Chhatisgarh, bombardeos contra tribus que se oponen a las mineras

Una eurodiputada portuguesa denunció los hechos que habrían tenido lugar en las últimas semanas en el distrito de Bastar. Los naxalitas, la guerrilla maoísta que se opone al Gobierno de Delhi, tienen una fuerte presencia en la zona. Desde 2017, el ejército lleva a cabo la operación Samadahn-Prahar para acabar con la insurgencia que frena las actividades mineras. Pero en los últimos tres años, varios jóvenes que se quedaron sin trabajo se unieron a la milicia, continuando un ciclo interminable de violencia.

Raipur (AsiaNews) - A principios de abril, India habría bombardeado a grupos de adivasis en el distrito de Bastar, en el Estado oriental de Chhattisgarh, para desalentar a los movimientos ecologistas indígenas en su lucha contra la construcción de minas en sus territorios. Así lo denunció la eurodiputada portuguesa Marisa Matias al formular una pregunta parlamentaria en Estrasburgo hace unos días: India realizó cuatro ataques aéreos en Bastar en los últimos tres años, dijo Matias, señalando que el último de estos incidentes tuvo lugar en Bijapur el 7 de abril, cuando el gobierno indio "envió tres helicópteros para disparar pesadas ráfagas de ametralladora contra los aldeanos".

“Estos ataques -añadió- violan gravemente el derecho a la vida de los pueblos indígenas de India y contribuyen a la destrucción generalizada del medio ambiente".

Bastar es una zona de la India conocida por estar controlada por los maoístas o naxalitas, los combatientes que en la década de 1960, tras el levantamiento tribal de Naxalbari (Bengala Occidental), bajo el paraguas del Partido Comunista de la India-Maoísta (PCI-M), fundaron un violento movimiento contra la explotación económica y medioambiental del gobierno central, que, según ellos, pretendía proteger a los adivasis, las tribus indígenas. Sin embargo, también se documentaron incidentes de violencia de los maoístas contra civiles, incluidos mujeres y niños, usados como escudos humanos o alistados en la guerrilla. El gobierno indio prohibió la organización (incluido su brazo armado, el Ejército Guerrillero de Liberación Popular o PLGA) por considerarla "extremismo de izquierda", pero (al menos hasta ahora) no ha conseguido erradicarla por completo.

Delhi ha emprendido una auténtica batalla contra los maoístas por el control de las tierras tribales, ricas en recursos naturales y minerales preciosos codiciados por varias empresas, especialmente las del grupo Adani.

El gobierno indio, dirigido por el ultranacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), lanzó en 2017 la operación Samadahn-Prahar, que había asestado un duro golpe a los naxalitas antes de la pandemia. Sin embargo, en los últimos tres años, varios jóvenes que se quedaron sin trabajo se unieron a los maoístas, continuando un ciclo interminable de violencia: en diciembre de 2020, la Comisión Militar Central del BJP había admitido que había matado a unos 3.000 policías, 222 políticos y más de 1.100 informadores policiales, y que había perdido a unos 4.500 de sus combatientes desde 2001.

Cabe recordar que la defensa de los derechos del pueblo adivasi había sido también la batalla del p. Stan Swamy, el jesuita indio que murió en 2021 a los 84 años tras nueve meses de detención en una cárcel de Bombay precisamente por haber sido acusado falsamente de tener vínculos con la guerrilla maoísta. No es nada raro que el Gobierno de Nueva Delhi asocie a cualquier persona que trabaje por los derechos de las tribus con los naxalitas, como hacía el padre Swami Stan en Jarkhand.

Después del supuesto bombardeo, el periódico indio Scroll fue a verificar los hechos: los residentes de cuatro pueblos confirmaron que fueron testigos de los ataques aéreos y oyeron disparos en el bosque, mientras que las fuerzas de seguridad negaron las acusaciones. Sin embargo, el inspector general Saket Kumar Singh, jefe local de la Central Reserve Police Force (sección de la policía que se ocupa de las operaciones de contrainsurgencia) admitió que sus hombres dispararon en "defensa propia" durante uno de los ataques.

Los periodistas de Scroll también recuperaron varios restos de metal y plástico y algunos equipos electrónicos en las colinas donde aparentemente había tenido lugar el bombardeo del 7 de abril. Los expertos no pudieron identificarlos con precisión, pero plantearon la hipótesis de que podría tratarse de proyectiles explosivos diseñados para alcanzar un objetivo concreto.

Según el comunicado del PCI-M del mes de enero de este año, con ocasión de otro bombardeo, las tropas gubernamentales no pueden penetrar en el interior de los estados tribales debido a la hostilidad de la población local, por lo que se limitan a bombardear las aldeas en un intento de debilitar la resistencia. En su comunicado, el PCI-M insiste en la necesidad de impedir que el gobierno venda tierras indígenas y otorgue nuevas concesiones para la construcción de minas.

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