Hong Kong: penas "ejemplares" para 2019 ante el avance de la ley de seguridad nacional

Penas de hasta 7 años de cárcel por asaltar el Consejo Legislativo donde hoy -tras haber eliminado a la oposición- John Lee quiere conseguir que se apruebe el controvertido proyecto de ley del artículo 23 antes del 31 de marzo. La diócesis de Hong Kong tranquiliza sobre el secreto de confesión: se mantendrá incluso con la nueva normativa. Pero lo más preocupante son los abusos de derechos elementales como el de negar el contacto con un abogado en las primeras 48 horas tras la detención.

Hong Kong (AsiaNews/Agencias) - Doce personas fueron condenadas a penas de hasta siete años de prisión por el asalto y la ocupación de la cámara del Consejo Legislativo de Hong Kong, uno de los gestos más sensacionales (y controvertidos) de las protestas de julio de 2019. La sentencia -muy dura bajo el delito de "motín"- ha llegado hoy justo cuando el "parlamento" hongkonés debate estos días en tiempo récord el Proyecto de Ley del Artículo 23, la versión local de la Ley de Seguridad Nacional, diseñada para endurecer aún más la represión de las voces prodemocráticas en la antigua colonia británica.

Entre los encarcelados por la sentencia dictada hoy por el juez de distrito Li Chi-ho se encuentran el actor Gregory Wong y Ventus Lau y Owen Chow, otros dos conocidos activistas de movimientos prodemocráticos. El 1 de julio de 2019, cientos de manifestantes entraron en el edificio de la Asamblea Legislativa, escribiendo consignas en las paredes y llevando provisiones para los ocupantes. Algunos muebles y retratos de líderes políticos que colgaban de las paredes fueron destruidos. Según el juez Li Chi-ho, además de los daños físicos, este asalto causó efectos sociales "duraderos", "desafiando al Gobierno de Hong Kong y debilitando su gobernanza".

Esta decisión coincide plenamente con el espíritu de la nueva ley que el jefe del gobierno local, John Lee, obedeciendo los deseos de Beijing, quiere que entre en vigor lo antes posible. A pesar de que el proyecto de ley no se publicó hasta el 8 de marzo, en menos de una semana -con sesiones celebradas excepcionalmente también los sábados y domingos- el texto ya fue aprobado en primera lectura por el Consejo, donde se eliminaron todas las voces de la oposición. La burla es que las enmiendas presentadas van en la dirección de un endurecimiento aún mayor. Por ejemplo, se pide no esperar nueve meses para retirar el pasaporte a los acusados de "sedición" que huyan al extranjero, sino proceder de inmediato. Entre otros pasajes más duros del artículo 23: el endurecimiento hasta la cadena perpetua de las penas por delitos como "traición", "insurrección", "amenaza a la soberanía de China", la ampliación de 48 horas a 16 días de la detención policial antes de presentar cargos en casos relacionados con la "seguridad nacional", y el derecho a denegar la entrevista con un abogado durante las primeras 48 horas tras la detención.

Entre las cuestiones que más preocupan está la introducción de un delito tipificado como "traición por imprudencia", que castiga con hasta 14 años de cárcel a quien tenga conocimiento de una conducta que "atente contra la seguridad del Estado" y no la denuncie. En los últimos días se había expresado preocupación por su impacto en las comunidades religiosas, por ejemplo en lo que se refiere al "secreto de confesión" en las comunidades católicas. Por ello, la diócesis de Hong Kong intervino ayer con un comunicado en el que aseguraba que, aunque reconoce "que todo ciudadano, como tal, tiene obligaciones para con la seguridad nacional, la legislación del artículo 23 no alterará el carácter confidencial de la confesión (el sacramento de la reconciliación) de la Iglesia".

El jueves 14 de marzo, la cuestión también había sido planteada durante el debate en el Consejo Legislativo por el reverendo Peter Koon, figura del ala pro-Beijing dentro de la Iglesia Anglicana de Hong Kong, que había preguntado si se concederían exenciones a los clérigos. El Secretario de Justicia, Paul Lam, respondió argumentando que el alcance del delito de traición es "claro y específico" y que las posibilidades de encontrarse con una "circunstancia extrema", como cuando alguien se entera de un plan para iniciar una guerra, son bastante bajas. "Ya se trate de trabajadores religiosos o sociales, se hablará con ellos. Pero nos resulta muy difícil ofrecer exenciones", añadió Lam. "La traición es un asunto muy serio. Si está en juego la seguridad nacional, creo que hay que encontrar un equilibrio para cumplir los deberes de lealtad".

Mientras tanto, el gobierno de Hong Kong sigue apretando el acelerador para que la medida se apruebe lo antes posible. Ayer se anunció que -al contrario de lo que suele ocurrir- el Consejo Legislativo no esperará diez días antes de iniciar la segunda y tercera lectura de la medida. Empezará de inmediato con un calendario que actualmente prevé que esta ley, que pone fin a las libertades que el principio "un país, dos sistemas" debía garantizar en Hong Kong, se promulgue ya el 31 de marzo.