La India de los desalojos: 740.000 personas expulsadas de sus hogares en los últimos dos años
Aunque, según Housing and Land Rights Network, muchos casos de desalojo no han sido documentados. De todos modos, las cifras de 2023 son las más altas registradas en los últimos siete años. Las autoridades y los tribunales locales se han desviado de prácticas anteriores con decisiones que suponen una violación de los derechos humanos. En muchos casos el gobierno no ofreció ningún tipo de reasentamiento o compensación.
Nueva Delhi (AsiaNews) – Entre 2022 y 2023 más de 740 mil personas fueron desalojadas de sus hogares en toda la India. Así lo afirma un informe publicado por la Housing and Land Rights Network (HLRN), y señala que en el mismo período las casas demolidas por las autoridades fueron más de 153 mil. Pero las cifras, explica la organización, podrían ser muy superiores, porque estos casos incluyen sólo aquellos que han sido documentados por la propia HLRN. Entre 2017 y 2023 más de 1.680.000 personas fueron desalojadas, y en este momento hay cerca de 17 millones de personas que siguen estando amenazadas por la posibilidad de ser desplazadas.
En la gran mayoría de los desalojos forzosos de los últimos años, las autoridades no han seguido las normas nacionales e internacionales, cometiendo en la práctica una serie de violaciones de derechos humanos. “En muchos casos los procesos de demolición se llevaron a cabo con un nivel de severidad y brutalidad superior al de años anteriores”, dice el informe, que en referencia a los desalojos forzosos ha utilizado la definición internacionalmente reconocida, es decir, “el alejamiento permanente o temporal contra la voluntad de personas, familias o comunidades de sus hogares o de las tierras que ocupan, sin acceso a formas adecuadas de protección legal o de otro tipo ni permitirles su acceso a ellos”.
Según HLRN, en el pasado los tribunales indios interpretaban la ley de manera constructiva cuando respondían a las violaciones del derecho a la vivienda. De hecho, la jurisprudencia local impone "a las autoridades estatales el deber de realizar una investigación y prestar asistencia antes de llevar a cabo cualquier acto de desalojo forzoso". Pero sobre todo en 2023 los desalojos se han desviado de esta práctica.
En dos años fueron desalojadas casi 300 mil personas con una orden judicial, pero con grandes diferencias entre un año y el siguiente: en 2022 recibieron una orden de desalojo cerca de 33.360 personas, mientras que en 2023 aumentaron a 260 mil. En términos más generales, en 2022 se demolieron 46.371 viviendas y se desalojó a 230.000 personas. Cifras que fueron más del doble al año siguiente: 107.499 viviendas demolidas y 51.500 personas desalojadas. Las cifras de 2023 son las más altas registradas en los últimos siete años, destaca HLRN.
En la mayoría de los casos (59%), los pretextos utilizados fueron "barrios marginales o recuperación de tierras", "desalojo por invasión" o "embellecimiento de la ciudad". Más de 290.000 personas fueron desalojadas por estos motivos en 2023, aunque en la mayoría de los casos no se informó a las personas y comunidades afectadas el motivo del desalojo.
El informe también identificó otras razones que llevaron a los desalojos: después del desmantelamiento de los barrios marginales, la construcción de infraestructuras (ampliación de carreteras, construcción de puentes y otras) contribuyó con el 35%, mientras que otro 4,7% estuvo determinado por razones ambientales, como la protección de bosques y la conservación de la fauna silvestre. Los otros casos de demolición se decidieron para mejorar la gestión de emergencias, dar cabida a proyectos turísticos o eliminar viviendas que se consideraban "inseguras".
Sin embargo en algunas regiones aparentemente los desalojos “se llevaron a cabo como una 'medida punitiva'”, señala el informe. El mayor número de desalojos se produjo en el territorio de la capital, Delhi, con 280.000 personas desalojadas sólo en 2023.
Y el reasentamiento de personas desplazadas sigue siendo un problema según el HLRN: de un total de 324 casos registrados en los dos años examinados, sólo se encontró información disponible sobre el reasentamiento de personas para 122 casos. Entre ellos, el Estado ofreció alguna forma de vivienda alternativa sólo en 25 casos, reasentamiento parcial en siete casos y compensación monetaria en otros siete casos. “Esto significa que en el 72% de los casos sobre los que hay información disponible, el Estado no reasentó o reintegró a las personas afectadas”, afirma el informe.
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