El juicio a Duterte en La Haya y el efecto 'divisor' entre los filipinos

de Stefano Vecchia

Durante la noche, el ex presidente se trasladó en un vuelo privado a la sede de la Corte Penal Internacional para responder a las acusaciones de «crímenes contra la humanidad». Abogados, familiares y simpatizantes trataron de impedir su partida. El juicio corre el riesgo de avivar el enfrentamiento interno entre las familias Duterte y Marcos. De fondo, las elecciones de mayo.

Milán (AsiaNews) - Golpeado por una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), ayer por la mañana el ex presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido a petición de la Interpol al aterrizar procedente de Hong Kong, donde había asistido a una reunión de trabajadores filipinos. De la noche a la mañana, unas doce horas después de su llegada y pese al intento de impedir su salida por parte de sus abogados, familiares y una multitud de simpatizantes congregados ante el aeropuerto militar de Villamor, Duterte embarcó en un vuelo privado con destino a La Haya, sede de la CPI.

Allí le espera un juicio por «crímenes contra la humanidad» cometidos entre 2011 y 2019, es decir, en parte en su papel de alcalde de Davao, la principal metrópolis del sur de Filipinas, y en parte durante su mandato presidencial (2016-2022). Estos procedimientos pretenden, por tanto, arrojar luz y posiblemente conducir a una condena sobre una serie de delitos cometidos (y en parte admitidos, incluso por su propia mano) por Duterte, que ahora tiene 79 años. Están relacionados con la violenta gestión de la ley y el orden en la ciudad de la que ha sido alcalde durante siete mandatos y que aún le tiene como candidato a un octavo en las elecciones de mayo, incluidas las campañas de sus «escuadrones de la muerte» contra diversas formas de delincuencia común y los niños de la calle.

Campañas acompañadas de amenazas y agresiones contra elementos y grupos de la sociedad civil y la iglesia local, que se oponían a sus métodos. Un modo de gobierno que el ex presidente trasladó al ámbito nacional como inquilino del palacio presidencial de Malacañang. Además de la represión constante de toda oposición y de un estilo y lenguaje brutales utilizados incluso con los numerosos críticos a nivel internacional dentro y fuera del cuerpo diplomático, su presidencia se caracterizó por programas populistas y divisivos en la sociedad y la política. Pero, sobre todo, por la «guerra contra las drogas» que fijó como prioridad gubernamental.

Una iniciativa que se lanzó con gran ímpetu al principio de su mandato y que luego se desvaneció ante la creciente oposición política, de ONG y de la Iglesia, que erosionó ligeramente el amplio consenso popular del que gozaba. Y que ha costado, según cifras de Human Rights Watch (Hrw), 12.000 asesinatos (cifras que otros elevan aún más), mientras un inmenso número de reales o presuntos drogadictos, narcotraficantes y traficantes han sido detenidos y hacinados en las ya superpobladas cárceles del archipiélago.

Ante el riesgo de tener que responder por los cargos ante un tribunal internacional, el entonces presidente Duterte había retirado a Filipinas del Estatuto de la Corte Penal con sede en La Haya en 2018. La propia fiscalía del tribunal estimó en 30.000 el número de víctimas de las campañas parapoliciales de Duterte, aunque la orden que llevó a su detención considera en primer lugar 49 casos de asesinatos directamente atribuibles a él durante el periodo examinado.

Lo ocurrido podría tener un efecto divisorio entre los filipinos, tanto por la popularidad residual de Duterte, que cuenta con el apoyo de su hija vicepresidenta Sara, afectada a su vez por una medida de impeachment del Parlamento que aún no ha llegado a su fin; como por la proximidad de unas elecciones que corren el riesgo de convertirse en un referéndum a favor o en contra del ex presidente, sus métodos y el papel que él y su familia han tenido y pueden tener. Más aún en un momento de clara oposición entre éste y la familia Marcos, dinastía política inaugurada por el presidente-dictador Ferdinand Marcos en los años 60 y que hoy ve a Ferdinand Marcos Jr. como presidente y varios cargos políticos en manos de miembros de su familia. La acusación contra Marcos por no oponerse a la extradición podría presionar a su administración en una ronda electoral de mitad de mandato que tiene relevancia político-administrativa, pero también refleja un juicio sobre la actuación de la presidencia.