La China posterior a Tiananmen: abogados por los derechos humanos, ONGs y cristianos, en la mira de Xi Jinping
Derechos humanos y libertad religiosa: ¿qué ha cambiado en China, a 29 años de las manifestaciones en plaza Tiananmen? De acuerdo al Prof. Joseph Y.S. Cheng, la situación incluso habría empeorado. Por gentileza de la Jamestown Foundation
Hong Kong (AsiaNews) - Las protestas masivas que tuvieron lugar en mayo-junio de 1989 –y que culminaron con la matanza de manifestantes desarmados, conocida como “La Masacre de la Plaza Tinanamen”- fueron, con toda probabilidad, el desafío popular más significativo que haya tenido que afrontar el control del Partido Comunista en sus 69 años de historia en la República Popular de China. Muchos de los ciudadanos preocupados que tomaron las calles en aquellos meses, esperaban que el gobierno implementase reformas políticas, que combatiese la corrupción y que abrazase los derechos humanos.
Desde la represión de los incidentes de Tiananmen, a pesar de haberse disparado un crecimiento económico, prácticamente ha sido poco o directamente nulo el progreso alcanzado en cualquiera de las aspiraciones de aquellos manifestantes. El régimen del Partido ha introducido reformas políticas que no son serias, y la clase intelectual liberal de China, obviamente, ha perdido toda esperanza en el Secretario General del Partido Comunista Chino (PCC) Xi Jinping, cuyo reinado se ha tornado cada vez más autoritario (China Brief, 8 de marzo). Los intentos del PCC de enterrar cualquier huella de memoria colectiva en relación a los incidentes de Tiananmen resulta emblemático de este retroceso; gran parte de la juventud contemporánea china tiene escasa idea de lo ocurrido aquella noche en Beijing, mientras que la gente de Hong Kong –que se supone goza de la libertad de expresión y de opinión- recientemente fue advertida de abstenerse de cualquier llamamiento público a “poner fin a la dictadura del Partido único” por parte del ex alto funcionario de la RPC [Wang Guangya] que fuera administrador del territorio (SCMP, 25 de abril).
Es más que evidente que Xi cree que la estabilidad política y social está estrechamente conectada con la lealtad absoluta al PCC. En consecuencia, ha agudizado el control del Estado sobre Internet y las redes/ medios sociales, demandando que los medios masivos oficiales juren lealtad política al PCC, llegando al punto de decir que ellos debieran “adjuntar el Partido a su nombre” (VOA Chinese, 26 de febrero, 2016). Tanto él como el PCC han utilizado instrumentos de represión reforzados para apuntar a grupos que buscan afirmar los derechos individuales a la justicia y a la autonomía frente a los controles ejercidos por el Partido.
Hay tres grupos que se destacan especialmente, tanto por su voluntad para plantarse contra la ortodoxia ideológica en que hace hincapié Xi, como por las consecuencias que han tenido que sufrir a raíz de ello: los abogados por los derechos humanos, los grupos de trabajadores autónomos y las iglesias subterráneas [clandestinas, no oficiales –ndt]. Durante la administración de Hu-Wen, todos ellos fueron sometidos a un hostigamiento sostenido por parte del Estado, si bien aún conservaban cierto espacio para poder operar. Como parte de las medidas represivas adoptadas por la administración de Xi en el ámbito de las organizaciones y la expresión, estos grupos ahora son vistos como una amenaza para el régimen del Partido, y tratados en consecuencia.
Abogados en defensa de los derechos humanos
La suerte que ha tocado a los abogados por los derechos humanos en China, es quizás el mejor ejemplo para comprender este nuevo clima que se respira. El 9 de julio de 2015, las autoridades chinas expulsaron, detuvieron o sometieron a interrogatorio a cuando menos 159 abogados y activistas en todo el territorio de China, en lo que rápidamente dio en llamarse el “Incidente 709” (RFA, 24 de septiembre, 2015). Estos 159 individuos eran célebres por sus intentos de utilizar el sistema legal de la RPC para proteger los derechos de sus clientes, incluso de aquellos que estaban afrontando desalojos por la fuerza y persecuciones debido a sus creencias religiosas.
Los líderes chinos anteriores procuraban respaldar el imperio de la ley, al menos nominalmente, y elogiaban a los abogados por los derechos humanos que prestaban su apoyo en pos de este objetivo. [1] . La administración de Xi ha profundizado la brecha que rige entre retórica y acción, llegando a un grado asombroso. En reiteradas oportunidades, Xi ha recalcado la necesidad de que la sociedad esté “basada en leyes”; pero su administración ha catalogado a los abogados por los derechos humanos como una amenaza, pese a que ninguno de ellos tiene la pretensión de desafiar al régimen del Partido.
Las autoridades chinas presentaron cargos criminales bastante indefinidos contra los abogados defensores de los derechos humanos y contra los activistas, cargos que podían llegar a tener nombres como “generación de desorden” “perturbación del orden social”. Desde mediados de la década del 2010, cada vez fue más frecuente que se sacara a relucir la acusación de “incitación a la subversión del poder del Estado”, un cargo de imputación grave, que puede ser penado con hasta 10 años de prisión, o incluso más. También suele ser frecuente que abogados y activistas sean juzgados públicamente y que el juicio sea transmitido por TV, en cadena nacional, donde se los alienta a confesar “voluntariamente” sus crímenes. Estas “confesiones” son utilizadas para justificar arrestos y procesos, además de para humillar a los activistas. Se cree que algunas de estas “confesiones” fueron extraídas valiéndose de torturas, las cuales, ateniéndose a los relatos de los reclusos, son prácticas ampliamente utilizadas por la maquinaria de seguridad pública en China.
Los medios oficiales ahora caracterizan a esos abogados defensores de los derechos humanos como una “importante pandilla de criminales”, acusándolos de “agitar varias cuestiones graves referidas a la opinión pública” y de “entorpecer los procesos legales”. La represión sigue vigente todavía hoy, y la lista de abogados afectados se ha ido ampliando, llegando a abarcar muchos más que los 159 que se contaban en un principio (China Human Rights Lawyers Concern Group, 17 de mayo).
Trabajo y ONG
Luego de un breve período de apogeo, los movimientos de trabajadores también han sido víctimas de la represión. En 2014 la desaceleración de la economía, acompañada por un aumento de salarios a causa de la falta de mano de obra, forzó el cierre o bien el traslado de algunas fábricas hacia el Interior del país, a menudo sin brindar compensaciones adecuadas a los trabajadores afectados. El resultado directo fue una serie importante de huelgas, que llegaron a duplicarse, según da cuenta el registro que lleva adelante el China Labour Bulletin, la organización activista con sede en Hong Kong, con 656 medidas de fuerza en 2013, y 1,378 en el 2014 (China Labour Bulletin, Abril de 2015).
Las autoridades vieron las huelgas como incidentes masivos que amenazaban la estabilidad social, y su respuesta se concentró en los denominados “grupos de trabajadores autónomos” –organizaciones dedicadas a colaborar en pos de la organización de los trabajadores. Estos grupos fueron rotulados como “agitadores”, y muchos activistas fueron expulsados de sus hogares y lugares de trabajo, luego de que la policía comunicara a sus empleadores que ellos eran sujetos políticamente peligrosos (Reuters, 2015).
También en este caso, la administración de Xi superó por lejos la obra de su predecesor Hu-Wen en su determinación de erradicar cualquier indicio de una agenda que no fuera la suya propia. Comenzando en 2010-2011, las autoridades chinas se abocaron a cooptar los grupos de trabajadores autónomos y las ONG, arrastrándolas a la órbita oficial y a este propósito, facilitándoles su registro formal e intentando involucrarlas en la asistencia a través de los servicios sociales públicos (Cheng, 2012, en idioma chino). [2] Los grupos que llegaron a un acuerdo, ganaron en términos de financiación y apoyo político, pero perdieron su autonomía a cambio. Los que se negaron a un acuerdo, pronto se convirtieron en blancos de la represión política.
Iglesias subterráneas y religión
El Cristianismo -y en particular, las iglesias domésticas- son consideradas un peligro por parte de las autoridades chinas, tanto por su status como por el hecho de ser un potencial vehículo de influencias externas, y por su potencial de contribuir en un proceso de democratización. Allí donde operan, las iglesias domésticas han generado cambios significativos en las relaciones entre sociedad y Estado de China, y al mismo tiempo han tenido un impacto en los valores y en el pensamiento de las personas que asisten a ellas (Journal of Comparative Asian Development, 2014). Esto explica por qué la dirigencia china tolera las formas tradicionales de culto, pero ha pasado a poner freno a la propagación del Cristianismo. En abril de 2016, Xi Jinping dio un importantísimo discurso, en el cual se refirió a la religión; él puso en guarda sobre “la infiltración proveniente del extranjero, que se vale de la religión como medio” y llamó a las religiones a “sinizarse” o a “adoptar características chinas” (Human Rights Watch, 2017: 9) (SCMP, 25 de abril, 2016). Aparentemente, al decir esto, tenía en mente el Cristianismo.
La ciudad suroriental de Wenzhou, famosa por su espíritu emprendedor y por su lazos con el mundo exterior, devino el principal frente de esta nueva lucha, Muchos hombres de negocios de Wenzhou son cristianos conversos, y se han abocado a vivir la ética protestante a través de un compromiso activo en actividades caritativas dentro de su comunidad (Journal of Comparative Asian Development, 2014). Su recompensa ha sido la represión. En el 2015, hubo muchos cristianos de Wenzhou que terminaron detenidos por resistirse a una orden provincial que indicaba remover las cruces del exterior de las iglesias, ateniéndose a la campaña de Sinización de Xi. Algunos de los individuos detenidos fueron liberados al año siguiente; otros no. (Human Rights Watch, 2017: 8-9)
En septiembre de 2016, el PCC dio un paso más, y publicitó borradores de una revisión de las restrictivas normas en materia religiosa, inicialmente promulgadas en 2005. Las revisiones estipulaban que la religión debía “proteger la seguridad nacional” y que se debía prohibir viajar al extranjero para participar en encuentros sobre religión, a los individuos y grupos de instituciones religiosas que no estuviesen “oficialmente aprobados” (Human Rights Watch, 2017). Antes de 2018, las organizaciones de la práctica religiosa debían registrarse en la Administración Estatal de Asunto Religiosos (State Administration for Religious Affairs , SARA), un organismo del gobierno. SARA fue disuelta en el mes de marzo de 2018 luego de una amplia reorganización encarada por el gobierno en marzo de 2018, y la responsabilidad del monitoreo de las religiones fue encomendada al Departamento de Trabajo del Frente Unido, un órgano del PCC (China Brief, 24 de abril).
Un futuro incierto
No hay ningún signo de que la situación de los derechos humanos en China vaya a mejorar. Mientras que Xi ha emprendido medidas drásticas contra las minorías disidentes con una crudeza jamás vista desde Tiananmen, el régimen de su Partido ha sido capaz de mantener un grado de legitimidad a través del gobierno efectivo, el crecimiento económico y la construcción de una red de seguridad social que cubre básicamente todo el territorio nacional. La administración de Xi ha reforzado el gasto en servicios sociales y públicos y los esfuerzos de Xi, tendientes a combatir la corrupción y fortalecer la influencia internacional china, han tenido una aceptación popular.
En un futuro cercano, es probable que China experimente otro incidente como el de Tiananmen, o una versión propia de la Primavera Árabe, pero no por ello menos poderosa, debido a la agudización de las ya de por sí severas restricciones que pesan sobre a libertad de expresión. En mayo de 2016, el gobierno de la RPC solicitó a las compañías de video por internet que vendieran sus acciones al gobierno como un medio tendiente a incrementar el control sobre los contenidos. Tres meses después, en agosto de 2016, el PCC impuso nuevos requerimientos para el contenido de sitios web, incluyendo entre los requisitos que el personal deba monitorear el contenido las 24 horas del día, mientras que el cuerpo que regula los medios a nivel nacional difundió una noticia ordenando a los medios “no promover estilos de vida Occidentales” ni “burlarse de los valores chinos” cuando se reportan noticias sobre entretenimiento.
Ésta y otras restricciones siguen colocando a la sociedad civil de la RPC en una situación que es cada vez más y más difícil, sin la voz ni los recursos para movilizarse. La sociedad civil no está en una posición que le permita confrontar al régimen del Partido, y probablemente tampoco podrá hacerlo durante el segundo mandato de Xi Jinping. En el largo plazo, es posible que incluso pueda menos aún. A pesar de que Xi ha procurado inculcar un nuevo propósito y nuevos fundamentos, hay signos que dan cuenta de una falta de confianza en su régimen. Un segmento considerable de la elite política ha trasladado a sus familias y ha mudado sus pertenencias al mundo Occidental, donde ellos y su descendencia podrán gozar la libertad y la seguridad que ellos denegarían a su propio pueblo. (Ming Pao, 18 de febrero 2014).
Joseph Y.S. Cheng fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Hong Kong. Actualmente se desempeña como presidente de la Alianza por la Democracia verdadera (Alliance for True Democracy) un grupo que reúne a algunas de las más importantes organizaciones pro-democracia de Hong Kong.
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Notas
[1] Para ahondar en el tema, léase “China’s Human Rights Lawyers – Advocacy and Resistance” de Eva Pils.
[2] Para tener una visión más profunda del uso que la administración anterior hizo de las ONG como mecanismo de asistencia para los servicios sociales, véase 從中共的施政綱領觀察其人權立場 [The Chinese Communist Regime’s Human Rights Position Based on Its Policy Programme], por Joseph Y.S. Cheng, in 思與言 [Thought and Words], Vol. 50, No.4 (Deciembre), pp. 123-157. (en idioma chino).
