Ejecución por delitos de drogas reabre debate sobre la pena de muerte en Singapur

de Steve Suwannarat

Las últimas ejecuciones se habían llevado a cabo hace un año. Las autoridades de la ciudad-Estado afirman que la mayoría de la población está a favor del ahorcamiento, pero una investigación cuestiona las cifras del gobierno. También se critica la decisión de multar a los abogados que quieran representar a los condenados a muerte.

Singapur (AsiaNews) - Esta mañana se llevó a cabo la ejecución en la horca de Tangaraju Suppiah, de 46 años, condenado en 2017 por el contrabando de un kilo de cannabis desde Malasia. La ejecución de la sentencia puso fin a una convulsa semana de intentos de suspenderla. La condena se cumplió un año y un día después de la de Nagaenthran Dharmalingam y otros 11 condenados por delitos vinculados a las drogas, después de que se suspendieran las ejecuciones en la horca durante dos años debido a la pandemia de covid-19.

Según el gobierno de Singapur, la aplicación de la pena de muerte cuenta con el abrumador apoyo de la población, favorable en un 83%. Según las encuestas citadas por las autoridades en respuesta a las críticas de diversos sectores, la pena de muerte se consideraría un elemento disuasorio más eficaz que las penas de prisión para frenar la entrada de drogas en la ciudad-estado. Sin embargo, según los críticos con la postura del Gobierno, esta cifra mostraría más la capacidad de persuasión de las autoridades que una postura espontánea de los singapurenses, una opinión que confirmó en 2018 una encuesta de la Universidad de Singapur en la que el 60% de los encuestados dijo saber "poco o nada" sobre la pena capital.

La ejecución de hoy ha restaurado el tema de la pena de muerte como uno de los más polémicos relacionados con la ciudad-Estado. La batalla legal para suspender el castigo no ayudó, pero puso de manifiesto una serie de deficiencias en la jurisprudencia sobre la obtención de pruebas y la confesión que subyacen al juicio y la sentencia consecuentes. Tampoco se atendió a las apelaciones de grupos locales e internacionales contrarios a la pena de muerte, y se ignoró la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Incluso el desacuerdo expresado a través del empresario británico Richard Branson, jefe del Virgin Group, se consideró una injerencia indebida en los asuntos internos. El empresario inició un agrio debate con las autoridades de Singapur a través de su blog, calificando de "desproporcionado" el uso de las ejecuciones contra pequeños traficantes de drogas y personas pertenecientes a minorías. En respuesta, las autoridades de la ciudad lo acusaron de falsedad.

Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas había intervenido el año pasado sobre las limitaciones que se imponen a los abogados defensores, en particular para impedirles estar presentes en las fases decisivas del juicio. Había pedido que se pusiera fin a la práctica de multar a los abogados que pretenden representar a condenados a muerte, una condición que les impide a muchos abogados asumir la defensa de los presuntos delincuentes, que en consecuencia se ven obligados a defenderse ellos mismos ante los jueces.