Ejército filipino y milicias: un homicidio político reabre la polémica
Tres oficiales implicados en el asesinato del gobernador de la provincia de Negros Oriental, Roel Dergamo. Los altos mandos de las fuerzas armadas acusadas prometen reforzar las medidas contra el uso de técnicas y agentes militares con fines delictivos. Pero la colusión con las milicias privadas a sueldo de los poderosos locales es una plaga bien conocida en Manila.
Manila (AsiaNews) - El asesinato del gobernador de la provincia de Negros Oriental, Roel Degamo, reabrió el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en Filipinas.
En la mañana del 4 de marzo, mientras Degamo estaba ocupado organizando iniciativas de asistencia con los dirigentes de los pueblos en su casa de la ciudad de Pamplona, una decena de hombres con uniforme militar abrió fuego, mató a ocho personas, además del gobernador, e hirió a muchas otras.
Hasta el momento son cuatro los sospechosos detenidos por asesinato e intento de asesinato, entre ellos tres oficiales del ejército, dos de los cuales pertenecen a unidades de élite, que se habían ausentado del servicio sin autorización. Un cuarto soldado murió durante la persecución que siguió al ataque. Una acción organizada, llevada a cabo con frialdad, que demostró la preparación militar de los atacantes.
No por casualidad, en una entrevista concedida a la cadena de radio DZBB, el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Medel Aguilar, anunció que el jefe del Estado Mayor había ordenado que se reforzara el servicio de inteligencia asignado a estos casos y que "se establecieran medidas cautelares para que las capacidades adquiridas dentro de la organización militar no puedan ser utilizadas para acciones delictivas".
Ante las críticas que llegan también de la política, los altos mandos del ejército, la fuerza aérea y la marina reiteraron su compromiso de endurecer el proceso de reclutamiento para garantizar que el adiestramiento y la facultad de portar armas no acaben en manos de individuos predispuestos a la violencia.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró que consideraba que el asesinato de Degamo, al que se refería como un funcionario atento a las necesidades de la población, tenía una motivación política. Ordenó a las autoridades competentes que identificaran los lugares donde podrían producirse este tipo de atentados para desmantelar las milicias privadas a sueldo de los poderosos políticos o económicos locales, muchas veces conocidos en Manila, que también utilizan agentes de las fuerzas armadas.
Marcos, que hasta ahora no ha querido señalar expresamente a los mandos militares ni a la policía (a pesar de que se la acusa de violencia y abusos en gran parte encubiertos o impunes) señaló que las autoridades disponen de abundante información y que tienen indicaciones claras sobre cómo llevar a los responsables ante la justicia.
El mes pasado, el gobernador de la provincia de Lanao del Sur, Mamintal Alonto Adiong Jr, resultó herido en un atentado contra el convoy de automóviles en el que viajaba y cuatro de sus guardaespaldas murieron. Y el 19 de febrero, esta vez en la provincia septentrional de Nueva Vizcaya, el alcalde de Aparri fue asesinado junto con otras cinco personas que viajaban con él por sicarios en motocicletas que vestían uniformes de policía.
