Cox's Bazar: Human Rights Watch condena la violencia de pandillas armadas contra los rohingya

Bangladés no protege a los refugiados birmanos en los campos de refugiados y, según la organización de derechos humanos, ni siquiera toma medidas eficaces contra el tráfico de drogas, la trata de personas y los asesinatos. También continúan las brutalidades de la junta golpista birmana en Myanmar. En cuanto a la guerra civil, sin embargo, la última cumbre de la ASEAN terminó (de nuevo) en punto muerto.

Cox's Bazar (AsiaNews/Agencias) - La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de Bangladés de no proteger a los refugiados Rohingya, acosados por verdaderas bandas armadas responsables de tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos en el interior de los campos. Los crímenes más importantes se cometieron el pasado agosto, cuando fueron asesinados dos líderes rohingya, menos de un año después del asesinato de Mohib Ullah, destacado activista por los derechos de la minoría étnica. En la actualidad hay cerca de un millón de refugiados de Bangladés en campos superpoblados entre Cox's Bazar y la aislada isla de Bhasan Char. La mayoría huyen de la persecución del ejército birmano desde 2017.

Human Rights Watch pidió que se presten servicios a los refugiados para denunciar los delitos cometidos por las pandillas, ya que las autoridades bangladesíes obligan a los líderes rohingya a actuar como informantes para contrarrestar a las bandas armadas, pero luego quedan expuestos a represalias.

El representante de Estados Unidos para la Seguridad Civil y el Cumplimiento de los Derechos Humanos, Uzra Zeya, y el enviado para Asuntos del Sur de Asia, Donald Lu, visitaron hace unos días un campamento rohingya en Cox's Bazar, donde HRW documentó al menos 26 casos de violencia, incluidos asesinatos, secuestros, torturas, violaciones y matrimonios forzados. Y esto "sólo" tras recoger 45 entrevistas y testimonios de otras tantas personas entre enero y abril de 2023, que luego se compararon con informes médicos y policiales.

Las víctimas afirman que se enfrentan a obstáculos para obtener asistencia legal y médica, y añaden que las autoridades no proporcionan protección, no mejoran la seguridad ni procesan a los responsables de los crímenes. "Los compromisos adquiridos en el pasado por la primera ministra Sheikh Hasina para proteger a los refugiados rohingya se ven ahora amenazados por grupos violentos y un poder judicial indiferente", explicó Meenakshi Ganguly, de HRW. Señaló que "la intención cada vez más evidente de las autoridades bangladés es repatriar a los rohingya, pero esto no exime al gobierno de su responsabilidad de garantizarles protección".

Según un análisis del International Crisis Group, el deterioro de las condiciones de vida en los campos de refugiados ha llevado a un número indeterminado de rohingya a regresar a Myanmar, y a otros a pagar una peligrosa travesía en barco hasta Malasia o Indonesia. En un intento de aliviar la presión sobre la zona de Cox's Bazar, el gobierno bangladesí aceleró la reubicación de los refugiados en la isla deshabitada de Basan Char, garantizando la construcción de casas de cemento, e intentó facilitar la repatriación de los refugiados a Myanmar, donde se libra un conflicto civil desde hace más de dos años a raíz de un golpe militar que depuso al gobierno dirigido por Aung San Suu Kyi.

Aunque un informe interno de la policía local muestra que entre 2020 y mayo de este año se incautaron 191 armas de fuego y 987 balas, y que 4.755 rohingya fueron acusados de más de 1.720 delitos, también afirma que 96 rohingya fueron asesinados entre 2019 y el 31 de mayo. El inspector general adjunto de la policía de Cox's Bazar dijo que su gente no tiene los recursos para detener el conflicto entre grupos armados dentro del campamento como el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) y la Organización de Solidaridad Rohingya (RSO).

"En realidad, rohingyas indefensos están perdiendo la vida debido a acciones que sirven a los intereses de algunos agentes de la ley para que el problema quede confinado aquí", dejaron entrever desde ARSA, quienes consideran que los informes policiales son poco imparciales. Los agentes creen que la mayoría de los delitos que se cometen en los campos de refugiados son ajustes de cuentas entre facciones de la comunidad de desplazados. El Ministerio de Defensa de Bangladés cree que hay 11 grupos armados activos en el control del tráfico de drogas y de personas en los campos. Activistas, residentes con un cierto nivel educativo y líderes religiosos son los principales objetivos de estas bandas: 16 personas pertenecientes a alguna de estas categorías fueron asesinadas en el primer semestre de 2023.

Mientras tanto, la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) concluyó ayer con un sustancial punto muerto en todos los frentes, por enésima vez. De hecho, los líderes de la región reiteraron su condena a la actual violencia en Myanmar y la organización, liderada en los últimos meses por Indonesia, se limitó a instar a los ministros de Asuntos Exteriores del grupo a permanecer unidos para hacer frente a la escalada del conflicto civil birmano.