Kuala Lumpur, deniegan la ciudadanía a los hijos nacidos de mujeres malasias y extranjeros
El gobierno del flamante Primer Ministro Ismail Sabri Yaakob optó por apelar la sentencia de la Corte Suprema, que la semana pasada había cuestionado la situación discriminatoria. Actualmente solo se concede la ciudadanía a los hijos de parejas mixtas si el padre es malasio. La protesta de la sociedad civil: "Se han traicionado los derechos".
Kuala Lumpur (AsiaNews) - Pasando por alto la sentencia de la Corte Suprema de Kuala Lumpur emitida la semana pasada, el nuevo gobierno de Malasia -cuyo Primer Ministro, Ismail Sabri Yaakob, se presentó hoy ante el Parlamento- confirmó su oposición al reconocimiento automático de la ciudadanía para los hijos de mujeres malasias nacidos de relaciones con ciudadanos extranjeros. El ejecutivo apelará para pedir una revisión de la sentencia, reafirmando una situación discriminatoria, dado que los malasios casados con mujeres extranjeras sí tienen garantizado por ley el derecho a decidir la ciudadanía de sus hijos.
Por este motivo, grupos de la sociedad civil iniciaron inmediatamente acciones de protesta: Family Frontiers -organización comprometida con los derechos humanos relacionados con la familia- lanzó una campaña para recoger firmas contra lo que calificó como una "traición a los derechos". En 24 horas se recogieron al menos 5.000 firmas para la petición de que el gobierno retire la apelación sobre la decisión de los jueces. La ex ministra de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Comunitario, Hannah Yeo, diputada de la oposición, también calificó la medida del gobierno de "insensata y cruel", ya que demostraría el deseo de perpetuar "esta flagrante injusticia".
En la decisión del Gobierno, cuya actuación ha sido delegada a la Fiscalía General del Estado, influyen varios factores. En parte se ve afectada por las políticas tradicionalmente favorables a la mayoría de etnia malaya -algo más de la mitad de la población-, a la que los partidos gobernantes han garantizado espacio y beneficios por conveniencia política y por compartir la fe islámica. Un presunto "sentido común" ha dado lugar a situaciones arbitrarias con respecto a las minorías étnicas y religiosas (los cristianos representan menos del 12% de la población del país). Además, un factor que pesa es la persistente tensión entre el derecho civil y la ley de inspiración religiosa. La segunda suele ser utilizada en el ámbito del derecho de familia y los jueces a menudo recurren a ella para resolver los litigios entre musulmanes. Sin embargo, a veces también se impone a los no musulmanes.
