Estado de Kachin: al menos 17 muertos en el derrumbe de una mina de jade

La junta militar birmana impidió que los equipos de rescate entraran en el lugar del desprendimiento. Los intentos de la Liga Nacional para la Democracia de reformar el sector se desvanecieron tras el golpe de Estado del año pasado. La minería y el contrabando de gemas con destino a China siguen siendo una fuente de ingresos para los generales y algunas milicias étnicas.

Rangún (AsiaNews/Agencias) - La guerra civil entre el ejército birmano y las milicias étnicas, que desde hace 13 meses asola el país, no detuvo la explotación de los recursos y tampoco de los trabajadores. Al menos 17 personas quedaron sepultadas tras un derrumbe en una mina de jade en el estado norteño de Kachin. El derrumbe se produjo hacia las 22.30 horas del 28 de febrero, cerca del distrito de Hpakant. Yangon Technical and Trading, la empresa propietaria del yacimiento, vinculada a la Junta Militar de Birmania, ha impedido hasta ahora que los equipos de rescate accedan al lugar. Según fuentes locales, al menos 40 personas permanecen atrapadas.

Global Witness es una organización que documenta la explotación de los recursos naturales en todo el mundo. En 2014 estimaba que el mercado del jade representaba más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de Myanmar, con 31.000 millones de dólares (28.000 millones de euros). Otras estimaciones afirman que el 90% del jade comercializado en todo el mundo procede de las minas locales. El hecho es que decenas de personas mueren cada año en los sitios mineros birmanos, a causa de la escasa regulación de la industria minera. Tras el golpe de Estado encabezado por el Tatmadaw (el ejército birmano) el primero de febrero del año pasado, se extinguió cualquier posibilidad de promover reformas en el sector. La industria minera birmana suele emplear a trabajadores migrantes que remueven la tierra con sus propias manos, sin ningún tipo de protección. Los productos se venden (ilegalmente), sobre todo a China.

"Los derechos de los trabajadores de las minas de jade nunca están garantizados por la ley: cada vez que mueren en un derrumbe, sus familias reciben una pequeña indemnización", explicó un activista medioambiental, tras el anonimato, a Agence France Press. Muchos de los mineros trabajan en negro y son adictos a las drogas para soportar las duras condiciones de trabajo.

Para extraer las piedras preciosas en un primer momento se utiliza dinamita, que es importada al país por Aung Pyae Sone, el hijo del jefe de la junta militar actualmente en el poder, el general Min Aung Hlaing. Quien lo explica es Keel Dietz, coautor del último informe de Global Witness publicado el año pasado, en declaraciones a Al Jazeera. Tras la explosión, los escombros son recogidos por máquinas y los mineros los examinan. Hpakant es tristemente célebre por ser una zona de alto riesgo de desprendimientos, a menudo provocados por las fuertes lluvias: en 2020 murieron al menos 300 trabajadores en el peor accidente registrado en el país.

Durante la anterior guerra civil, en la que se enfrentaron las milicias de la etnia kachin y el ejército birmano, las gemas y las piedras preciosas financiaron a ambos bandos del conflicto. Sin embargo, en la década de 1990, el Tatmadaw controlaba la región de Hpakant, y no fue hasta 2016 cuando la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi, consiguió aplicar una serie de reformas, como la suspensión de nuevas licencias, para cortar el círculo vicioso de corrupción, conflictos étnicos y comercio de gemas.

Antes del golpe, los mandos militares recibían sobornos para dejar pasar a los contrabandistas por los puestos de control de Hpakant a Myitkyina y Mandalay. Si el vendedor chino ganaba 500 dólares con la venta de las piedras verdes, el intermediario obtenía 150 dólares y el minero 60. Tras el golpe, las milicias étnicas concentradas a lo largo de las fronteras del país incrementaron su participación en el contrabando ilegal de gemas para financiar la compra de armas.

Recientemente, la Unión Europea intentó aplicar sanciones para eliminar otras fuentes de ingresos de la junta birmana, como las empresas de petróleo y gas, dos industrias que entre 2020 y 2021 generaron ingresos por 1.500 millones de dólares en Myanmar.