La Haya indaga sobre la guerra a la droga de Duterte, Manila abandona el Estatuto de Roma

El gobierno filipino es acusado de crímenes contra la humanidad. La policía afirma haber matado a unos 4 mil sospechosos por resistencia durante el arresto, pero los grupos por los derechos humanos sostienen que el número sea tres veces superior. Duterte a menudo invitó a las autoridades a matar a los sospechosos prometiendo proteger a los agentes en las consecuencias legales.

Manila (AsiaNews/Agencias)- El gobierno de Filipinas comunicó den vía oficial la decisión de abandonar el Estatuto de Roma, tratado establecido por la Corte penal internacional (CPI). El tribunal para los crímenes internacionales, con sede en La Haya Países Bajos), había lanzado el mes pasado una investigación preliminar sobre las acusaciones de crímenes contra la humanidad en la guerra a la droga deseada por el presidente Rodrigo Duterte. La policía filipina afirma que mató a cerca de 4 mil personas sospechosas que han opuesto resistencia durante el arresto, pero los grupos por los derechos humanos sostienen que el número efectivo es tres veces superior y acusan a las autoridades de homicidio.

El gobierno envió ayer una carta a las Naciones Unidas, que han supervisado los negociados para fundar la Corte, para anunciar que el país se habría retirado del Estatuto de Roma. “La decisión es la posición de principios de Filipinas contra aquellos que quieren politizar y transformar los derechos humanos”, se lee en la nota de Manila.

El secretario de Exteriores, Alan Peter Cayetano, declara que Filipinas han tomado la decisión a causa de la “campaña bien armada para desviar a la comunidad internacional y crucificar al presidente Duterte, distorsionando la situación de los derechos humanos en el país”. El gobierno afirma en la misiva a la ONU que, no obstante el retiro, la nación “renueva su compromiso en combatir contra la impunidad en los crímenes atroces”. Duterte a menudo invitó a las autoridades a matar a los sospechosos de droga prometiendo protegerlos de las consecuencias legales. El presidente también declaró precedentemente que la CPI no habría jamás tenido jurisdicción sobre él.

Mientras tanto, la CPI declara tomar acto de la “decisión soberana” de Manila, pero advierte que la movida no salvará a Duterte del juicio de la Corte si se decidirá proceder con las investigaciones. “Un retiro no tendría ningún impacto sobre los procedimientos en curso o sobre cualquier cuestión que estaba ya en examen de la Corte antes de la fecha en la cual el retiro se volvió efectivo”, afirma la CPI.