Kabul, la ONU registró más de 2 mil muertos y heridos desde la llegada de los talibanes

El último informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán denuncia ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por los talibanes. Aunque el nivel de violencia ha disminuido, la situación humanitaria sigue siendo dramática. Solo en los últimos dos meses se han registrado 27 suicidios relacionados con dificultades económicas. Una periodista extranjera fue obligada por los servicios de inteligencia talibanes a disculparse por sus artículos.

Kabul (AsiaNews) - A pesar de una "reducción significativa" de la violencia armada, en los últimos 10 meses ha habido más de 2.000 víctimas civiles en Afganistán, y los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y niñas, no están garantizados para el pueblo afgano. Así consta en el informe publicado ayer por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) sobre la situación del país a casi un año de la reconquista de los talibanes. La represión de las libertades también afecta a los periodistas extranjeros y en los últimos dos meses se han producido al menos 27 suicidios -principalmente de mujeres adolescentes- relacionados con las terribles condiciones económicas en las que se encuentra el país.

Según los datos de UNAMA, más de 118.443 personas fueron asesinadas desde diciembre de 2008 hasta el 15 de agosto de 2021. El peor período fue el mes anterior a la retirada del contingente internacional liderado por Estados Unidos, durante el cual la Misión de la ONU registró el mayor número de civiles asesinados en el mismo período.

Para hacer una comparación, entre enero y mediados de agosto de 2021 la UNAMA reportó 2.091 muertos y 5.309 heridos, de los cuales el 40% eran mujeres y niños involucrados principalmente en enfrentamientos entre los talibanes y fuerzas gubernamentales afganas. Mientras entre el 15 de agosto de 2021 y el 15 de junio de 2022 mataron a 700 civiles y 1.406 resultaron heridos. En este caso, los responsables fueron en su mayoría milicianos de la rama local del Estado Islámico (IS-K, donde “K” significa la provincia de Khorasan). Mezquitas, parques, escuelas y transporte público son los lugares donde se produjeron la mayoría de los ataques.

Cuando terminó la guerra y llegaron los talibanes, disminuyó el nivel de violencia contra los civiles, aunque sigue siendo alto. Al mismo tiempo, a pesar de las promesas de las autoridades de facto (como garantizar a las niñas el derecho a la educación o la amnistía general a las fuerzas de seguridad del gobierno anterior), las violaciones de derechos humanos están a la orden del día.

Desde el principio el objetivo de los estudiantes coránicos fueron determinados grupos de la sociedad, como los funcionarios del gobierno afgano apoyado por la comunidad internacional y las personas acusadas de estar afiliadas al Estado Islámico o formar parte de la resistencia contra el régimen talibán. Solo por dar algunas cifras, en los últimos 10 meses se han registrado 160 ejecuciones extrajudiciales, 178 detenciones arbitrarias y 56 casos de tortura a ex funcionarios de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional del gobierno anterior. A estas violaciones se suman al menos 18 ejecuciones extrajudiciales, 54 casos de tortura y 113 arrestos arbitrarios de personas pertenecientes al Frente de Resistencia Nacional, que opera sobre todo en las provincias de Baghlan y Panjshir. El aparato de inteligencia talibán, también conocido como Istikhbarat, es responsable de la mayoría de las torturas (muchas de las cuales llevaron a la muerte) y ejecuciones.

También se han verificado al menos 217 casos de tratos inhumanos y degradantes por "crímenes morales": personas fueron golpeadas o azotadas y en algunos casos lapidadas por no ir a la mezquita a rezar, por adulterio o por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. El ministerio talibán para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio es el que ha supervisado la mayoría de estas medidas.

Por último, tras las restricciones impuestas a la libertad de expresión y opinión. Al menos 173 periodistas y 65 activistas fueron víctimas de abusos por parte de los talibanes. Los periodistas extranjeros también están obligados a someterse a las normas del Emirato Islámico: la periodista australiana Lynne O'Donnell había tuiteado inicialmente una disculpa por sus artículos sobre Afganistán; cuando salió del país reveló, siempre a través de Twitter, que los servicios de inteligencia talibanes la habían obligado a hacerlo.

La situación de los derechos humanos se ha agravado por la crisis económica sin precedentes que vive Afganistán. En este momento hay 6 millones de personas más que a principios de 2021 que necesitan asistencia humanitaria, necesidad que en total afecta al 59% de la población. Solo en los últimos dos meses al menos 27 personas se quitaron la vida en varias provincias del país. Según informa Tolo News, los motivos que llevaron a las personas a suicidarse estaban relacionados sobre todo con las condiciones de pobreza y dificultad económica.