La Constitución de Erdogan: una deriva totalitaria que preocupa a Europa y a la oposición turca
Se agudiza el enfrentamiento entre Berlín y Ankara, luego de las acusaciones de “nazismo” lanzadas por Erdogan. El periódico Gunes, partidario del gobierno, publica una foto de Merkel con rasgos similares a Hitler. Las autoridades turcas arrestan a activistas kurdos en la vigilia del Nowruz. En el trasfondo, la votación del 16 de abril. La reflexión de un estudioso y académico sobre las consecuencias de la reforma.
Milán (AsiaNews) – Continúa la escalada de tensión entre Turquía y algunas cancillerías de la Unión Europea, en particular Alemania, con la cual está en acto una verdadera y auténtica mano férrea a nivel diplomático. Ayer, Angela Merkel respondió a los nuevos ataques del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien reiteró las acusaciones de que Berlín lleva adelante “prácticas nazis” al haber negado a los ministros turcos el permiso para celebrar los comicios en suelo alemán (casos similares se han registrado en Holanda).
En el centro de la controversia está la feroz batalla desencadenada por el líder turco en vista de la votación del 16 de abril que, en caso de darle la victoria, garantizaría al presidente poderes prácticamente ilimitados, alterando la Carta Magna y los equilibrios inherentes al Estado.
Ayer, el periódico Gunes, partidario del gobierno, publicó un fotomontaje de la canciller Merkel en el cual se la retrata con rasgos similares a Adolf Hitler, incluido el bigote, difundiendo nuevamente las acusaciones que Erdogan dirigiera a Alemania. Fue inmediata la réplica del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, quien definió como “absurdos” los ataques verbales, agregando que se han “pasado de la raya”.
En respuesta a los ataques, Berlín se muestra dispuesto a prohibir nuevas entradas de líderes turcos para participar en reuniones electorales a favor de Erdogan en Alemania. El gobierno alemán, explica una nota, “se reserva el derecho” de “volver a examinar las autorizaciones”. Ayer, en tanto, en Frankfurt salieron a las calles 30.000 manifestantes filo-kurdos, que proclamaron a viva voz su oposición al referéndum que se celebrará en Turquía. Fue inmediata la réplica -enfurecida- de Ankara, que convocó al embajador alemán para condenar dicha manifestación. Simultáneamente, el presidente turco confirmó la intención de procesar al periodista turco-alemán Deniz Yucel, recientemente arrestado con la acusación de ser un terrorista y de incitar a la violencia pública.
Por último, han de señalarse los arrestos masivos llevados a cabo en los últimos días por las fuerzas de seguridad turcas, que han abarcado a activistas kurdos en el sudeste del país, en vista de las celebraciones por el Nowruz, que marcan el inicio del año nuevo kurdo. Al menos mil personas terminaron presas; oficialmente, los motivos que se aducen es que éstas están vinculadas a operativos de prevención contra “posibles nuevos ataques” por parte de los milicianos del PKK. En realidad, entre los arrestados no hay combatientes, sino sólo activistas locales y personas activas en la lucha a favor de los derechos humanos, además de miembros locales del Partido Democrático de los Pueblos (filo-kurdo).
En un contexto de represión y de violencia interna, además de la tensión vigente en el marco internacional, Turquía se aproxima a la cita electoral del 16 de abril. A continuación, AsiaNews propone la reflexión de una analista y académico en torno a los cambios que se plantea efectuar a la Constitución, a pedido de Erdogan, y acerca de los equilibrios y ordenamientos del poder que derivarían de los mismos para el país.
La escalada de la incendiaria crisis diplomática desatada entre la Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan y las cancillerías de muchos países de la UE es el reflejo condicionado del agudo conflicto político interno que está atravesando la sociedad turca. El próximo 16 de abril, los electores serán llamados a expresarse sobre la reforma constitucional en clave presidencialista, fuertemente buscada por Erdogan, y que fuera aprobada por el Parlamento en enero pasado.
Sin embargo, los votos del partido del presidente, el AKP (Partido para la Justicia y el Desarrollo), unidos a los del partido de la derecha ultranacionalista, el MHP, no lograron alcanzar el quórum necesario de dos tercios de la asamblea parlamentaria, para hacer que la reforma entrara en vigencia. Da aquí la ensordecedora campaña emprendida a favor del referéndum, que ha impulsado a Erogan a franquear las fronteras de Turquía a través de los mítines de sus ministros en Europa, para obtener el voto favorable de millones de turcos que han emigrado a la Unión Europea. Una jugada que ha provocado una reacción firme de gobiernos europeos.
El núcleo de la cuestión de la reforma constitucional gira en torno a nuevos, enorme poderes que son atribuidos al presidente de la República: facultades que se vuelven necesarias, según afirma el AKP, para fortalecer el rol del Ejecutivo y permitir que éste pueda hacer frente a los atentados dirigidos contra la seguridad del Estado. Entre éstos, el fallido golpe militar ocurrido en julio de 2016 y el terrorismo de impronta kurda que lucha por su independencia, además de la amenaza del Estado islámico (EI). Por ende, la “justificación” oficial que motiva esta reforma es dada por razones de orden público y de seguridad, para garantizar la plena soberanía de Turquía, un leitmotiv que el nacionalismo pan-turco estima mucho.
Actualmente Turquía es una República parlamentaria, basada en un modelo análogo al italiano, en la cual el presidente desempeña un rol más “notarial” que otra cosa, siendo el Parlamento el centro nodal de las decisiones políticas, del cual depende el gobierno mismo. Este sistema fue introducido por la reforma de Kemal Ataturk, que se inspiró en los sistemas políticos occidentales del primer período de la posguerra, y que ha permanecido inalterado hasta hoy, más allá de las reformas que se dieron a lo largo de las décadas.
Los pilares de este sistema están en la garantía que supone la separación e independencia de los tres poderes del Estado: el legislativo que corresponde al parlamento, el ejecutivo al gobierno y el judicial a la magistratura. A ello debe añadirse que, por estricta voluntad de Ataturk, la Constitución siempre ha reconocido en las fuerzas armadas, como institución que vela por la laicidad del Estado, el rol de “custodio” de la Constitución, contra cualquier tentación de derivación religiosa islámica o autoritaria.
¿Cuáles son las principales y sustanciales modificaciones que propone la reforma constitucional tan querida por Erdogan, y qué ventajas aportaría la misma en beneficio del actual presidente?
En primer lugar, el presidente turco también se convertiría en Primer Ministro, a cargo del gobierno, con la facultad de: nombramiento de ministros en forma directa, disolución del Parlamento; emisión de decretos ordinativos capaces de incidir directamente sobre los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, en caso de exigencias de seguridad nacional y de orden público; por último, la declaración del estado de emergencia. Cómo resulta fácil de intuir, semejante concentración de poderes en manos de una dirigencia que ya se distingue por un corte autoritario y autocrático como es el caso de la de Erdogan, suscita no pocas preocupaciones tanto en las cancillerías internacionales como en la misma sociedad civil turca. Prueba de ello es la necesidad de Erdogan de reunir los votos de los emigrantes que viven en Europa, apalancándose en el amor a la patria.
La reforma asesta un duro golpe al principio básico que en las democracias conforma la separación de poderes, puesto que la magistratura pasaría a estar sometida directamente al poder político del presidente de la República. En efecto, a este último se le concede la tarea de nombrar a la mitad de los jueces de la Alta Corte de Justicia, que equivale a nuestra Corte Constitucional y constituye el máximo órgano de justicia. Y no sólo eso, las fuerzas armadas también sufrirían un ulterior debilitamiento de su autonomía, siendo que la reforma prevé la abolición de los tribunales y de los magistrados militares, que pasarían a estar bajo el control del presidente.
De este modo, se anula el llamado “check and balance”, que en la jerga significa el recíproco equilibrio y control entre los diversos poderes del Estado: Parlamento, gobierno y magistratura. Y las fuerzas armadas en rigor se verían apartadas del rol constitucional que históricamente han tenido, como garantes de la laicidad de las instituciones.
Yendo incluso más lejos, la reforma prevé que el nuevo presidente pueda mantener el cargo de líder del propio partido, a diferencia de lo que sucede hoy: esto permitiría una fusión incluso más estrecha de los intereses particulares de una facción, creando en los hechos una especie de partido-Estado con vetas autoritarias de carácter religioso o nacionalista. Un peligro que es resaltado por pocos comentaristas internos no silenciados por la censura, y por la oposición kemalista republicana en el Parlamento.
Por último, de dar rienda suelta a una acusación contra el presidente, el llamado impeachment o proceso de destitución por parte del Parlamento, se impondría una burda mayoría, que, a decir verdad, volvería prácticamente imposible someter a un proceso al mismo presidente”.
En verdad, el presidencialismo es un sistema político que funciona solamente en democracias maduras, donde los partidos mayoritarios y la oposición son ajenos a cualquier tentación autoritaria o peor aún, totalitaria, garantizando los respectivos roles de gobierno y control a través de la independencia de los poderes del Estado. El escepticismo de los gobiernos europeos, y más aún, el temor de una parte consistente de la opinión turca, es absolutamente comprensible, frente a la arrogante deriva autocrática de la política de Erdogan.
04/07/2018 09:59
