Kuala Lumpur, redadas policiales contra refugiados birmanos

de Steve Suwannarat

En las últimas semanas, la población de rohinyás -que ya llevan un tiempo viviendo en Kuala Lumpur- se ha visto engrosada por más de 22.000 chin que huyen de la violencia de los militares en Rangún. El gobierno de Putraiaya condena el golpe, pero los inmigrantes birmanos que viven en Malasia ahora se asemejan más a rehenes que a huéspedes bienvenidos y respetados.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Malasia aloja a un importante número de inmigrantes, pero la severidad de las leyes y su aplicación oportunista torna difícil la vida de casi 156.000 refugiados procedentes de Myanmar registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría de los exiliados son de etnia rohinyá y llegaron al país huyendo de varias olas persecutorias. Y desde finales de septiembre, se han unido a ellos más de 22.000 chin, que huyen de la violencia de los militares birmanos bajo las órdenes de la junta que tomó el poder en febrero.

Según el ACNUR, esta presencia se suma a la de cientos de miles de otros inmigrantes birmanos: 550.000 migrantes legales y al menos otros 250.000 birmanos que estarían en una situación de irregularidad.

La política del gobierno de Putrajaya vacila entre un gran número de empleos de bajo nivel ofrecidos a los extranjeros y el uso arbitrario de las leyes de inmigración. Las restricciones impuestas por las autoridades desde marzo de 2020 en virtud de la Ley de Sanidad y el aumento de los poderes otorgados a la policía en caso de emergencia nacional han provocado redadas contra miles de trabajadores irregulares, refugiados reconocidos y solicitantes de asilo.

Según los últimos datos disponibles del año pasado, al menos 15.000 extranjeros fueron detenidos en instalaciones superpobladas y con riesgo de convertirse en focos de infección de Covid-19 (como, de hecho, ocurrió, al menos en parte). Muchas de estas personas son refugiados que aún no han recibido asistencia del ACNUR. Los análisis internacionales indican que entre los detenidos había al menos 350 mujeres y niños. Esto crea una situación de malestar e incertidumbre, según subraya la Red de Derechos de los Refugiados de Asia y el Pacífico. Estos factores, sumados a la merma de oportunidades de trabajo y el miedo a la deportación, también explican las cifras de suicidios entre los inmigrantes, que se cuentan por decenas.

El gobierno de Malasia está entre los que condenan, al menos abiertamente, el golpe de Estado en Myanmar y piden una tregua y el inicio de un diálogo que conduzca al fin de la violencia. Sin embargo, los inmigrantes birmanos que viven en Malasia ahora se asemejan más a rehenes que a huéspedes bienvenidos y respetados.

Es difícil entender por qué las autoridades malasias expulsaron a 1.086 birmanos -pocos días después del golpe de Estado de febrero- forzándolos a volver a un país bajo la dictadura, donde fueron y siguen siendo encarcelados.

Por otro lado, ACNUR confirma que en tanto las autoridades nieguen que los expulsados gozan del estatus de refugiado, desde agosto de 2019 al Comisionado se le impide acceder a los centros de detención para verificar cuáles son los “huéspedes” que tienen derecho a la protección internacional.