Derechos humanos: gesto de humanidad a un preso tras la visita del Papa Francisco

Por primer vez en muchos años se le permitió la familia del activista chiita Mohammed Ramadhan entrar en contacto físico con él durante una visita. Su caso fue uno de los que se plantearon con motivo del viaje del pontífice. La sentencia de muerte sería el resultado de una confesión obtenida bajo tortura. La esposa sigue preocupada por su salud.

Manama (AsiaNews/Agencias) - Mohammed Ramadhan -un activista chiíta recluido en el corredor de la muerte desde 2014 por un asesinato cuya confesión supuestamente fue obtenida bajo tortura- recibió permiso para tener contacto físico con su esposa Zainab y sus hijos durante la visita a la cárcel de esta semana. Un pequeño gesto cuando el tema de los derechos humanos en el país ha vuelto a atraer la atención pública mundial con motivo de la visita del Papa Francisco. Por primera vez en años el encuentro se pudo realizar sin la barrera de vidrio que normalmente separa a Mohammed de su familia. El cambio fue una sorpresa para su esposa Zainab, aunque ella sigue preocupada por su salud y cree que no está recibiendo la atención médica que necesita.

La familia de Mohammed Ramadhan fue una de las que apelaron al Papa Francisco con motivo de la visita del pontífice al país. Le pidieron que interviniera sobre la pena de muerte y que defendiera a los presos políticos. Durante la visita del Papa, los familiares de los presos que esperan la pena de muerte se habían reunido exhibiendo carteles al paso de la caravana del pontífice, cuando éste se dirigía a una escuela de Isa Town. En el primer discurso de su viaje de cuatro días, Francisco se dirigió a las autoridades planteando expresamente la cuestión de los derechos humanos y el respeto a los detenidos.

Desde hace años las asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denuncian la práctica en Bahréin de detenciones basadas en violaciones de la libertad de expresión, así como la exclusión de cualquier oposición política por parte de las autoridades. En particular, las críticas están dirigidas a las leyes especiales aprobadas en 2018, discriminatorias y retroactivas, cuyo objetivo, de hecho, ha sido sofocar lo que quedaba de la sociedad civil del país.