Cuando el disidente es mujer: crece la represión de Xi Jinping contra las activistas en China

Un reciente informe publicado por Chinese Human Rights Defenders pone de manifiesto el aumento de la violencia de género perpetrada por el gobierno chino. La requisa sin orden judicial se ha convertido en una rutina, al igual que la obstrucción de procesos judiciales. Las historias de varios defensores de los derechos humanos injustamente encarcelados.

Pekín (AsiaNews) - En los últimos 10 años, coincidiendo con el ascenso al poder del presidente chino Xi Jinping, han aumentado los riesgos y las presiones contra las activistas de los derechos humanos, a pesar de que el Partido Comunista Chino ha predicado la igualdad de género desde su creación. Así lo afirma un informe publicado en los últimos días por la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD), que analiza una serie de casos de violencia perpetrados por el gobierno chino contra feministas y mujeres disidentes.

La forma más común de violencia de género, señala el documento, son las requisas sin orden judicial por parte de agentes estatales en comisarías y centros de detención. Las entrevistas realizadas por CHRD revelaron que se trata de una práctica habitual para humillar e intentar someter a las mujeres activistas bajo custodia del Estado. Las entrevistadas relataron también casos de maltratos verbales y torturas, y señalaron que casi siempre se obstaculizaba el acceso a la justicia para exigir responsabilidades a los autores.

He Fangmei, por ejemplo, defensora de los derechos sanitarios de la provincia de Henan, centró sus actividades contra las vacunas chinas después de que su hija de 7 años quedara discapacitada por un lote defectuoso de sueros. Tras ser sacada a la fuerza de su casa sin que nadie lo supiera, su detención fue juzgada arbitraria por un grupo de trabajo de Naciones Unidas. Liberada temporalmente, en marzo del año pasado volvió a ser detenida, acusada de "bigamia" y "causar problemas". Se le impidió comunicarse con su marido (que cumple una condena de cinco años) y sus tres hijos, de los cuales las dos niñas fueron recluidas en una institución psiquiátrica y el niño en un centro de acogida. Actualmente, He, se encuentra en el centro de detención de Xinxiang a la espera de sentencia.

Huang Xueqin, por su parte, desempeñó un papel clave en el lanzamiento del movimiento #MeToo en China a principios de 2018. Fue detenida en septiembre de 2021 acusada de "incitar a la subversión" y actualmente está recluida en régimen de aislamiento en Guangzhou, donde también ha sido sometida a torturas como la privación del sueño. La activista feminista Li Qiaochu también ha sido acusada de "incitar a la subversión" y no ha recibido atención médica adecuada durante su detención, por lo que sigue sufriendo los efectos secundarios de un tratamiento farmacológico inadecuado. Según la ONU, fue detenida por las autoridades chinas por comunicarse con dos funcionarios que estaban investigando el asunto de las desapariciones forzadas, y había compartido detalles de las torturas infligidas a su pareja, Xu Zhiyong, y a un colega, el abogado Ding Jiaxi. Li tampoco pudo reunirse en persona con su representante legal hasta este año, dos años después de que comenzara su detención, pero hace unas semanas se suspendió el juicio porque los abogados de la activista se opusieron a que el tribunal obstaculizara su capacidad para defender a su cliente.

Ni siquiera las mujeres pertenecientes a minorías se libraron: Kamile Wayit, estudiante uigur de 19 años, fue condenada en marzo de este año por "apoyo al extremismo". ¿Su delito? Compartir un vídeo de protesta en la red social china WeChat, mientras que Chen Jianfang, activista de Shanghai, cumple una condena de cuatro años y medio por "subversión", por intentar que la sociedad civil china respete los mecanismos de derechos humanos de la ONU y protestar contra el régimen autoritario del Partido Comunista Chino declarando su apoyo a la democracia constitucional. Víctima de desaparición forzada en 2019, su juicio comenzó en marzo de 2021.

Por último, el informe menciona el caso de Zhang Zhan, abogada y periodista. En febrero de 2020, había viajado a Wuhan para documentar el encarcelamiento de periodistas independientes que intentaban comprender si había o no responsabilidad china en la propagación del virus Covid-19. Fue juzgada y condenada a cuatro años de prisión por "causar problemas" y las largas huelgas de hambre a las que se sometió y a las que las autoridades penitenciarias respondieron alimentándola a la fuerza han empeorado drásticamente su estado de salud.