Desde 2015 465 ejecuciones. 'Razones Políticas' detrás de las condenas

Los datos correspondientes al período desde cuando el gobierno ha eliminado la moratoria sobre la pena de muerte y son publicados por la ONG Justice Project Pakistan. Punjab es la provincia con mayor número de ejecuciones, que representa el 83% del total. El crimen no ha disminuido desde que se reintrodujo la pena de muerte. Las sentencias de muerte se han hecho "para hacer" espacio en las cárceles superpobladas.

Islamabad (AsiaNews) - Desde diciembre de 2014, es decir, desde que el gobierno de Islamabad eliminó la moratoria sobre la pena de muerte, 465 personas fueron ejecutadas en la horca en Pakistán, que es más de tres a la semana. Lo pone de relieve un informe sobre las ejecuciones elaborado por Justice Project Pakistan (Jpp), una ONG que defiende los derechos de los detenidos. Estos datos hacen de Pakistán el quinto país del mundo en las ejecuciones después de China, Irán, Arabia Saudita e Irak. De acuerdo con Sarah Belal, director ejecutivo de la organización, la cuestión más alarmante es que la pena de muerte reintroducida oficialmente para disminuir los delitos - especialmente los relacionados con el terrorismo - se utiliza sobre todo como un "instrumento político", a veces también para la limpieza de las cárceles superpobladas.

En el 2014, a raíz de la matanza en la escuela militar de Peshawar, realizado por un comando afiliado al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y costó la vida a más de 150 personas (principalmente niños), las autoridades han reintroducido la pena capital para delitos ligados al terrorismo. Algunos meses más tarde, las condenas por implicaciones se han aplicado para otros delitos.

Con 382 ejecuciones, lo que representa el 83% del total, Punjab tiene el récord sobre las otras provincias, no obstante, entre el 2015 y el 2016 la tasa de homicidios ha disminuido en un 9,7%. En Sindh, que ha realizado 18 condenas, los homicidios se redujeron en un 25%. El análisis muestra que el número de homicidios estaba en declive incluso antes del anuncio de la suspensión de la moratoria. Por lo tanto, los activistas señalan que no existe una correlación directa entre la pena de muerte y menos delincuencia p del terrorismo, como lo demuestran los numerosos atentados del último período.

Las dudas de la organización encuentran respaldo en los datos de la investigación, que muestran que sólo el 16% de las ejecuciones fueron impuestas por los tribunales contra el terrorismo (ATC), mientras que la mayor parte de las sentencias de muerte se llevó a cabo por los tribunales de distrito y de sesión, que no tienen jurisdicción sobre casos de terrorismo. Un año después del anuncio de la moratoria, se presentaron más órdenes de ejecución para los enfermos mentales, discapacitados físicos y delitos contra menores de edad.

Saroop Ijaz, abogado y representante de Human Rights Watch para Pakistán, lamenta en el diario Dawn que todos los que han sido enviados a la horca "eran pobres y marginados, carne de forraje ideal para la frágil masculinidad del líder que espera así probar [su] 'dureza’" y que" no son los ricos quienes están en el corredor de la muerte". El abogado también expresó la sospecha de que las ejecuciones se llevan a cabo para hacer espacio en las cárceles, como en el Punjab donde 25 cárceles de 27 superan la capacidad máxima. "El gobierno de Punjab - dice - no está luchando contra el terrorismo y el crimen, sino contra sus demonios y sus propias inseguridades y, en un nivel práctico, contra su propia gente. [...] Parece que los homicidios son una manera de hacer espacio. A tal punto ha llegado la vida humana en una sociedad brutalizada y herida, presidida por un gobierno oportunista y violento."