Canadá sanciona a los hermanos Rajapaksa por crímenes de la guerra civil

de Arundathie Abeysinghe

También alcanza a dos oficiales superiores. Un diputado canadiense afirmó que Sri Lanka no puede seguir protegiendo la impunidad, aunque hayan pasado varios años desde que terminó el conflicto civil. Los ciudadanos de la diáspora tienen la esperanza de que las víctimas de crímenes atroces algún día también obtengan justicia.

Colombo (AsiaNews) - Canadá impuso sanciones por crímenes atroces cometidos durante la guerra civil a cuatro ciudadanos de Sri Lanka, entre ellos los ex presidentes Mahinda y Gotabaya Rajapaksa. Los analistas políticos creen que otros países, como Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, pronto podrían adoptar medidas similares de acuerdo con sus legislaciones nacionales.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, anunció el 10 de enero que Canadá también impondría sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales contra el sargento mayor del Ejército de Sri Lanka Sunil Ratnayake y el Oficial de Inteligencia de la Armada, el capitán de corbeta Chandana Prasad Hettiarachchi, que ya habían sido sancionados por Estados Unidos en diciembre de 2021 por graves violaciones de derechos humanos. Estados Unidos también había sancionado antes a otros dos altos oficiales de Sri Lanka, el excomandante del ejército Shavendra Silva, en febrero de 2020, y el mayor Prabath Bulathwatte, quien dirigió el "pelotón de Trípoli" (una formación de tropas clandestinas dentro del ejército), en diciembre de 2022.

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Ali Sabry, convocó al embajador de Canadá, Daniel Bood, para manifestarle su "profundo pesar por el anuncio de sanciones unilaterales por parte del gobierno canadiense contra cuatro personas, sobre la base de acusaciones infundadas".

La organización internacional Global Tamil Forum (Gtf), que lucha por el reconocimiento de los crímenes de guerra contra la población tamil, ha declarado en cambio que aprecia las medidas de Canadá en defensa de la justicia, el estado de derecho y los principios democráticos.

Según el diputado canadiense Gary Anandasangaree, "En Sri Lanka ha prevalecido la impunidad durante los últimos 75 años, y en ese tiempo hemos visto cómo se evita sistemáticamente cualquier forma de rendición de cuentas por corrupción y crímenes de guerra. Si Sri Lanka quiere salir adelante -continuó Anandasangaree-, debe convertirse en un país basado en el estado de derecho. En el caso de los hermanos Rajapaksa, su inacción ha llevado a graves crímenes contra la humanidad. Sri Lanka ha evitado durante demasiado tiempo abordar los crímenes de guerra, que en cambio han sido el objeto de gran atención internacional desde que terminó el conflicto armado".

La analista política Samantha Hendawaitharana considera que "las sanciones no conducirán a un cambio rápido o importante en Sri Lanka, pero estas medidas son un recordatorio de que habrá costos crecientes para Sri Lanka si sigue fomentando una cultura de impunidad".

Según datos de las Naciones Unidas, entre 40.000 y 70.000 civiles fueron asesinados en la última etapa del conflicto civil, que terminó en 2009. Muchas víctimas y sus familias esperan justicia desde hace más de 13 años.

Nirmala Jeyaraj, de 48 años, contadora originaria de Paranthan, en el norte del país, que huyó a Canadá en 2008, cuenta a AsiaNews que “Hace tiempo que Sri Lanka dejó de pedir cuentas por los crímenes de guerra a los Rajapaksa y los ex comandantes del ejército Sarath Fonseka y Shavendra Silva".

Los ingenieros David Alaveddy (50), Lakshmi Sithambaram (45) y Niranjan Sabapathy (43), actualmente radicados en Australia, dijeron que estaban felices de vivir en el extranjero, pero 'tuvimos que abandonar Sri Lanka en el momento más crítico de la guerra debido a las atrocidades que cometía el régimen de Rajapaksa. No podemos olvidar cómo mataron a miles de civiles. Esta decisión de Canadá nos da alivio y la esperanza de que algún día las víctimas puedan obtener justicia".