Hong Kong, con la intervención del fiscal, se reanuda el juicio contra el cardenal Zen

La fiscalía afirma que el fondo humanitario administrado por el cardenal y cinco activistas demócratas era de naturaleza política y por lo tanto debía ser registrado. La defensa habla de legislación inconstitucional. El juicio continuará el 31 de octubre, con la intervención de los abogados defensores.

Hong Kong (AsiaNews) - El juicio contra el Card. Joseph Zen Ze-kiun y cinco conocidos miembros del frente democrático. La fiscalía de la ciudad acusa a los imputados de no haber registrado correctamente un fondo humanitario del que eran fideicomisarios.

El 11 de mayo la policía arrestó al obispo emérito de la ciudad y a los demás acusados por el gravísimo cargo de "colusión" con fuerzas extranjeras, un delito contemplado por la draconiana ley de seguridad que impuso Beijing hace dos años. Sin esta incriminación, los acusados podrían recibir una multa máxima de 1,750 dolares.

Junto con el cardenal de 90 años fueron incriminados la reconocida abogada Margaret Ng, la cantante y activista Denise Ho, el ex diputado de la ciudad Cyd Ho, el profesor Hui Po-keung y la activista Sze Ching-wee terminaron en el bar. Cyd Ho ya está en la cárcel por participar en una manifestación no autorizada. Por la misma acusación se encuentran en la cárcel numerosas personalidades demócratas, entre ellas el magnate católico de los medios Jimmy Lai.

Hasta que fue cerrado, hace aproximadamente un año, el Fondo 612 ayudó a miles de manifestantes prodemocráticos que habían participado en las protestas de 2019. Los acusados se declararon inocentes; sus defensores sostienen que la organización benéfica no tenía la obligación de registrarse según la Ordenanza de Sociedades. La defensa afirma que dicha ley es inconstitucional, porque la definición de "sociedad" que ofrece es ambigua y sus exigencias van más allá de lo necesario para proteger la seguridad nacional y el orden público.

La acusación argumenta, en cambio, que el Fondo 612 era de naturaleza política y, por lo tanto, no podía calificar para la exención del registro público. El fiscal Anthony Chau Tin también funda sus razonamientos en el hecho de que la organización benéfica manejaba importantes donaciones (unos 58 millones de dólares), además de organizar conferencias de prensa y eventos para recaudar fondos, patrocinar 29 campañas políticas y contratar personal.

La jueza de la Corte de West Kowloon, Ada Yim Shun-yee, aplazó el juicio hasta el 31 de octubre, cuando tomarán la palabra los abogados defensores.