Covid-19: aumenta la pobreza, a pesar de los esfuerzos del gobierno

de Ati Nurbaiti

Solo se ha gastado el 43,8% de los 40 millardos de euros destinados a sostener a la población. Hay 28 millones de personas indigentes en el país. El drama de las “jefas de familia”. Miles de indonesios protestan contra la nueva ley de trabajo.

Yakarta (AsiaNews) – En el país crecen la pobreza y la desocupación, a pesar de los esfuerzos del gobierno para paliar los efectos negativos del Covid-19.

Millones de indonesios que perdieron su fuente de ingresos ahora se ven excluidos de la lista de beneficiarios de los mecanismos de sostén, que incluyen transferencias en dinero y asistencia alimentaria. Entre los excluidos figuran los asalariados y los autónomos del sector informal, que absorbe la mayor parte de los 131 millones de trabajadores que conforman la fuerza laboral nacional. Además, las familias han dejado de recibir las remesas de los conyuges y jefas de familia, que ahora están de regreso en el país.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el coronavirus ha incrementado el número de familias pobres en la provincia de Java, desde donde se propagó la infección, y en Bali, que depende por entero del turismo. Por dar un ejemplo, la Oficina de Asuntos Religiosos islámicos de Surabaya (en Java oriental) recibe entre 40 y 50 demandas de divorcio por día. En la mayoría de los casos, la demanda la presentan las mujeres, alegando razones económicas.

Se estima que la desocupación alcanzará a 10 millones de personas para fines del 2020. Además, al menos 28 millones viven por debajo de la línea de pobreza, cuyo corte se fija en un ingreso mensual de 454.652 rupias (casi 26 euros). Todo ello anticipa un ulterior incremento del número de indigentes.

Cada año, cerca de 3 millones de personas buscan trabajo en Indonesia. “Quien no pudo hallar un empleo en relación de dependencia, se vio obligado a iniciar una actividad por su cuenta, para dar de comer a su familia”, escribió ayer en Kompas Teten Masduki, ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas.

A principios de octubre, el presidente Joko "Jokowi" Widodo dijo que ya se había gastado el 76% de los 695 billones de rupias (40 millardos de euros) destinados a las empresas. Sin embargo, los datos muestran que en realidad, el porcentaje es del 43,8%.

Los gastos de seguridad social consumieron el 74% de los fondos disponibles. Sin embargo, en el caso de Salud – que incluye el costo de las vacunas – apenas se utilizó el 25%. Con una población de 270 millones, el país solo cuenta con 1,3 médicos por cada 10.000 habitantes, con menos servicios de salud fuera de la isla de Java. De marzo a octubre murieron 136 médicos, incluyendo 63 especialistas, 92 enfermeros y otros trabajadores de la salud, a causa del Covid-19.

Los expertos piden una distribución más rápida y flexible de los fondos de ayuda, aún cuando ello conlleve un margen de error en las asignaciones. “Con un número masivo de personas vulnerables, el shock económico que implicaría una recesión terminaría arrojando a esta gente a la pobreza”, declaró recientemente el ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati.

En enero, antes de que estallara la pandemia, el Banco Mundial calculaba que la clase media indonesia podría ampliarse, pasando de 52 a 115 millones de personas, de contar con un mejor sistema de educación secundaria. Considerando que antes de la pandemia los indonesios apenas podían gastar, en promedio, entre 532.000 y 1,2 millones de rupias (31-70 euros) por mes, el objetivo ahora resulta inalcanzable.

El año pasado, cada mes, más de 3,7 millones de migrantes indonesios enviaban a sus hogares 9,2 millardos de euros en remesas; al regresar al país, a causa de la pandemia, esta fuente de ingresos desapareció. Otro problema candente es la situación de 11 millones de mujeres que se desempeñan como jefas de familia. Un estudio publicado en septiembre constató que estos núcleos familiares tienden a ser más pobres que aquellos a cargo de hombres. La Asociación de las Mujeres Jefas de Familia (PEKKA) afirma que las mujeres que son viudas, divorciadas o que fueron abandonadas por el cónyuge no son beneficiarias de los subsidios del gobierno, pues la mayor parte se distribuye entre jefes de familia masculinos.

Una de las mujeres que convive con esta situación es “Sari” (nombre ficticio), que tiene a su cargo a la madre enferma. Sari fue abandonada por el marido, y sobrevive con la venta de snacks, que elabora ella misma, en su casa. Un amigo suyo, en diálogo con AsiaNews, comenta que ella intenta salir adelante con sus propias fuerzas, pero que realmente necesita del sostén del Estado: “Debe estar desesperada, porque pidió un préstamo de 100.000 rupias (6 euros) para comprar medicamentos”.

Los que apoyan la controvertida ley de trabajo, aprobada a principios de este mes, dicen que se puede sortear la desocupación y la pobreza introduciendo mecanismos más flexibles y menos costosos para despedir y contratar personal, y con mayores oportunidades de empleo en relación de dependencia e inversiones del exterior. Sin embargo, miles de estudiantes, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil están en contra de la nueva legislación. Quieren que se anule la ley, ya que menoscaba los estándares laborales, ambientales y de transparencia.