Condena de un año para la líder kurda. Sospechas en torno a las muertes en las cárceles turcas

El tribunal condenó a Figen Yuksekdag, colíder del HDP, por delitos vinculados al terrorismo. Ahora ya no podrá ser elegida en un partido político. El MP pide la cadena perpetua para 30 personas que comprenden periodistas y empleados del grupo editorial Zaman, que publicaba el principal diario de la oposición. Cuando menos 28 personas murieron en la cárcel, presuntamente a causa de torturas.

Estambul (AsiaNews/Agencias) - Un tribunal turco condenó a la colíder del principal movimiento de oposición dentro del Parlamento, el filo-kurdo Partido democrático de los pueblos (HDP), a un año de prisión. Figen Yuksekdag (en la foto) fue incriminada por delitos vinculados al “terrorismo”. Fuentes de la justicia, tras el anonimato, informan que la líder política habría “promovido actividades de propaganda para una organización terrorista”.

Yuksekdag además perdió su banca en el parlamento, luego de que el tribunal autorizara, el 22 de septiembre pasado, su procesamiento.

Ahora, según lo que prevé la actual Constitución turca, luego de la sentencia de condena, la líder política kurda ya no podrá ser electa como miembro de un partido político.

Figen Yuksekdag fue electa como diputada en noviembre de 2015 en el colegio electoral de la provincia oriental de Van. La líder kurda fue arrestada en noviembre del año pasado junto a otros 13 parlamentarios del HDP, por acusaciones ligadas al terrorismo. Diez de ellos, entre los cuales figura el colíder del movimiento kurdo Selahattin Demirtas, aún siguen bajo el régimen de prisión preventiva a la espera del proceso. Ellos ya no pueden gozar de la inmunidad parlamentaria, puesto que ésta fue cancelada en una votación en marzo de 2016.

Desde julio del año pasado, las autoridades turcas han arrestado a más de 45.000 personas, que incluyen docentes, militares, intelectuales, opositores políticos, empresarios, periodistas, activistas y simples ciudadanos. Más de 135.000 funcionarios del sector público han sido suspendidos del servicio, o bien, despedidos.

En la mira, además de los turcos, también se encuentran los simpatizantes (o presuntamente tales) del movimiento encabezado por el predicador islámico Fethullah Gülen, quien se encuentra exiliado en Pennsylvania (Estados Unidos). Según el presidente Recep Tayyip Erdogan y la cúpula del gobierno, él sería la mente del golpe de Estado que en Turquía provocó la muerte de 270 personas, y miles de heridos.

Analistas y expertos resaltan que la escalada de arrestos está conectada con el referéndum sobre la reforma de la Constitución, programado para el próximo 16 de abril, en Turquía. Una reforma fuertemente buscada por el presidente, que garantiza a Erdogan una ulterior ampliación de poderes y la posibilidad de permanecer en el cargo más allá de octubre de 2019, fecha en la que se concluiría su mandato, según los términos que rigen actualmente.

En la vigilia del referéndum, el procurador general de Estambul ha pedido la condena a cadena perpetua para 30 personas, entre las cuales figuran periodistas y ex empleados del grupo editorial Zaman, acusados de “participación en una organización terrorista”. Entre las publicaciones de dicho grupo figura el principal diario vinculado a la oposición, que primero fue intervenido por las autoridades y luego, clausurado.

En su requisitoria, el Ministerio Público ha acusado al grupo Zaman de haber utilizado el periodismo “como arma” excediendo “los límites de la libertad de opinión y de prensa”, minando la paz social y justificando el golpe.

Por último, activistas y organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos denuncian la muerte de personas en las prisiones turcas desde el inicio de las purgas en julio pasado. Entre éstas figuran oficiales de la policía, magistrados, docentes, que fueron hallados sin vida en sus celdas. Estas muertes tornan sombría la suerte de miles de civiles, que se encuentran en precarias condiciones dentro de las cárceles del país. Los familiares de las víctimas se niegan a aceptar la hipótesis de un deceso a causa de suicidio, que es la versión oficial difundida por las autoridades para justificar las muertes. Según ciertas indiscreciones, algunas de estas muertes habrían sido causadas por las torturas aplicadas.