La Iglesia filipina inaugura un monumento a las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte
El “Dambana ng Paghilom” se encuentra en el cementerio Laloma de Caloocan City. En la bendición estuvieron presentes diplomáticos, religiosos y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Una mujer contó que fue obligada a firmar un documento según el cual su marido, herido de bala, murió de "neumonía".
Manila (AsiaNews) - En un cementerio católico de Metro Manila, la Iglesia filipina inauguró un monumento en memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en las etapas más sangrientas de la "guerra contra las drogas" del ex presidente Rodrigo Duterte, fuertemente combatida por obispos y sacerdotes debido a la violencia que desencadenó. La celebración se llevó a cabo el 1 de mayo con la bendición del “Dambana ng Paghilom” (Santuario de la Sanación) y el entierro de un primer grupo de personas asesinadas arbitrariamente, quienes ahora podrán descansar en el Cementerio Laloma de Caloocan City, en la Región Capital Nacional. El monumento conmemorativo de 36 metros cuadrados fue construido por la Arnold Janssen Kalinga Foundation Inc (Ajkfi) con el apoyo, entre otros, de la diócesis de Kalookan, que donó el terreno.
A la inauguración asistieron más de 250 personas, entre ellas la ex senadora Leila De Lima, el embajador de la UE Luc Veron, su homólogo alemán Andreas Michael Pfaffernoschke, la holandesa Marielle Geraedts, la británica Laure Beaufils y la senadora Risa Hontiveros. Durante la ceremonia, el sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino (SVD), p. Flaviano Villanueva, señaló que el santuario y el columbario son un lugar de descanso y paz para las víctimas. Y es también "una declaración de esperanza", añadió el p. Villanueva, quien explicó que "el mal nunca podrá imponerse si hombres, mujeres, senadores, embajadores, personas de buena conciencia, activistas de derechos humanos, seminaristas, monjas, religiosos y personas marginadas siguen defendiendo la vida, la verdad y la paz".
En 2017 el sacerdote fundó el Programa Paghilom con el apoyo de la Iglesia, que inicialmente ofrecía asesoramiento jurídico y psicosocial a viudas, huérfanos y familias afectadas por la guerra contra las drogas de Duterte. En los últimos meses ha ampliado el programa para incluir la exhumación, autopsia y cremación de personas fallecidas, especialmente las más necesitadas. El P. Villanueva se refirió a la situación de las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que, debido a la pobreza, no pueden proporcionar una custodia digna a los restos de sus seres queridos.
Por eso se decidió construir el Dambana ng Paghilom: "Antes era sólo una esperanza, hoy es una realidad", concluyó el sacerdote filipino. Aurora Blas, viuda de una víctima, dijo que el sitio conmemorativo ayudará a revelar la verdad sobre la violenta y sangrienta campaña de muerte del expresidente. “Cuando nació este proyecto, me sentí muy feliz - afirmó - porque así saldría a la luz la verdad, es decir, que mi marido no murió por causas naturales sino por heridas de armas de fuego”.
La mujer se unió al programa después que mataron a su marido y reiteró que el certificado de defunción indicaba "neumonía" como causa de la muerte a pesar de que el cuerpo mostraba claros signos de heridas de bala, particularmente en el lado derecho de la cabeza. “Aunque la verdad era tan clara para mí y para mis hijos como la luz del día, como yo no estaba muy lúcida y quería que nos devolvieran su cuerpo para prepararlo lo antes posible [para enterrarlo], cerré los ojos y firmé”, añadió Blas. Por último cuenta que la obligaron a firmar una renuncia a cualquier recurso o denuncia contra los asesinos de su marido. Luego de cortar la cinta, los familiares asistieron a la inhumación de 11 urnas que contenían los restos de sus familiares.
Actualmente se encuentra abierta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) para determinar si los asesinatos vinculados a la violenta campaña antidrogas - que también fue investigada por las Naciones Unidas - son el resultado de una política de Estado. Según datos de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el número oficial de muertos en la "guerra contra las drogas" que ordenó el presidente serían más de 6.600. En realidad, según informes de los medios y activistas de derechos humanos, el número de víctimas oscila entre 27.000 y 30.000, incluyendo los homicidios cometidos por los vigilantes.
(Fotos tomadas del sitio web de la Conferencia Episcopal de Filipinas).
