G20: Yakarta dispersa protestas pacíficas por los derechos humanos en Papúa

Amnistía Internacional pidió a los líderes mundiales -reunidos hoy y mañana en Bali- que presionen para que se respeten los derechos humanos en Indonesia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha estado recogiendo informes del gobierno y de la sociedad civil en los últimos días. La violencia contra la población civil ha aumentado en el último bienio.

Jayapura (AsiaNews) - Los líderes del G20, que participan hoy y mañana en la cumbre de Bali, "deben pedir al gobierno indonesio que cumpla con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, a reunirse pacíficamente y de asociación". Esta fue la declaración emitida hoy por Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, después de que las fuerzas del orden disolvieran las protestas pacíficas cuyo objetivo era llamar la atención internacional sobre el conflicto en la provincia de Papúa y el incumplimiento de los derechos humanos por parte de Yakarta.

En Twitter, la activista de derechos humanos Veronica Koman denunció la detención de al menos 18 manifestantes en Jayapura y pidió la intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Hay que mencionar que el 9 de noviembre se celebró en Ginebra la 41ª sesión del Examen Periódico Universal (Universal Periodic Review, UPR), un programa de revisión periódica de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. Los activistas cuestionaron las declaraciones del representante del gobierno indonesio, el ministro de Justicia Yasonna Laoly, pues consideraron que eran "contrarias a la situación real, sobre la cual la sociedad civil indonesia ha informado a través de un reporte alternativo". En cuanto a la situación en Papúa, explicó la responsable de las campañas locales de Amnesty, Nurina Savitri, "el gobierno sólo ha informado de la situación desde el punto de vista del desarrollo de infraestructuras y del bienestar, a pesar de que la violencia continúa".

La isla de Nueva Guinea está dividida en tres: la parte más oriental es Papúa Nueva Guinea, un estado independiente; en el centro se encuentra la gran provincia de Papúa, mientras que el extremo oeste forma Papúa Occidental. Estas dos últimas regiones pertenecen a Indonesia, pero desde los años 60 se libra un conflicto permanente contra el gobierno indonesio al que los movimientos armados de liberación han exigido la creación de una Gran Papúa independiente. En 1962, Indonesia se anexionó el territorio, rico en recursos, a través de un referéndum que fue etiquetado como una farsa. En 1965 varias milicias se unieron bajo el paraguas del Movimiento Papúa Libre (Free Papua Movement, FPM). Ayer, al menos siete estudiantes papúes fueron detenidos por agitar la bandera de rayas azules y blancas con la estrella sobre un campo rojo, emblema del FPM.

Con anterioridad, en marzo de este año, la ONU había denunciado los abusos perpetrados por el gobierno contra los aborígenes papúes -desapariciones extrajudiciales y asesinatos, incluso de menores, entre otros casos. Según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un programa de seguimiento de conflictos, durante 2021 la violencia se incrementó en un 80% en comparación con 2020. Además, desde 2018, los enfrentamientos armados se han extendido fuera de la zona geográfica tradicional en la que opera el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB), el principal grupo armado de la región.

En los últimos dos años, también ha aumentado la violencia directa contra los civiles papúes tanto por parte de las fuerzas estatales como de los milicianos del TPNPB. Las fuerzas de seguridad indonesias reprimieron y dispersaron las protestas pacíficas protagonizadas por papúes con mayor frecuencia, en comparación con otras en las que no estaban implicados.