Haryana también aprobó la ley anti conversiones

Otro estado indio gobernado por nacionalistas hindúes aprobó la ley que crea tensiones entre las comunidades religiosas. El texto establece que el acusado es quien debe probar que no ha obligado a una conversión por la fuerza o el engaño. Con Karnataka, donde una medida similar está en la agenda del parlamento, ya serían 11 los Estados indios donde están en vigor este tipo de leyes.

Nueva Delhi (AsiaNews/Agencias) – La Asamblea Legislativa de Haryana, Estado del norte de la India, también aprobó la controvertida ley anticonversión, la ley estrella de los nacionalistas hindúes que muchas veces se utiliza contra las minorías religiosas. El Prevention of Unlawful Conversion of Religious Bill 2022 se convirtió en ley con el voto favorable del BJP, el partido del primer ministro Narendra Modi al que también pertenece el jefe de gobierno local Manohar Lal Khattar. Este asegura que es una herramienta fundamental para combatir lo que se denomina “love jihad”, es decir, los matrimonios mixtos entre niñas hindúes y jóvenes musulmanes. Los parlamentarios de la oposición del partido del Congreso abandonaron la sala en señal de protesta en el momento de la votación.

Con la aprobación de Haryana las leyes contra la conversión - introducidas por primera vez en Orissa en 1967 - ya están vigentes en 10 Estados indios (Orissa, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand, Uttar Pradesh). Y en Karnataka - donde la tensión entre las comunidades religiosas por el tema del hiyab en la escuela es muy alta-, el gobierno ya presentó el proyecto y la discusión final en el parlamento local se espera para los próximos días, a pesar de las protestas de numerosas realidades, entre ellas la Iglesia católica local.

El texto de la ley que se aprobó en Haryana establece para las conversiones que se hayan producido mediante engaño, uso de la fuerza o medios fraudulentos, penas de 1 a 5 años de cárcel y una multa no inferior a 100.000 rupias (unos 1200 euros). En una cuestión que por su propia naturaleza es difícil de determinar, la ley incluso establece que corresponde al acusado la carga de probar su inocencia.

Si el intento de conversión se hace contra un menor, una mujer o una persona perteneciente a una casta o tribu "desfavorecida", la pena de prisión se eleva a entre 4 y 10 años, más una multa de 300 mil rupias (3600 euros) como mínimo. Este escenario crea un clima generalizado de sospecha a pesar de que la Constitución india afirma el principio de la libertad religiosa.