Explosión en el puerto de Beirut: división en el poder judicial libanés
El Fiscal General Ghassan Oueidate abre un procedimiento contra Bitar, responsable de la investigación. Se lo acusa de (presuntos) delitos de "rebelión contra la justicia" y "usurpación de poder". Le impusieron la prohibición de salir del país. Se dispuso la liberación de las 17 personas detenidas hasta el momento, sospechosas de estar implicadas y a la espera del juicio.
Beirut (AsiaNews) - Se produjo una grave ruptura en el seno del poder judicial ayer, cuando el fiscal general del Tribunal de Casación Ghassan Oueidate citó al magistrado Tarek Bitar, titular de la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. El fiscal presentó varias causas contra Bitar por "rebelión contra la justicia" y "usurpación de poder", imponiéndole también la prohibición de salir del territorio libanés.
El día anterior, el propio Oueidate había recibido una citación de Bitar, junto con otras personalidades de los ámbitos jurídico, militar y político. Un estudio para restablecer y reactivar una investigación paralizada desde hace 13 meses refuta todos los argumentos, medios jurídicos y excepciones esgrimidos contra Bitar, basándose en sospechas y prerrogativas legítimas, para obligarle a entregar el expediente.
La citación de Oueidate va acompañada de otra decisión: la de poner en libertad a las 17 personas detenidas en espera de juicio desde que comenzó la investigación, entre ellas el director de aduanas Badri Daher, afín al Movimiento Patriótico Libre (CLP), y el director del puerto Hassan Koraytem. La decisión, considerada impulsiva, amplía el alcance de una orden dictada el día anterior por Bitar, que preveía la liberación de siete de ellos y que la policía judicial, bajo el mando de Queidate, no había ejecutado. Hay que decir que Daher no estaba entre las personas que Bitar había ordenado liberar.
Este enfrentamiento parece difícil de resolver, pero tiene el mérito de "hacer estallar la burbuja" y volver a poner el foco en la investigación de la explosión del puerto que causó 235 muertos, miles de heridos e infligió enormes daños en algunos barrios de Beirut. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM), presidido por Souheil Abboud, se reúne hoy para debatirlo, pero las esperanzas de que surja algo más que una nueva polémica son escasas debido a la politización del expediente.
La decisión de Oueidate es fuertemente contestada por los familiares de las víctimas y la magistratura. Bitar recordó que el fiscal había sido relevado del expediente debido a su vínculo familiar con uno de los acusados que citó el propio magistrado. Se refiere al ministro libanés de Transportes, Ghazi Zeayter, miembro del movimiento chií de Amal.
Según una fuente judicial autorizada, que pide mantenerse en el anonimato, ambos magistrados se excedieron en sus prerrogativas y ambos deberían ser llamados al orden por el Consejo Superior de la Magistratura. Según esta fuente, Bitar se dejó llevar más por el "estado de necesidad" -el de hacer avanzar la investigación- que por argumentos legales. En cualquier caso, la fuente cree que "la liberación de todos los detenidos no debería haberse producido".
Al tiempo que consideraba la iniciativa de Oueidate una "flagrante violación de la ley", Bitar se comprometió a "no abandonar el caso antes de formalizar la acusación". Mientras tanto, los familiares de las víctimas convocaron ayer a una concentración masiva ante el tribunal, a la que deberían sumarse miembros del movimiento de protesta y del partido Kataëb.
Debilitamiento de las instituciones
Este conflicto en la cúpula del poder judicial debilita aún más la credibilidad de las instituciones, socavada en el plano constitucional por el retraso en la elección de un nuevo presidente de la República y, desde el punto de vista económico, por la depreciación de la moneda nacional. Según los economistas, la lira libanesa perdió hasta el 97% de su valor, sumiendo a gran parte de la población en la precariedad extrema y paralizando el sistema escolar, que está en huelga desde hace tres semanas, y el sector hospitalario, donde los pacientes que quieren ser ingresados o tratados deben presentarse con sus propios medicamentos.
Sólo el cuerpo de policía sigue dando muestras de cohesión, en parte gracias a donaciones externas. En este sentido, la embajadora de Estados Unidos, Dorothy Shea, acaba de anunciar una donación de más de 72 millones de euros, que garantiza un complemento salarial mensual adicional de cien euros durante seis meses a cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Interior.
21/02/2024 14:55
