Daca: 11 años después del derrumbe del Rana Plaza, aún no se han depurado responsabilidades

de Sumon Corraya

Tres casos siguen pendientes en los tribunales tras la tragedia en la que murieron más de 1.000 trabajadores del sector textil. A principios de año, el Tribunal Supremo intervino, ordenando que el proceso judicial se cerrara en julio. Las víctimas afirman que fueron abandonadas a su suerte, mientras que sólo Sohel Rana, el propietario del edificio, está en prisión.

Daca (AsiaNews) - Once años después del derrumbe del Rana Plaza, el proceso judicial en el que el principal acusado sigue siendo el propietario del edificio, Sohel Rana, aún no ha concluido. Y en Bangladés, segundo exportador mundial de productos textiles después de China, las condiciones de los trabajadores del sector no han mejorado mucho.

El 24 de abril de 2013, el décimo piso del edificio, situado en Savar, a las afueras de Daca, se derrumbó atrapando a unos 5.000 trabajadores textiles. Se tardaron días en recuperar los cadáveres aplastados por los escombros: 1.135 personas, en su mayoría mujeres, murieron y más de 2.000 resultaron heridas, muchas de ellas en grado invalidante.

Inmediatamente después del accidente, se presentaron tres casos: uno por asesinato premeditado, otro por normas técnicas de construcción y otro por presunta corrupción en el diseño del edificio. Ninguno de estos casos ha concluido todavía.

Concebido inicialmente para albergar pequeñas tiendas, con el paso de los años el edificio, en cuyo interior se producía ropa para las mayores marcas internacionales, vio cómo se añadían -sin los permisos pertinentes- al menos dos plantas. La víspera de la tragedia se habían denunciado grietas e irregularidades, ignoradas por Sohel Rana, quien, por el contrario, obligó a los trabajadores a continuar la producción.

En enero de este año, el Tribunal Superior de Daca había concedido al propietario del edificio la libertad bajo fianza, que posteriormente fue revocada a petición del Estado. El Tribunal Supremo intervino, suspendiendo la fianza y ordenando que el caso concluyera en seis meses, para lo que se espera un veredicto en julio de este año.

Pero junto a Sohel Rana, decenas de personas, entre ellas el ex alcalde de Savar, están acusadas de asesinato premeditado. Una revisión de los documentos reveló las razones de los retrasos en el proceso judicial: algunos acusados, funcionarios públicos, fueron primero incluidos, luego suprimidos y más tarde incluidos de nuevo en los pliegos de cargos. Un juicio aparte, sólo para averiguar quién debía figurar en los pliegos de cargos, provocó un retraso de al menos cinco años, de modo que la declaración de testigos no comenzó hasta 2022, casi 10 años después de la tragedia. De los 594 testigos que figuran en la causa, 84 han terminado su declaración. Y sólo Sohel Rana está actualmente en prisión.

Según algunos comentaristas, los retrasos corren el riesgo de no hacer justicia a las víctimas del siniestro. Nilufa Begum, una de las trabajadoras víctimas del derrumbe del Rana Plaza, expresó su frustración a AsiaNews: "Han pasado 11 años y hoy nadie nos apoya. Nilufa ha sido operada 11 veces de la pierna y espera reunir el dinero suficiente para someterse a otra más. Aunque el gobierno la ha indemnizado con 330.000 taka (unos 2.869 euros), señaló que las grandes industrias, los propietarios de los edificios y el gobierno han ignorado su difícil situación y la de todas las demás víctimas.

La sindicalista Taslima Akhter sostiene que, a pesar de algunos avances en las fábricas textiles actuales, la vida de los trabajadores no ha mejorado. Al contrario, las grandes marcas y el gobierno, tras el derrumbe del Rana Plaza, han impedido las protestas y obstaculizado la consecución de justicia, añadió. "Son necesarios más esfuerzos para mejorar las condiciones económicas y de los trabajadores, y es necesario recordar a los que murieron mientras seguimos luchando por los que hoy están aquí con nosotros", afirmó.