Hong Kong, Beijing presiona cada vez más en favor de ‘un país, un sistema’

de Paul Wang

Para Chris Patten, “Beijing quiere asfixiar a Hong Kong”. Definido por muchos como “un hombre de Xi Jinping”, Luo Huining busca expulsar a la oposición del parlamento. Los jueces denuncian las presiones de Beijing, que procura preservar el poder “del partido único”. La confusión en el gobierno de Hong Kong, que termina alineándose detrás de Luo Huining.

Hong Kong (AsiaNews) – Con el arresto de 15 personalidades demócratas y con la reivindicación de que la Oficina de relaciones entre Hong Kong y China (el Liaison Group) no está obligada a respetar la autonomía del territorio, quizás haya llegado a su fin el tan proclamado experimento expresado en el eslogan “un país, dos sistemas”. Es lo que dicen varias personalidades de la comunidad internacional, al comentar los arrestos ocurridos hace dos días. Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, dijo que “día tras días… se ve que Beijing quiere asfixiar a Hong Kong”.

Los arrestos no son más que la última jugada, si se traza la cronología de una semana que ha visto una escalada en la reivindicación de poder por parte del Liaison Group, liderado por Luo Huining, para muchos, “un hombre de Xi Jinping” (v. foto).

La primera jugada de esta escalada fue el 14 de abril pasado: la Liaison Office, junto con la Oficina de asuntos de Hong Kong y Macao, lanzó un duro ataque contra los parlamentarios de la oposición, acusándolos de “obstruccionismo dañino” en la labor del parlamento. Se trata de una acusación muy grave, que podría culminar con dimisión de la oposición en el LEGCO.

El mismo 14, citando a tres jueces de Hong Kong que solicitaron permanecer en el anonimato, la agencia de noticias Reuters relató las amenazas de Beijing, que afectan la independencia del poder judicial y el estado de derecho, con miembros del Partido Comunista Chino que exigen que “el estado de derecho sea un instrumento para preservar el régimen del partido único”. Exigen, por tanto, que los jueces no absuelvan a ninguno de los manifestantes del movimiento democrático, arrestados en los últimos meses.

El 15 de abril, Luo Huining empujó al gobierno de Hong Kong a promulgar una ley de seguridad nacional, aduciendo que existen fuerzas extranjeras que han “interferido profundamente” en los asuntos de la ciudad. Cabe destacar que todos los reclamos de democracia expresados por la población en los últimos años siempre fueron vistos por Beijing como una manipulación orquestada por “fuerzas extranjeras”.

Carrie Lam, a cargo del Ejecutivo de Hong Kong, y varios parlamentarios favorables a Beijing, enseguida manifestaron su aprobación, y volvieron a proponer una ley de seguridad (art. 23), que fue rechazada por la población de Hong Kong en el 2003.

El 17 de abril, la Liaison Office declaró que no se sometería al art. 22 de la Basic Law, que prohíbe a los “departamentos del gobierno central” [de Beijing] interferir en los asuntos internos de Hong Kong, ya que ésta – junto con la Oficina de Relaciones con Hong Kong y Macao – son precisamente “oficinas” creadas por Beijing para Hong Kong y no “departamentos del gobierno central”. Por tanto, tienen derecho a realizar observaciones y comentarios sobre los asuntos internos del territorio.

El 18 de abril, el gobierno de Hong Kong defendió las dos oficinas, diciendo que éstas se ajustaban al artículo 22. Sin embargo, acto seguido emitió una declaración en la cual cambiaba de versión y eliminaba cualquier referencia al artículo 22. Al día siguiente, es decir, ayer, difundió otra nueva declaración, en la cual repite al pie de la letra la versión de la Liaison Office. En tanto, los medios locales sacaron a la luz un documento del 2007, en el cual se afirma que la Liaison Office fue constituida en virtud del artículo 22.

Martin Lee, uno de los arrestados hace dos días, dejó en claro que Beijing “está recurriendo a todos los trucos posibles” para demorar la democracia plena en Hong Kong, incripta en la Basic Law [la Constitución de Hong Kong, firmada por Gran Bretaña y China] y prometida dentro de un plazo de 10 años, contados a partir del retorno del territorio a la madre patria.