El presidente de los obispos indios prometió ayuda en Manipur para reconstruir las comunidades

El arzobispo Andrews Thazhath visitó las zonas que desde principios de mayo han sido escenario de enfrentamientos sectarios. Caritas se ha comprometido a entregar ayudas para la reconstrucción de iglesias y escuelas (arrasadas por la violencia) y para los desplazados, que son cerca de 60.000. Según los comentaristas, la situación se ha visto favorecida por las políticas públicas contra las minorías. Hasta el momento sólo han arrestado siete hombres por la violación y acoso a dos mujeres que muestra un video que estuvo circulando en estos días.

Imfal (AsiaNews) - El arzobispo Andrews Thazhath, presidente de la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), visitó las zonas de Manipur que desde principios de mayo han sido escenario de violentos enfrentamientos sectarios, principalmente entre las etnias kuki -también conocidas como zo y predominantemente cristianas- y meitei, en su mayoría hindúes. Se han confirmado al menos 150 muertos y más de 60.000 desplazados, mientras que en los últimos días se difundió un video con fecha del 4 de mayo que muestra el ataque sexual contra dos mujeres, madre e hija.

“Fue desgarrador ver esos lugares que parecían desiertos y destinados a no ser habitados en un futuro cercano, dada la desconfianza y el miedo recíproco que siguen imperando. Nos preocupa igualmente la situación real y el futuro de aquellos que debieron huir de estas tierras y el futuro de sus hijos, en medio de todas esas vulnerabilidades. Tuvimos la oportunidad de visitar algunas escuelas y albergues donde vimos con toda claridad las necesidades y angustias de los niños y ahora tenemos que buscar respuestas sobre cómo podemos construir mejor las comunidades y las instituciones”, dijo el prelado. Mons.Thazhath estuvo acompañado por Mons. Dominic Lumon, arzobispo de la diócesis de Imphal, la capital del Estado del noreste, por el padre Jervis D'Souza, secretario general adjunto de la CBCI y por el padre Paul Moonjely, director ejecutivo de Caritas India.

El ente caritativo de la Conferencia Episcopal ha invertido hasta ahora 30 millones de rupias en ayudas. En su visita, el arzobispo entregó ayudas a los desplazados e inauguró un campamento médico en Pukhou. Varias iglesias, escuelas y campos deportivos parroquiales “que brindaban servicios educativos, sociales y de desarrollo a todas las comunidades, tanto kuki-zo como naga, meitei y otras, quedaron reducidas a cenizas”, sigue diciendo el comunicado de Mons. Thazhath. “La ayuda se está ofreciendo por igual a todas las zonas afectadas. Caritas India se compromete a continuar brindando asistencia para la rehabilitación y reconstrucción de las comunidades. Condenamos todas las formas de violencia, atrocidades y ataques, especialmente contra nuestras instituciones, lugares de culto y sectores vulnerables de la sociedad, como mujeres y niños. Estamos igualmente preocupados por el prolongado silencio y la apatía de las fuerzas del orden para contener la violencia. Nosotros pedimos que el gobierno apoye el tejido secular de nuestro país, fortalezca los valores constitucionales y cultive un ambiente de convivencia pacífica entre las diversas etnias”.

El primer ministro indio Narendra Modi sólo rompió su silencio sobre la violencia después que comenzó a circular el video sobre las agresiones sexuales. Incluso antes de que estallara este escándalo ya se habían producido en Manipur varios episodios de tensión: el 11 de abril demolieron tres iglesias en Imphal y poco más de dos semanas después un líder de la organización extremista Meitei Leepun había difundido en Facebook el mensaje de “aniquilar a nuestro tradicional rival de las colinas”. De hecho, la violencia estalló tras una propuesta judicial de asignar a los meitei el estatus de tribu reconocida del que gozan los kuki, que desde siempre han ocupado las tierras más altas. Preocupados de que los hindúes pudieran apoderarse de sus tierras ancestrales, estos organizaron una marcha de protesta pacífica que después derivó en enfrentamientos sectarios.

Varios comentaristas coinciden en que el gobierno local de Manipur, encabezado por el primer ministro Biren Singh, es responsable de haber creado "un ambiente propicio para los disturbios". Desde 2017 el primer ministro -que pertenece al mismo partido ultranacionalista de derecha que el primer ministro Modi, el Bharatiya Janata Party- ha establecido lugares de culto y utilizado figuras históricas para tratar de desplazart a la comunidad meitei del valle a las zonas montañosas. Mientras tanto, los kuki han sido acusados de ser "inmigrantes ilegales", porque son étnicamente cercanos a los refugiados que huyen de la vecina Myanmar, inmersa en un conflicto civil desde hace más de dos años, y de ser "cultivadores de opio" o incluso "narcoterroristas", una acusación que muchos expertos consideran infundada porque todas las etnias están involucradas en el tráfico de drogas en la frontera. El gobierno local también ha intentado crear un registro nacional de ciudadanos para identificar a los "inmigrantes ilegales" utilizando datos biométricos, un modelo que ya se aplicó en el Estado de Assam y fue declarado ilegal por la Corte Suprema de la India.

Mientras tanto, sin embargo, a pesar de que la multitud que rodeaba a las mujeres kuki violadas y maltratadas era -según testigos- de entre 900 y 1.000 personas, hasta ahora la policía solo ha arrestado a siete hombres. Las mujeres declararon que la misma policía las había entregado a la turba y que los crímenes cometidos contra ellas habían sido denunciados hace varios meses, mucho antes de que se difundiera el video.

(con la colaboración de Nirmala Carvalho)