder judicial y de otras instituciones clave, y se ha reducido el espacio democrático, incluso para la defensa de los derechos humanos", prosiguió la responsable de derechos humanos de la ONU. Al mismo tiempo, Sri Lanka no ha promovido la reconciliación y el respeto de los derechos humanos, sino que, por el contrario, el gobierno actual ha impuesto políticas que buscan revertir los escasos avances logrados hasta el momento. Esto genera preocupación entre las víctimas que siguen buscando justicia.

Según la información contenida en un informe de la ONU que aún no fue publicado, Sri Lanka ha abandonado las investigaciones de "casos emblemáticos". Además, se negó a poner en marcha un mecanismo para preservar las pruebas contra sectores del ejército que presuntamente mataron a alrededor de 40.000 civiles en las últimas etapas de la guerra.

La petición se produjo un día después de que la Policía Metropolitana de Londres detuviera a un hombre de 48 años de Northamptonshire (Reino Unido) en relación con el asesinato del periodista tamil Mylvaganam Nimalrajan en el 2000 (se trata de un conocido reportero que trabajaba en Jaffna, una zona tamil del norte de Sri Lanka). Las autoridades de Sri Lanka temen que el arresto del sospechoso pueda sentar un precedente para la detención de oficiales militares o funcionarios de gobierno

El secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores Jayanath Colombage declaró a los medios de comunicación locales (antes de que se diera a conocer el borrador de informe de Bachelet) que la acción británica podría afectar a los funcionarios actuales. “Invocar la jurisdicción universal es otro argumento muy cuestionable", dijo, alegando que "cualquier país puede utilizarla como excusa para atacar a personas de otro Estado". Colombage calificó la medida como un "peligro muy grande".

Varios países occidentales han sancionado a los militares de Sri Lanka con prohibiciones de viajes -entre los afectados figura el actual comandante del ejército, Shavendra Silva.

Según un informe del Alto Comisionado de la ONU publicado el 25 de febrero de 2022, la situación de los derechos humanos en Sri Lanka es muy precaria, aún cuando Colombo afirma que ha habido una mejora. Se acusa al gobierno de discriminar a las minorías religiosas y étnicas. Y a las fuerzas de seguridad, de atacar a los grupos de la sociedad civil.

Bachelet señaló que, además de los tamiles y los musulmanes, los cristianos también sufren abusos y discriminación, y recordó a las víctimas de los atentados del Domingo de Pascua de 2019, cuando un grupo islamista atacó iglesias y hoteles, matando a más de 260 personas.