Covid-19: 5,5 millones de indonesios quedarán sin trabajo y 4 millones se encuentran en riesgo de pobreza

de Ati Nurbaiti

Temor por el aumento de contagios. El confinamiento “parcial” ha favorecido la difusión del coronavirus. Empresarios: primero resolver la crisis sanitaria y después poner nuevamente en marcha la producción. Médicos: la población debe quedarse en casa. La pandemia ha puesto en evidencia la brecha social y económica en el país. Los pobres son los más afectados por la emergencia. Subsidios a familias y empresas para favorecer la recuperación.

Jakarta (AsiaNews) – Debido a la pandemia, 5,5 millones de indonesios perderán este año su trabajo y 4 millones corren el riesgo de terminar en la pobreza. Al 6 de septiembre, hay 8.025 muertes en el país, 194.109 casos de contagio y 138.575 personas que superaron la enfermedad. Dada la escasa capacidad para efectuar test con hisopos y para rastrear los contactos de las personas contagiadas, las autoridades temen un aumento de las infecciones.

Por miedo a los desórdenes sociales, el gobierno del presidente Joko “Jokowi” Widodo ha evitado imponer un confinamiento integral. Introdujo, en cambio, “restricciones sociales en gran escala” que implican una serie de limitaciones a la movilidad.

El ejecutivo habló de “nueva normalidad” y flexibilizó los controles. Los estrictos protocolos, permiten actividades esenciales e incluso pueden operar las empresas. Pero muchos ciudadanos no han respetado las medidas de contención en los lugares de trabajo y participaron en reuniones sociales y oraciones semanales.

Los analistas culpan de la confusión a la burocracia nacional y las locales, que enviaron señales contradictorias sobre cuál era la verdadera prioridad: si la salud pública o la recuperación económica. Los empresarios también dijeron que primero se debe superar la crisis sanitaria para que se pueda recuperar la economía.

Los brotes emergentes y potenciales de Covid-19 incluyen fábricas, dormitorios y familias extendidas. Según las autoridades electorales, el numeroso personal de los 141 candidatos que se registraron la semana pasada para las elecciones locales de diciembre, también está en riesgo.

Hasta el momento, según informes de asociaciones nacionales de la categoría, 104 médicos y 70 enfermeros fallecieron por coronavirus. En medio del duelo, y a pesar de los elogios por su “heroico” servicio, los trabajadores de la salud siguen repitiendo: “Por favor, quédense en casa”.

La pandemia ha puesto de manifiesto de manera evidente la brecha social y económica del populoso país (casi 270 millones de habitantes). Los conductores de mototaxis son algunos de los que no pueden quedarse en casa; deben buscar ingresos alternativos o enfrentar fuertes multas por las exigencias de distanciamiento físico.

El escaso acceso a Internet y a las instalaciones sanitarias e higiénicas resulta cada vez más evidente en las zonas que carecen de las mismas en forma crónica. En la remota isla de Papua, el 90% de las camas de hospital está ocupado; cada vez menos recién nacidos reciben la vacunación básica para enfermedades curables.

Para el aprendizaje a distancia, hay apoyo en línea disponible para los padres que deben actuar como tutores de sus hijos. Pero a pesar de los subsidios del gobierno, la mayoría de ellos tiene problemas para pagar los gastos de la conexión a Internet.

Además, las pautas para permanecer en casa, mantener la distancia social y lavarse las manos con frecuencia - dicen los especialistas - no toman en cuenta la realidad que viven los pobres. Es el caso, por ejemplo, de familias de tres generaciones que conviven en espacios reducidos. Los grupos y activistas humanitarios están ayudando a estas comunidades con respecto a los medios de vida, el riesgo de estafas y la información sanitaria. Al mismo tiempo, una buena parte de la población niega que haya una emergencia en el país.

El ministro de Industria observó que si bien durante la crisis financiera asiática de 1998, las pequeñas y medianas empresas apoyaron la economía, en este momento se encuentran entre las más afectadas. El gobierno las ayuda con una asignación mensual de 2,4 millones de rupias indonesias (137 euros).

Para incrementar la capacidad de gasto de las familias, el ejecutivo también asignó subsidios salariales a 15,7 millones de trabajadores. Otros esfuerzos apuntan a reducir la burocracia y corregir la disparidad de datos sobre la población, lo que ha causado errores frustrantes en la distribución de la ayuda.